El humo tóxico de Vox

A Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) se le llena la boca de "andaluces" cuando habla de la comunidad autónoma que gobierna, pero la realidad es que le importan bien poco. Esta misma semana, su vicepresidente, Manuel Gavira (Vox) ha decidido desde Madrid los primeros pasos de sus políticas de desregulación… y lo ha hecho con José María Figaredo -más conocido popularmente como ‘Frigodedo’-, diputado que ya demostró en el Congreso que ni siquiera saber leer una nómina o que aseguró que quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagan 8.400 euros de IRPF.

Los presagios de un gobierno PP-Vox en Andalucía eran malos, pero sus primeros pasos todavía han sido peores. La primera en la frente: la gestión del incendio de Los Gallardos (Almería), en el que la propia Guardia Civil denunció que el plan de emergencias se activó varias horas después de las primeras evacuaciones. Ahora, esta misma semana hemos asistido a cómo el destino de Andalucía se decide en Madrid. En realidad, es una extensión del mismo pacto de las derechas porque, aunque Moreno Bonilla se envalentonara presumiendo de que se llevan las riendas desde Andalucía, quienes fueron decisivos en las negociaciones fueron actores llegados de la capital.

El pasado lunes, Gavira reveló las prioridades del plan de desregulación para Andalucía, un plan gestado en Madrid por gente ajena a Andalucía. En una sala, Vox reunió a sus responsables en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón, con Figaredo y la secretaria general adjunta, Montse Lluís. Las competencias autonómicas, que se transfieren para que quienes gobiernen las adapten y gestionen según las particularidades de cada territorio, se esfumaron. Claro, que Vox no cree en el Estado de las Autonomías, aunque chupe de su bote, y hasta utiliza los mismos programas electorales, a veces confundiendo a extremeños con castellano leoneses porque ni siquiera los revisan.

La gestión de Vox es mucho humo, que no por insustancial deja de ser tóxico. Entre las medidas de desregulación figura la manida prioridad nacional que el PP trata de maquillar como arraigo, sin que todavía a estas alturas se hayan puesto a trabajar para detallar los plazos de ese arraigo según para qué cuestión. Acaba de empezar la legislatura y ya evidencian pocas ganas de trabajar.

Otra directriz de lo decidido en Madrid es el silencio administrativo positivo, es decir, que si se solicita algo a la Administración y ésta no responde en los plazos previstos por la ley, se da por concedido. No hace falta ser el más listo de la clase para suponer que, dados los escasos recursos administrativos de la Junta de Andalucía, que tardó dos años en adjudicar el Bono Joven del Alquiler o que se encuentra a la cola de la Dependencia de toda España, esto desembocará en muchos problemas.

Lo normal, en Andalucía y me atrevería a decir que en casi toda España con excepciones como Euskadi y poco más, es que no se cumplan los plazos administrativos para casi nada… esa es la realidad, con el agravante de que para cuando resuelven, no siempre es en positivo. De poner en marcha estas medidas, va a haber muchas sorpresas desagradables -y posiblemente litigios- de quienes creían una solicitud aceptada y después vean, por ejemplo, que la Fiscalía de Medio Ambiente les empura. Es cuestión de tiempo.

Moreno Bonilla sigue mirando para otro lado, tragando y tragando para conservar el poder e intentar seguir siendo el referente nacional que ayude a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales de 2027. La moneda de cambio para ello somos quienes vivimos en Andalucía, del mismo modo que les sucede a quienes habitan Extremadura, Castilla y León o Aragón. Y preciso quienes vivimos y no los y las andaluzas porque son cosas muy distintas.

Conocidos los buenos datos de cotizaciones sociales, Moreno Bonilla saca pecho de que "dos de cada tres parados menos en España en el último año son andaluces". Miente. Viven en Andalucía, pero no son andaluces, porque entre otras medidas, gracias a la regularización extraordinaria a la que se opusieron PP y Vox, las personas migrantes que residen en esta Comunidad contribuyen a las cifras de las que presume el presidente de la Junta de Andalucía. Juega con las palabras, instalado en el racismo y xenofobia que ha firmado con Vox.

Tan poco le importamos, no solo los que no somos andaluces y vivimos aquí, sino también los y las nativas, que permite que se confeccionen políticas autonómicas en Madrid. El desprecio por Andalucía es tal, por mucho que luego se envuelva en la bandera o dé el cante con su Kilómetro Sur, que no se limita a comprar el humo tóxico de Vox, sino que también le cede parcelas que podría evitar fácilmente, como la sangrante cesión del servicio para valorar a víctimas de violencia de género cuando, precisamente Vox, niega la existencia de esta violencia.

Si Andalucía ya se encuentra a la cabeza de los asesinatos machistas de toda España, dando poder en la ecuación a la extrema derecha, la cosa irá a peor. No podemos olvidar que los de Santiago Abascal ya intentaron realizar una caza de brujas contra el personal técnico de este servicio. Su odio visceral al feminismo y a la lucha contra el terrorismo machista no va a deparar nada bueno a Andalucía. Y mientras, Moreno Bonilla continúa hablando de "la vía andaluza" y jactándose de moderado, quizás ya intoxicado por el humo de Vox, quizás ya enganchado a él.