Contra la extrema derecha

No se puede considerar a la extrema derecha como actor legítimo para un diálogo político. Creemos que es importante comenzar este breve artículo estableciendo con claridad meridiana nuestra hipótesis de partida. Sin ambages. Sin tibieza.

Desde el espacio político progresista y de izquierdas, no podemos dejar de levantar la voz ante el insidioso proceso de normalización que poco a poco, como una lluvia fina que cala hasta los huesos, pudre el tejido social y organizativo. El reconocimiento, implícito o explícito, de la posibilidad del diálogo político con las expresiones organizadas de la extrema derecha, suponen la dilapidación de todo nuestro capital político y de nuestra credibilidad como agentes de transformación social.

Este deterioro del tejido social organizado al que nos aboca la normalización del mal tiene lugar a costa de la renuncia a la defensa de los derechos humanos como principio rector de nuestra propia razón de ser. Las organizaciones sociales progresistas, de izquierdas y, al fin y al cabo, democráticas, tenemos que ser coherentes con este principio ontológico y no ceder ni un milímetro en su defensa. Nos va nuestra propia existencia en ello.

En el ámbito de las ONG, en el que, como en botica, hay de todo… ¿qué diálogo es posible con quien apoya el genocidio en Gaza? ¿Qué se puede discutir con quien niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo? ¿Cómo vamos a aceptar que se niegue la más básica dignidad humana a los menores que se han visto obligados y obligadas a emigrar en soledad? No hay condiciones de posibilidad para establecer el diálogo político más básico con quién criminaliza el fenómeno de la migración, niega el cambio climático, deroga las políticas de género y de memoria histórica y actúa contra el derecho a la vivienda, la educación pública, el empleo de calidad y la sanidad universal. No las hay. Ni las habrá.

Cuando ciertos dilemas existenciales nublan nuestro juicio, como el que atraviesa a algunos sectores del ámbito de la cooperación internacional en la actualidad, creemos que es imprescindible volver a los clásicos y extraer lecciones de quienes ya sufrieron la lacra del fascismo. Quizá podríamos hacer nuestra la construcción filosófica de Karl Popper y su paradoja de la intolerancia y, así, convencernos de la necesidad de ser radicalmente intolerantes con los intolerantes, como único medio de evitar repetir los errores y desastres del pasado.

Podemos, también, revisitar el pensamiento de Primo Levi y su acertada descripción del último cuarto del siglo XX, en la que adelantaba que el monstruo del fascismo "sólo estaba escondido, enquistado; estaba mudando de piel, para presentarse con piel nueva, algo menos reconocible, algo más respetable, mejor adaptado al nuevo mundo". Este superviviente de Auschwitz ya nos señalaba, hace cincuenta años, cual es la única posición digna ante la degradación criminal del Estado de Israel y sus coristas internacionales.

Porque con la extrema derecha actual, que no es otra cosa que la expresión contemporánea del fascismo histórico, ni siquiera es posible establecer una relación transaccional que pretenda justificar un supuesto pragmatismo táctico en el que la gestión de subvenciones se sitúa, irremediablemente, como un fin en sí mismo en lugar de como medio para la transformación social. Adaptando la máxima del mundo político-electoral a la realidad de las ONG del Estado español, si cambiamos principios por financiación, nos quedaremos sin principios y sin financiación.

Por estas cuestiones, es urgente que la sociedad civil y, especialmente, el conjunto de las ONG progresistas y de izquierdas, ahuyentemos el Síndrome de Estocolmo que, en ocasiones, atenaza al sector y actuemos de manera coherente como actores políticos y sociales que debemos ser, cuidando nuestra credibilidad, defendiendo radicalmente los derechos humanos y denunciando abierta y públicamente a los actores políticos que los violan o a los que defienden y dan cobertura a los perpetradores.

Somos conscientes de que esta posición implica un riesgo cierto de criminalización y amenaza de repercusiones negativas en el ámbito político, administrativo o financiero, sobre todo en un posible escenario de cooptación de mayores cuotas de poder institucional por la extrema derecha. No obstante, estamos convencidos de que la defensa del Derecho Internacional, de la paz y de una política de cooperación internacional consecuente y la denuncia pública de los que las ponen en riesgo es una obligación inexcusable.

Seamos coherentes y asumamos las consecuencias que de ello se deriven.