Al fin hay Gobierno. Después de casi cuatro meses desde la celebración de las elecciones generales, casi cuatro meses desde aquella noche del 23 de julio en la que millones de personas respiramos aliviadas, este jueves, por fin, pudimos volver a hacerlo. Siendo esto ya un hecho cierto, ahora toca que este Gobierno —nuevamente de coalición— demuestre su utilidad para las mayorías sociales de este país. Hay, aparentemente, cuatro años por delante. Sin embargo, hay emergencias que conviene atender sin dilación ni eufemismos.

Las emergencias son muchas. No voy a mencionarlas todas, aunque obviamente poner a disposición todas las herramientas para frenar el genocidio que se está perpetrando en Gaza es la más clamorosa, el establecimiento de vías legales y seguras para garantizar la vida en nuestras fronteras, las violencias machistas o la propia “emergencia climática” son algunos claros ejemplos. Pero desde luego hay otra emergencia que es -la habitacional- que debe abordarse de forma inmediata.

El acceso a la vivienda es la principal asignatura pendiente ya no sólo para con los jóvenes de este país, sino para un 17% de familias que se quedan en situación de pobreza severa tras pagar la hipoteca o el alquiler como recoge el reciente informe de Provivienda “Prevención y atención a la exclusión residencial”.

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, que conocimos hace algunas semanas y que guiará la legislatura, contiene elementos muy positivos para continuar la senda de profundización democrática y social que necesita nuestro país. La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial o la extensión de los permisos de maternidad y paternidad hasta las veinte semanas son algunos ejemplos de avances necesarios contemplados en el pacto.

Sin embargo, en materia de vivienda es necesario ir mucho más allá de lo que recoge el acuerdo para hacer frente al que podríamos calificar como el gran agujero negro de nuestro país. Sobre todo, teniendo en cuenta que, desde hace tiempo, el grueso de las mejoras salariales está siendo absorbido por los beneficiarios del aumento del precio de los alquileres y las hipotecas. Un drenaje extractivo del trabajo que neutraliza subidas del SMI, aumentos salariales por convenio y actualizaciones de prestaciones sociales públicas. La vivienda absorbe ya un 42% de los ingresos del 20% más pobre en España, según se desprende del informe Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida de la Fundación Foessa publicado el pasado 7 de noviembre.

Las dinámicas del mercado inmobiliario actual van tres pasos por delante de los parlamentos y los gobiernos. Uno de los ejemplos más claros es la necesidad imperiosa de regular los alquileres por temporada, que sirven de “gatera” por la que se cuelan alquileres al margen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, eliminando todo tipo de garantías para sus inquilinos. Los portales inmobiliarios, en colaboración interesada con la espiral especulativa, ofertan cada vez más anuncios de vivienda reconvertidas en pisos de temporada. Así, no es de extrañar que en grandes ciudades como Madrid el alquiler de habitaciones (ojo, de habitaciones), cuesta ya lo mismo que viviendas completas hace apenas cinco años. La falta de legislación y la eterna apelación a “la libre voluntad de las partes”- como si propietarios e inquilinos negociaran en pie de igualdad- sirven de subterfugio para evadir la Ley de Arrendamientos Urbanos así como cualquier reforma introducida por la Ley de Vivienda.

La urgencia de la situación tampoco permite mantener promesas que se prolongan en el tiempo hasta no cumplirse nunca o de forma meramente testimonial, como está ocurriendo con la “responsabilidad social corporativa” de SAREB y el parque de vivienda pública. Es imprescindible incluir obligaciones de resultado cuando hablamos de “aumentar el parque público de vivienda en alquiler asequible”, señalando plazos y porcentaje de financiación destinado para ese objetivo, so pena de incurrir en un compromiso con buena voluntad pero con poca capacidad de materializarse a corto y medio plazo. Quizás la negociación de los próximos Presupuestos Generales sea un buen momento para ello.

Además, es momento de afinar para que conceptos indeterminados como “alquiler asequible” no sirvan de eufemismo para pequeñas rebajas de precio que siguen siendo inasumibles para la gran mayoría de familias y personas. Esta ausencia de objetivos tangibles contrasta con la precisión que sí encontramos medidas como avalar o subvencionar públicamente la compra de vivienda (“help to buy”) a la que volvió a referirse el Presidente Sánchez en su discurso de investidura y que indirectamente alimenta el nivel de precios actual y, por lo tanto, beneficia a las lógicas especulativas que trabajan sobre la expectativa del aumento constante de precios de la vivienda.

Por otra parte, son necesarios mecanismos de aplicación de la regulación de precios de alquiler con carácter imperativo y por razones de interés general, más allá de la posición ideológica del gobierno autonómico de turno, o de lo contrario estaremos cuatro años más asistiendo de forma pasiva a la carrera especulativa que se promueve desde gobiernos autonómicos y municipales dónde el mercado inmobilario actúa, de facto, como regulador de la no-política de vivienda (Madrid rules).

En materia hipotecaria y teniendo en cuenta las subidas de los tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo es de justicia que las entidades financieras asuman rebajar sus expectativas de beneficio para que las personas hipotecadas puedan hacer frente al pago de sus hipotecas y que esto no se produzca sólo a costa de alargar durante más tiempo el pago de la hipoteca o posponer el pago de intereses.

Por último, si hablamos de desahucios o de situaciones de vulneración de Derechos Humanos como la que se lleva produciendo desde hace tres años en la Cañada Real, desde que se cortara el suministro eléctrico, resulta imperioso incorporar la perspectiva de Derechos Humanos, esto es hacerse cargo de la situación -más allá- de las competencias formales y pisar el acelerador en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para que, como tantas veces ha señalado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, los estados empiecen a comprometerse con obligaciones positivas que, en el contexto del mercado inmobiliario descontrolado actual, significa pasar de las palabras a los hechos, de “promover” a ”garantizar”.

Una última reflexión. Los gobiernos de coalición deben ser capaces de imponer la garantía de derechos que reclama toda la sociedad para que la ley que rija no sea la del “sálvese quien tenga” y así conseguir frenar el descreimiento y la desafección sobre las que avanzan las opciones de derecha y extrema derecha aunque hayan quedado aparentemente caricaturizadas estos días. Fue posible evitarlo en julio. Es necesario consolidarlo ahora.