Las horas que Garamendi no cuenta

Hay horas que en España preocupan muchísimo y otras que, por algún extraño motivo, parecen no preocupar a nadie. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lleva meses alertando del absentismo laboral, de su coste para las empresas y de la necesidad de tomarse en serio las horas que los trabajadores deberían estar en su puesto y no están. Y oye, es legítimo discutir sobre ello. Pero claro, lo que resulta curioso es que rara vez le escuchamos hablar con el mismo entusiasmo de las horas en las que ocurre exactamente lo contrario. Es decir, de esas horas en las que el trabajador sí está en su puesto, sí trabaja, sí produce, pero la empresa no le paga.

En España se realizaron a lo largo de 2025 unos 130 millones de horas extraordinarias no remuneradas. 130 millones de horas extra, que se dice rápido. Según los cálculos de UGT, estamos hablando de 2.535 millones de euros en salarios que los trabajadores generaron pero no cobraron y otros 775 millones que la Seguridad Social dejó de ingresar en cotizaciones. Para hacerse una idea de la magnitud, ese volumen de trabajo equivale a unos 62.000 empleos a jornada completa. Los datos más recientes de CCOO, por su parte, nos muestran que 436.000 asalariados realizan actualmente unos 2,54 millones de horas extraordinarias sin remunerar cada semana, con un coste laboral anual estimado de 3.378 millones de euros y un volumen de trabajo equivalente a unos 68.000 empleos a tiempo completo.

Y creo que es necesario pararnos un poquito a analizar las cifras, porque corremos el riesgo de acostumbrarnos a ellas. Estamos hablando de dos millones y medio de horas gratis cada semana. Mientras estás leyendo estas líneas, con suerte tomando el sol en la piscina o en la playa, quizá en la montaña o con un ojo puesto en los críos —¡que vaya cómo crecen!—, habrá trabajadores que hayan fichado ya pero que esta tarde no ficharán realmente cuando terminen de trabajar; personas que apagarán el ordenador y volverán a abrirlo en casa; empleados que se quedarán porque “hay que sacar esto”; trabajadores que responderán correos a las diez de la noche porque en determinadas empresas la disponibilidad permanente se ha convertido en una prueba de compromiso. Y todo ello no aparecerá como una transferencia de renta en ningún titular. Pero lo es, claro que lo es. Tiempo que pertenece al trabajador, trabajo que genera valor para la empresa y dinero que debería terminar en una nómina, pero se queda por el camino.

Imaginemos por un momento que sucediera al revés. Imaginemos que 436.000 trabajadores decidieran cada semana cobrar varias horas que no han trabajado. Imaginemos que el importe ascendiera a más de 3.000 millones de euros al año. Habría editoriales sobre la cultura del esfuerzo, tertulias sobre la decadencia moral del país, asociaciones empresariales exigiendo responsabilidades y algún periódico calculando cuántos hospitales podrían construirse con semejante cantidad. Qué, ¿no? Probablemente aprenderíamos incluso un nuevo concepto. Payflexing, podrían llamarle, que suena mejor que cobrar por horas que no has trabajado. Y es que cuando sucede al revés, cuando son cientos de miles de trabajadores quienes entregan gratuitamente su tiempo a las empresas hemos decidido llamarlo, con una gran delicadeza, “horas extraordinarias no remuneradas”.

Sabemos perfectamente que el lenguaje nunca es inocente. Si un trabajador se lleva cien euros de la caja de una empresa, es un robo. Si una empresa recibe cien euros de trabajo y decide no pagarlos, entramos en un maravilloso terreno semántico de irregularidades, incumplimientos y problemas de registro de jornada. Parece que el dinero solo puede ser robado cuando circula de arriba hacia abajo. Cuando circula en sentido contrario, debe de tratarse de una incidencia administrativa. Y no lo es.

El problema es que durante años hemos construido alrededor de estas prácticas una cultura laboral que consigue incluso que el trabajador se sienta culpable por exigir lo que le corresponde. Hay que ser flexible. Hay que arrimar el hombro. Somos una familia. Hoy toca hacer un esfuerzo. No vas a dejar esto a medias. Son solo veinte minutos. Y veinte minutos multiplicados por cinco días, por 48 semanas, por cientos de miles de personas terminan convirtiéndose en millones de horas. El milagro económico consiste en conseguir que una obligación empresarial —pagar el trabajo— termine transformada en una obligación moral del trabajador —regalarlo para demostrar compromiso.

Por eso cuestiones tan elementales como el registro horario provocan tanta resistencia. No porque apuntar cuándo empieza y termina una jornada sea una sofisticada innovación bolchevique, sino porque convierte en dato algo que durante demasiado tiempo ha funcionado mejor en la penumbra. El registro de jornada obligatorio existe desde 2019 y las sanciones relacionadas con el tiempo de trabajo se han triplicado desde entonces, pero las cifras muestran que el problema continúa teniendo una dimensión enorme. En 2025, la Inspección de Trabajo realizó 37.386 actuaciones relacionadas con irregularidades en el tiempo de trabajo, detectó 14.728 infracciones que afectaban a 252.500 trabajadores e impuso sanciones por 15,7 millones de euros.

Si tenemos, por tanto, 15,7 millones que corresponden a infracciones detectadas y sancionadas, pero más de 3.300 millones de coste laboral no remunerado, algo falla. Si el fraude potencial es enorme, la posibilidad de ser detectado limitada y el coste de la sanción asumible, el incumplimiento deja de ser una anomalía para convertirse en una decisión económicamente racional. O, dicho de otro modo, si sale más barato incumplir la legislación laboral que cumplirla, quizá el problema no sea que tengamos demasiada regulación, sino que hemos conseguido que saltársela pueda resultar rentable.

Cuando se ponen estos datos encima de la mesa, es cuando cambian su discurso. Si no te gusta lo que oyes, cambia el rumbo de la conversación. Y es entonces cuando nos explicarán que en España tenemos un problema de productividad, que faltan trabajadores en determinados sectores, que los jóvenes no quieren trabajar y que hemos perdido la cultura del esfuerzo. Una de las grandes habilidades del debate económico contemporáneo es la de convertir cualquier problema estructural en un defecto moral del trabajador. Si los salarios son bajos, falta formación. Si el empleo es precario, falta productividad. Si nadie acepta determinadas condiciones, faltan ganas de trabajar. Si aumenta una determinada estadística de ausencias, tenemos un país de absentistas. Pero si cada semana las empresas reciben 2,5 millones de horas de trabajo extraordinario sin pagar, no pasa nada, porque es por el bien de todos.

Con esto no estoy diciendo que debamos obviar el absentismo. Claro que debemos hablar de ello. Debemos analizar sus causas, distinguir una ausencia injustificada de una baja médica, estudiar qué ocurre con la salud laboral y evitar cualquier abuso que exista. Pero hagámoslo con todas las cartas encima de la mesa. Si vamos a poner precio a cada hora que una empresa considera perdida porque un trabajador no está en su puesto, pongamos también precio a cada hora que un trabajador pierde trabajando para una empresa que no se la paga. Si queremos hablar de obligaciones, hablemos de todas. Y si queremos hablar de fraude, no seleccionemos únicamente el que resulta cómodo señalar.

Porque hay una pregunta bastante sencilla que Garamendi podría responder la próxima vez que vuelva a explicarnos cuánto dinero cuestan a las empresas las horas que los trabajadores no trabajan. ¿Cuánto dinero cuesta a los trabajadores el trabajo que las empresas no pagan? No hace falta que saque la calculadora: 3.378 millones de euros al año.