Alessandro Vecchi (@ale_vecchi)

• La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) empuja a menudo a las personas migrantes a las manos de guardacostas libios, en total oposición al derecho del mar

• Libia, uno de los países a los que se externalizó una gran parte de la gestión de los flujos migratorios hacia la UE, no garantiza las condiciones de seguridad

A través de Frontex, la Unión Europea sigue operando de manera turbia, tal y como prueba –una vez más– la reciente investigación de The Outlaw Ocean Project. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, para la que existe una propuesta de presupuesto de más de 750 millones de euros para 2022, no actúa de forma eficaz en respuesta a las diversas violaciones que ha cometido y por las que tanto organizaciones no gubernamentales como varios parlamentarios europeos piden plena luz.

Los fondos con los que la Unión Europea financia la agencia, entre otras cosas, sufragan vuelos de aviones y drones en el Mediterráneo con el objetivo de interceptar embarcaciones de migrantes con destino a las costas europeas. Hay pruebas de que, en lugar de pedir ayuda para los migrantes en peligro a los barcos más cercanos, como dicta el derecho del mar, Frontex ha alertado a menudo a los guardacostas libios que actuaron tanto en mar abierto como en ocasiones incluso ya en aguas territoriales de países europeos. Libia, escenario de una crisis que dura desde hace una década –la mayor parte con conflictos de guerra civil– y que todavía se encuentra en una situación sociopolítica muy inestable y una alta tasa de corrupción, es uno de los países a los que se externalizó una parte importante de la gestión de los flujos migratorios hacia la UE mediante una importante financiación.

Como ha sido probado por testimonios directos e investigaciones también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a menudo tanto la guardia costera libia como los centros de detención para migrantes en territorio libio han sido responsables de violencia física y psicológica y abusos de diversa índole hacia los migrantes. Incluso existen evidencias que prueban que las autoridades libias chantajean a los migrantes, pidiendo un rescate para devolverles la libertad. Se han registrado también casos de asesinatos, como el de Aliou Candé, un migrante originario de Guinea-Bisáu secuestrado por la guardia costera libia en un barco ya fuera de las aguas territoriales libias, llevado al centro detención de Al Mabani en febrero y asesinado en abril. Frontex empuja a las personas migrantes a las manos de carceleros que a menudo abusan de los migrantes por intereses ilícitos, además, en total oposición al derecho del mar, que exige que las personas rescatadas sean llevadas a un lugar seguro. Como es ampliamente conocido, Libia no es actualmente un país que garantice las condiciones de seguridad requeridas.

Uno de los casos llevados frente al Tribunal de Justicia Europeo este año afirma que Frontex, operando en 2016 en conjunto con autoridades griegas en la islas frente a Turquía, fue responsable de haber secuestrado a una familia siria que incluía cuatro niños de entre 1 y 7 años, impidiendo que completaran su solicitud de asilo: según la denuncia, habrían transportado ilegalmente la familia a Turquía, separando en el viaje los padres de los niños e impidiéndole que hablaran, siendo inmediatamente detenidos al llegar.

Un caso que ha llegado al Tribunal de Justicia Europeo afirma que Frontex transportó ilegalmente a una familia siria con cuatro niños a Turquía, impidiendo que completaran su solicitud de asilo

Es suficiente el chantaje de algún gobierno poco democrático de la frontera sur, o este, para demostrar cómo la hipocresía de una Unión Europea que tiene entre sus valores fundacionales el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, se haga cada vez más evidente. Estos valores, como se explica hasta en el sitio web de la UE, dicen que “la dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada y protegida y constituye la base auténtica de los derechos fundamentales" y que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE protege los derechos humanos. ¿Cómo se compagina la defensa de estos valores mientras se trata ilegalmente a una familia de refugiados sirios? ¿Y dónde estaban las autoridades europeas cuando Aliou Candé murió por abusos padecidos en un centro de detención financiado con fondos europeos, conscientes de los abusos que se cumplen regularmente en ese mismo centro?

Alessandro Vecchi es un fotoperiodista e investigador que se ocupa de temas migratorios.