Francia: fin de época

Hubo una vez un país donde el populismo liberal tecnocrático prometió salvar a Francia de la crisis de su sistema político. Lejos de conseguirlo, a la vista está que ha profundizado esta crisis y ha sumado alguna otra. Nueve años después de su llegada al Elíseo, Emmanuel Macron deja un país fracturado, unas instituciones bloqueadas, un Estado social sometido a sucesivos ajustes y una extrema derecha más cerca que nunca del poder. Las movilizaciones que sacuden Francia desde septiembre no son un estallido aislado de indignación juvenil, sino la expresión de tres crisis que se retroalimentan. Una crisis política, marcada por el agotamiento de un liderazgo presidencial cada vez más autoritario y la incapacidad para construir mayorías; una crisis social, alimentada por la desigualdad y el derrumbe de las expectativas de futuro de toda una generación; y una crisis presupuestaria, donde los recortes vuelven a presentarse como inevitables mientras la riqueza privada alcanza niveles históricos. El liberalismo tecnocrático que prometía superar las divisiones ideológicas y solucionar los problemas de las democracias no sólo no lo ha conseguido, sino que las ha exacerbado. Ahora, a seis meses de las elecciones presidenciales, las calles francesas anuncian algo más que el final de un mandato. Anuncian el agotamiento de un modelo político cuyas contradicciones recorren ya buena parte de Europa.

Con todo, Francia es diferente. Allí la protesta no constituye una anomalía del sistema político, sino una de sus formas habituales de funcionamiento. Desde la Revolución francesa hasta Mayo del 68, pasando por los chalecos amarillos o las movilizaciones contra la reforma de las pensiones, la calle ha funcionado como un espacio de disputa de legitimidad frente al poder institucional. Cuando los mecanismos de intermediación fracasan, los franceses no esperan necesariamente a las siguientes elecciones. Salen a la calle. Ahora lo más significativo es el protagonismo de una generación que no conoció las grandes conquistas del Estado social, pero que experimenta su deterioro. Jóvenes a quienes se prometió que la formación y el esfuerzo garantizarían su futuro y que descubren que estudiar no asegura un empleo digno, trabajar no permite acceder a una vivienda al tiempo que los servicios públicos se deterioran progresivamente.

La educación es, sin duda, el ejemplo paradigmático de las contradicciones del sistema. Se promete ascensor social meritocrático, miles de jóvenes superan el bachillerato, pero el Estado no ha previsto suficientes plazas de enseñanza superior adaptadas a sus necesidades. Mientras aumentan los titulados de bachilleratos tecnológicos y profesionales, la oferta de formación especializada no crece al mismo ritmo, empujándolos hacia universidades masificadas. En este punto, el argumento que plantea la escasez de recursos choca con los datos tal y como nos recuerda Piketty: mientras la deuda pública francesa ha pasado del 20% al 120% del PIB desde 1970, el patrimonio privado ha aumentado del 300% al 600%. Francia nunca ha sido tan rica. El problema no es la ausencia de riqueza, sino su distribución.

Por eso, el debate sobre los presupuestos franceses se ha convertido en mucho más que una disputa parlamentaria sobre el déficit y la deuda. Es el escenario donde se enfrentan dos concepciones del Estado. Mientras el Ejecutivo insiste en la disciplina fiscal y la contención del gasto público, las calles reclaman inversión en educación, sanidad y protección social. La dificultad para aprobar las cuentas revela también el agotamiento de un sistema incapaz de construir mayorías estables. La crisis presupuestaria es, en realidad, una crisis de legitimidad. ¿Quién debe pagar el ajuste? ¿Los trabajadores y los usuarios de los servicios públicos o quienes han acumulado una parte creciente de la riqueza nacional? Porque cuando lo material vuelve a escasear, regresa inevitablemente el conflicto distributivo.

Durante décadas, el tránsito hacia las sociedades postindustriales vino acompañado del debilitamiento de las instituciones que articulaban la vida colectiva. La escuela, la familia, los sindicatos, las iglesias y los partidos perdieron capacidad para construir pertenencias y organizar demandas. La promesa neoliberal consistía en sustituir las seguridades colectivas por oportunidades individuales. Cada ciudadano debía responsabilizarse de su éxito o fracaso. Ahora, cuando esa promesa se derrumba, regresan las reivindicaciones colectivas, aunque desde espacios ideológicos diferentes.

Y aquí Francia no está sola. Las movilizaciones juveniles en Portugal, Bélgica, España, Italia, Rumanía o Albania, y también en India, expresan, desde contextos diferentes, una creciente angustia generacional. Lejos de constituir un movimiento coordinado, comparten reivindicaciones, repertorios de protesta y desconfianza hacia unas instituciones incapaces de ofrecer respuestas. La vivienda, la educación, la sanidad y los salarios devuelven al centro del conflicto la desigualdad y las relaciones de clase. Pero a esta inseguridad material se añade otra incertidumbre. Una generación que ha crecido entre crisis económicas, pandemias y emergencias climáticas contempla ahora un escenario de confrontación geopolítica, militarización y aceleración tecnológica, donde la inteligencia artificial amenaza con transformar el empleo y dibuja futuros distópicos. Se les exige prepararse para un mundo que nadie parece capaz de explicarles ni garantizarles.

Pero hay otra dimensión inquietante en Francia. La criminalización de la protesta. La actuación policial vuelve a mostrar una cultura de intervención donde la desescalada y la proporcionalidad parecen quedar relegadas frente a la confrontación. Las movilizaciones mayoritariamente pacíficas han quedado eclipsadas por episodios violentos protagonizados por grupos minoritarios, cuya actuación no puede atribuirse al conjunto de los manifestantes. Los incendios y los enfrentamientos ocupan las portadas mientras las reivindicaciones desaparecen del debate público. La violencia se convierte en justificación de la represión, y la represión en una forma de desplazar el conflicto social hacia la seguridad. Una democracia que responde a las demandas de sus jóvenes fundamentalmente mediante dispositivos policiales reconoce su incapacidad para ofrecer respuestas políticas.

Este desplazamiento, por supuesto, tiene beneficiarios. A seis meses de las presidenciales, Reagrupamiento Nacional encuentra el escenario perfecto para apropiarse del discurso del orden y la autoridad. Cuanto más se identifique la protesta con el caos, más sencillo resultará presentar una respuesta autoritaria como solución. Tampoco sería justo responsabilizar a La Francia Insumisa del origen de las movilizaciones. Estas surgen desde abajo, de demandas sociales concretas, aunque LFI aspire a representarlas. Confundir movilización social con instrumentalización partidista supone negar autonomía a quienes protestan precisamente contra la falta de representación.

Francia parece instalada en una suerte de momento prerrevolucionario prolongado. No porque la revolución sea inevitable, sino porque vuelven a confluir tres crisis que atraviesan su historia. Una crisis fiscal, una crisis social y una crisis de representación. En 1789, la monarquía convocó los Estados Generales para intentar resolver una bancarrota que era incapaz de afrontar. Apenas dos meses después, la toma de la Bastilla simbolizaba que aquella crisis había desbordado las instituciones y se había convertido en una disputa por la soberanía y el poder. Hoy, cuando algunos vuelven a invocar la necesidad de nuevos Estados Generales, la referencia histórica adquiere una dimensión política evidente. No se trata de esperar una nueva Bastilla, sino de comprender que las crisis presupuestarias nunca son exclusivamente contables y que, cuando las instituciones dejan de representar a quienes deben sostenerlas, el conflicto termina trasladándose a las calles. Francia conserva una extraordinaria capacidad de organización y movilización colectiva. La cuestión es si esa fuerza social conseguirá alterar las relaciones de poder y traducirse en un proyecto político capaz de transformar las prioridades del Estado, o si terminará siendo neutralizada por las instituciones que hoy cuestiona.

Macron es ya un pato cojo. Conserva sus atribuciones presidenciales, pero ha perdido buena parte de su capacidad de maniobra. Su pretendida revolución centrista no vino a rescatar al sistema político francés, sino que contribuyó a desarticularlo. El liberalismo tecnocrático, encarnado en un liderazgo cesarista que confundió autoridad con legitimidad, deja una República más fragmentada, unas instituciones debilitadas y una extrema derecha más fuerte que nunca.