Todos los años desde 2015 la Agencia Tributaria publica el listado de los grandes morosos en España. En 2024, su deuda fiscal superó los 16.000 millones de euros. Si a ello sumamos la deuda de las haciendas vasca y navarra, que se computan aparte, la cantidad supera ampliamente los 17.000 millones de euros. Bastan un par de ejemplos para poner en perspectiva cantidades que, por elevadas, resultan tan inmanejables: en 2024 el sistema de protección a la dependencia atendió con diferentes prestaciones a 1,4 millones de personas en España y supuso una inversión de 12.000 millones de euros. Con 17.000 millones de euros se podrían construir unos 160 hospitales públicos de 200 camas. El impacto económico y social de esta deuda es, por tanto, enorme.

Las razones que explican los números rojos de los grandes morosos son variadas. Por un lado, una proporción muy alta de esta deuda es incobrable. Muchas de las empresas deudoras están en situación concursal o simplemente esa deuda ha prescrito. Por otro, hay una parte de los deudores más o menos ilustres estancados en su condición de morosos. Empresas constructoras y de servicios, clubes deportivos y un listado enorme de artistas y deportistas conocidos engrosan esa lista, que supone un arancel autoimpuesto que lastra nuestra economía, pero también la credibilidad de nuestra cultura fiscal. Desde hace diez años la deuda se ha mantenido constante e invariable, lo que extiende una sensación social de impunidad frente a la gente común que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales.

Por ello se necesitan herramientas legales más contundentes que eviten que esta deuda aumente o se quede congelada en el espacio sombrío de lo irrecuperable. Además, si sumamos la deuda de los grandes morosos a la elusión fiscal y la utilización de paraísos fiscales y sociedades opacas, aparece una minoría privilegiada que hace de todo para no aportar lo que debe.

El malestar justificado ante esa deuda es el caldo de cultivo perfecto para el populismo fiscal, una de las grandes banderas de la ultraderecha. Siempre al quite de las fallas del Estado del bienestar, los grupos ultras y sus partidarios aprovechan el descontento colectivo para apuntalar sus propias convicciones: el individualismo, la competencia entre la ciudadanía y la ruptura de los vínculos grupales tratando así de consolidar sociedades fragmentadas.

Estos grupos promueven un modelo de convivencia aislado, sin conciencia grupal y sin una mirada de sociedad, donde las ideas basadas en el odio y el autoritarismo crecen con mayor facilidad. En ese contexto, no pagar impuestos, o defender no hacerlo, se convierte en una especie de gesto de rebeldía antisistema que une a ese mundo reaccionario.

Por eso reforzar las ideas comunitarias y lo público es fundamental para que los mimbres sociales no se deshagan. Consolidar tendencias cooperativas, ayudarse mutuamente, debe ser un valor común que marque un espíritu de época, en palabras de Ortega y Gasset. El sentido de ciudadanía expresado en la responsabilidad fiscal individual es una bandera que debemos levantar si queremos defender la democracia.

Las rentas de inserción, como el Ingreso Mínimo Vital, la política fiscal progresiva, los servicios públicos y los convenios colectivos son las herramientas fundamentales en el reparto de la riqueza. Esos instrumentos forman parte de un andamiaje que construye un Estado social y democrático básico. Uno sin lo otro no tendría sentido, estaría cojo.

Por eso es necesario abordar las causas estructurales de la deuda fiscal de los grandes morosos con el objetivo de que, evidentemente, no vaya a más, y de que ayude a mejorar nuestra cultura y conciencia fiscal. Y todo para evitar, entre otras cosas, que gobiernen esos que, como escribe Martín Caparrós, “tienen una habilidad particular para conseguir que los más pobres aplaudan las medidas que toman en favor de los más ricos”.