Un Gobierno en funciones que permite un almacén de gas subterráneo en Doñana

Desde ayer se han iniciado en Almonte las expropiaciones forzosas de cerca de 4,5 hectáreas de tierras para que Gas Natural Fenosa pueda establecer su almacén subterráneo de gas, a través de su filial Petroleum Oil & Gas España. La compañía gasista lleva desde los años 80 extrayendo gas en esta área, pero ahora quiere incrementar su actividad significativamente. Ecologistas en Acción denuncian que, con muchos de los pozos ya agotados, lo que en realidad busca Gas Natural es inyectar el gas licuado bajo tierra y ahorrarse así el coste millonario de construir depósitos.

¿Existe algo turbio en este proceso? Juzguen ustedes:

Para empezar, WWF ya ha denunciado que la compañía recurrió a una práctica habitual en este tipo de operaciones, como es la de trocear el proyecto para que resulte más sencillo conseguir los permisos medio ambientales que, por otro lado, si algo ha demostrado el Gobierno del PP es que la sostenibilidad no es una de sus prioridades... más aún considerando que cuando se tomó esta decisión todavía no había dimitido el ministro Soria por los Papeles de Panamá (ya saben, el del ‘Impuesto al sol’).

De hecho, estando en funciones, el Gobierno de Rajoy declaró el proyecto de utilidad pública el pasado 10 de marzo, lo que abre la ventana a las expropiaciones forzosas. Así, cinco días después el BOE publicaba cómo la Dirección General de Política Energética y Minas concedía a Gas Natural la autorización administrativa para la ejecución del proyecto ‘Marismas Occidental’, una porción del más amplio ‘Proyecto Marismas’ (integrado, además, por los subproyectos ‘Saladillo’, ‘Marismas Oriental’ y ‘Aznalcázar’). De hecho, los cuatro subproyectos en conjunto no cuentan siquiera con un estudio de impacto ambiental por parte del ministerio del ramo.

Así, troceados e individualmente, todos consiguieron la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte del Estado, aunque no todos ellos disfrutan del favor medio ambiental de la Junta de Andalucía. A fin de cuentas, entre los cuatro proyectos hablamos tanto del almacenamiento subterráneo de hidrocarburos como de 14 pozos de extracción de gas y 20 kilómetros de gasoductos.

Además, el subproyecto 'Marismas Occidental' no sólo prevé la realización de dos sondeos exploratorios sino, además, la construcción de gasoductos de más de 5 kilómetros de longitud, con volumen operativo de 600 MNm³ y una capacidad de inyección y extracción de 3,5 MNm³/día y 4,4 MNm³/día, respectivamente.

EQUO también ha alertado del peligro que supone este proyecto, con graves riesgos para el acuífero que da cobijo a numerosas especies protegidas, incluido el lince ibérico. De nada servirá a estas especies la garantía financiera de 1,3 millones de euros establecida para cubrir eventuales responsabilidades medioambientales durante la fase de construcción. En esta línea, ninguna de las preguntas al respecto que formuló esta formación en el Congreso fue respondida por los de Rajoy dando muestras, una vez más, de cómo los intereses de las multinacionales se imponen a los del propio entorno natural.

Poco ha importado al Ejecutivo que el almacén se encuentre, tal y como ha determinado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, a tan solo dos kilómetros del Parque Nacional de Doñana o que esté en dentro del LIC (Lugar de Interés Comunitario) Doñana Norte y Oeste. Desde Ecologistas en Acción aseguran que los subproyectos afectan al Espacio Natural de Doñana, a la Zona de Especial Protección (ZEPA) y a la Red Natura 2000. En lo que a la Junta se refiere, o ésta desbloqueaba este subproyecto, que cuenta con el aval del ministerio, o se enfrentaba a una indemnización de 358 millones a Gas Natural. Sea como fuera, la empresa siempre gana.

¿Otro Castor?

Otra de las formaciones más activas en la defensa del Parque Nacional ha sido Izquierda Unida (IU), cuya eurodiputada Paloma López ha conseguido que la Comisión Europea se interese por esta cuestión pidiendo cuentas a Rajoy. Poco o nada ha importado al Gobierno en funciones que la Unión Europea (UE) haya dado un ultimátum a España para proteger el Parque Nacional de Doñana del impacto negativo que están teniendo tanto el regadío como el turismo o que, más específicamente, haya pedido aclaraciones a las autoridades españolas sobre este proyecto.

No es para menos, puesto que entre los riesgos añadidos que trae consigo el proyecto también se encuentran los posibles seísmos que pudiera provocar. A pesar de las advertencias de los grupos conservacionistas y tras la experiencia de Castor, el Gobierno no ha realizado un solo estudio al respecto.

Ecologistas en Acción denuncia que los Estudios de Impacto Ambiental realizados no incluyen estudios geológicos detallados de estos riesgos sísmicos. Y ello a pesar de que uno de los estudios habla de “la existencia de una falla (rotura de rocas con posibles desplazamientos de estas) pero se reconoce que no está cartografiada y no se sabe bien por dónde discurre”.