La retirada forzosa de los cooperantes en los campos de Tinduf es la puntilla a la ayuda de cooperación por parte del Gobierno de Rajoy, que ni coopera ni deja cooperar. Al recorte salvaje de más del 65% en ayuda al desarrollo, esto es, casi 1.300 millones de euros menos, se suma ahora la expulsión de quienes aportan su esfuerzo, tiempo y dinero a quienes los sucesivos Gobiernos españoles han dado siempre la espalda: el pueblo saharaui.

Y subrayo los términos "expulsión" y "forzosa" porque no se puede llamar de otro modo el ejercicio de repatriación realizado por la cartera de García-Margallo. Exigir a quienes se queden en los campamentos de refugiados, donde los saharauis llevan condenados 37 años, que firmen un documento que exima de cualquier responsabilidad al Gobierno español, es una extorsión. Y es lo que el Gobierno ha hecho con el único cooperante que ha decidido no claudicar a la desinformación gubernamental, que habla de "motivos fundados" y ni siquiera a los expulsados ha dado mayores explicaciones.

Ya hace nueve meses, cuando fueron secuestrados los cooperantes Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, el Gobierno desaconsejó cualquier tipo de desplazamiento a los campamentos de refugiados donde, hoy más que nunca y tras los recortes en la ayuda humanitaria, se necesitan a las ONGs y activistas. No hizo lo mismo el Ejecutivo de Rajoy cuando estalló la bomba en plena plaza de Marrakech en Marruecos; entonces, no desconsejó evitar el turismo en el reinado de Mohamed VI porque eso habría creado un conflicto diplomático con el sultán.

Pero el Sáhara Occidental es diferente, porque al Gobierno de España le importa un comino la diplomacia con el pueblo saharaui, al que lleva 37 años ninguneando. Sin embargo, olvidan en Moncloa -con demasiada frecuencia- que los incidentes diplomáticos también se dan en la ciudadanía, que cada vez representa un país distinto al que Rajoy y su equipo creen gobernar.