La educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. La finalidad de la educación es acompañar a niñas, niños y adolescentes en su desarrollo integral como personas, para que sean ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con la mejora de su sociedad. Es la educación pública la que permite que tengamos una sociedad más cohesionada y más feliz si se reducen las desigualdades y se asegura la equidad social. Por ello, es la mejor inversión que podemos hacer.

El Partido Popular ha utilizado Madrid como laboratorio de su proyecto de clase para la educación. Su política neoconservadora es muy agresiva contra la educación pública desde hace varios lustros. Sus ataques se han basado en dos ejes: los recortes del gasto y la privatización. Siendo la comunidad Madrid la más rica, solo invierte la vergüenza de un 2,25% de su PIB frente al 4,27% de media en España. Solo gasta 4.496 euros por alumno y año, cuando, por ejemplo, el País Vasco invierte 7.320 euros. Esta baja inversión, ha tenido como consecuencia la supresión de miles de empleos, el incremento de ratios, el deterioro de la calidad educativa y el malestar docente. La derecha sigue pensando que estudiamos por encima de nuestras posibilidades, porque solo le interesa la formación de las élites y no quieren “gastar” más en educación para un modelo productivo de bajos salarios y precariedad.

El otro eje de ataque, es la privatización. No se trata de que vendan colegios, sino de vaciar los centros públicos de alumnado y derivarlo a la privada sostenida con fondos públicos, conocida como concertada. Las vías son múltiples: transferir fondos y regalar suelo público a la red privada-concertada, cerrar unidades y centros públicos, negar la construcción de nuevos centros públicos necesarios, permitir una escolarización desequilibrada entre las dos redes del alumnado con necesidades educativas, inmigrante o por nivel socioeconómico.

Las consecuencias prácticas de esta política son dobles. Por un lado, el saqueo de la red pública como refleja este dato: el alumnado escolarizado en la educación pública es de un 53% en la Comunidad de Madrid y un 42% en Madrid capital, frente al 67% de toda España y a cifras del 90% en Europa. Por otro, la segregación educativa por razones socioeconómicas: la Comunidad de Madrid está a la cabeza de Europa y solo es superada por Hungría.

Un Gobierno democrático debe administrar lo que es de todos, puesto que el dinero sale de nuestros impuestos, pero la derecha se dedica a favorecer negocios privados. Esta política no es legítima ni normal, es una anomalía que no existe en Europa, y tiene como resultado la desigualdad y la falta de cohesión social. Luego está el negocio ideológico: la trasmisión de valores conservadores y el adoctrinamiento religioso en muchos centros privados.

Así las cosas, en la Comunidad de Madrid existe una auténtica emergencia educativa que hay que afrontar con dos palancas: una propuesta avanzada para revertir los recortes y un buen Gobierno, decente y progresista, para aplicarlas. Para ello, desde Unidas Podemos planteamos estos puntos básicos de mejora.

• Incrementar la inversión educativa en 1.000 millones de euros anuales, para aumentar la plantilla de profesores, la gratuidad de la enseñanza superior, infraestructuras educativas y nuevas plazas públicas.

• Reducir la ratio de alumnado por grupo en todas las etapas. Paralizar el cierre de unidades y de centros públicos.

• Aumentar el personal en la educación pública en 10.000 efectivos. Esto permitirá reducir ratios, mejorar la calidad y las condiciones laborales de los profesionales educativos. Estabilizar el empleo del profesorado, reduciendo las interinidades a la mínima expresión, con amplias ofertas públicas de empleo. El profesorado de secundaria volverá a 18 períodos lectivos.

• Aprobar una Ley de Calidad del Sistema Educativo y aplicación inmediata de la LOMLOE. Se suprimirán los conciertos educativos a los centros que segreguen por sexo o discriminen por causas socioeconómicas.

• Introducir la educación afectivo-sexual y el respeto a la diversidad, así como contenidos contra la violencia de género.

• Educación pública gratuita y de calidad en todas las etapas educativas. La universidad y la Formación Profesional públicas serán gratuitas en el plazo de dos años. Aumento en un 50% del número de plazas de FP pública en cuatro años.

• Incremento de plazas en la red pública de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años. Duplicar la inversión para crear 6.000 plazas públicas gratuitas anuales adicionales y seguir avanzando hacia una red pública de calidad que garantice una cobertura universal.

• La alimentación escolar como derecho, que debe garantizarse siempre que lo demande la comunidad educativa.

El 4 de mayo tenemos la posibilidad de evitar que la ultraderecha gobierne Madrid, y que se haga con la Educación como está pasando en Murcia. Pero, sobre todo, queremos producir un cambio en favor de una educación de calidad para todos ¿Por qué vamos a renunciar a que la escuela sea una fábrica de talento y un lugar dónde nazcan los sueños? Queremos una educación en Madrid con un éxito escolar como el de Finlandia: en nivel académico, en cohesión social y en felicidad de las personas. Pero no podemos olvidar que sus pilares son: un 95% de centros públicos, una inversión del 7% del PIB, políticas sociales que refuerzan la política educativa y un modelo democrático donde participa el profesorado y la comunidad educativa. De eso se trata, no solo de frenar a la ultraderecha, sino de ganar para mejorar Madrid.

Ello requiere una decidida apuesta política para que la educación sea un instrumento para la transformación y mejora de la sociedad, a través de la igualdad de oportunidades, la equidad y la Justicia Social. Hay una larga lista de espera de problemas por resolver en Madrid, pero nos atrevemos a decir –parafraseando a Georges Jacques Danton- que la educación es lo primero, junto con la sanidad pública y el empleo. Queremos una educación pública de calidad para todos, en vez de una educación semiprivatizada, segregadora y sin igualdad de oportunidades. Lo decimos, desde la conciencia de que con ella nos jugamos la calidad cultural, democrática y la cohesión de nuestra sociedad, su futuro.