Voy a empezar por el final, y lo hago porque para describir el mal resulta imprescindible el silencio:

“Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica”.

Así acaba el informe publicado este jueves 2 de junio por este diario y la Fundación porCausa. Su contenido resulta tan impresionante que una podría esperar que todos los medios de comunicación del país, al menos del país, se hicieran eco de ello. A no ser que todos los medios de comunicación del país estén al tanto y lo callen, pongamos por caso.

Trataré de resumirlo:

La Unión Europea ha construido una idea sobre la que basa no pocas de sus políticas: la inmigración ilegal. ¿Quién no conoce la inmigración ilegal? ¿Quién no ha oído hablar de los tremendos problemas que supone? ¿Quién ignora los “esfuerzos” de los países miembros para “solucionar” tan acuciante conflicto?

Solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías ilegales. Quédense con la cifra.

Tal es el problema, que existe algo llamado Industria del Control Migratorio (ICM). Industria. Control. Migratorio. Para que el control de las fronteras dé lugar nada menos que a toda una industria, antes tiene que haberse creado y difundido la idea de que existe un peligro, una amenaza de tal envergadura que la UE decide destinar 30.829 millones de euros entre 2021 y 2027 a combatirla, o sea al control migratorio y de fronteras, además de otros 24.322 millones en concepto de defensa y seguridad.

Insisto: Solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías ilegales.

Por razones evidentes, España está en el centro de la terrible amenaza que se cierne sobre el continente. Hasta tal punto que entre 2014 y 2019, el Gobierno español ha adjudicado al menos 660 millones de euros a asuntos relacionados con el Control Migratorio, un total de 1.677 adjudicaciones. Dinero público. ¿A quién? “En los últimos cinco años, casi siete de cada diez euros del Gobierno de España para gestión migratoria fueron desembolsados a un grupo de diez empresas, que suman más de un centenar de puertas giratorias, principalmente entre ex altos cargos del PP y el PSOE”, cito el informe.

O sea, que hay diez grandes empresas que se han llevado cientos de millones de dinero público para algo llamado Industria del Control Migratorio. En ellas participan más de cien ex altos cargos, exministros y ministras, expresidentes, etc. “También abundan los nombres de antiguos altos cargos autonómicos, miembros de la familia real, aristócratas, ex altos mandos del Ejército, antiguos jerarcas del franquismo e incluso personal del CNI”.

Otra vez: Solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías ilegales.

Vamos al detalle. ¿Cuáles son esas empresas dedicadas a esa tremenda labor del Control Migratorio por la cual reciben millones de dinero público, o sea nuestro? ¿A quién paga el Gobierno español para que vigile las fronteras por las que entra la aterradora cifra del 4,5% de los migrantes que llegan a Europa? Va aquí un resumen ordenado por número de personajes procedentes de puertas giratorias: Indra (26 puertas giratorias) y Repsol (26), Telefónica (29), Grupo ACS (18), Acciona (15), Everis (10), El Corte Inglés (15), Airbus (7) y Ferrovial (6). También están Eulen, Airbus, Babcock Mission Critical…

Oh.

¿Quién podía imaginarlo?

Tengamos en cuenta que solo me estoy refiriendo a España. A la inversión del Gobierno español. Pero es relevante, porque este país se ha convertido en un laboratorio de pruebas de sistemas para engordar la Industria del Control Migratorio. Es decir, de una industria millonaria construida para una causa que si no fuera dramática resultaría ridícula. Porque no existe. Las concertinas de la frontera con Marruecos, de fabricación española, los drones que peinan el estrecho o los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que son sencillamente cárceles, se prueban en España. Y las paga el dinero público español (nuestro). Todo ello sostiene la industria de una guerra sin enemigos que ha tenido que demonizar a un puñado de hombres y mujeres que huyen de guerra, hambre y miseria para engordar con contratos públicos a las mismas empresas y personas que lleva cebando durante al menos los últimos 40 años, oh nueva democracia.

Una última vez: Solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías ilegales.

Cuando leí el informe publicado ayer aquí, elaborado por Público y la Fundación porCausa, del cual este artículo es un resumen, me quedé atónita y espantada. Nos han creado un enemigo que no existe y han construido odio y miedo, solo para derivar dinero público, millones y millones, a las mismas empresas que ceban a aquellos cargos públicos que han construido todo lo anterior para ellas.

Será que nadie lo publica porque, mientras lo escribo, yo misma asumo que se trata de un alarde de ingenuidad. Y opto por ello.

Pero no lo olvidemos, es el silencio:

“Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica”.