No es solo fuego. Es abandono. Es el síntoma de un modelo territorial fallido que, verano tras verano, convierte buena parte del país en combustible. Mientras la narrativa oficial nos distrae con pirómanos, olas de calor y helicópteros sobrevolando imágenes apocalípticas, se ignora lo esencial: la renuncia crónica a una gestión planificada del territorio y a políticas que integren al mundo rural como aliado, no como decorado. Los grandes incendios actuales responden a factores estructurales: planificación urbana deficiente, modelos forestales obsoletos, infrafinanciación rural y políticas desconectadas entre administraciones. Sin una visión integral, sin planes agroecológicos, seguimos respondiendo con parches a un problema sistémico que estalla periódicamente con mayor o menor virulencia.

Cada verano arden decenas de miles de hectáreas: parques naturales, zonas protegidas, hábitats únicos, medios de vida. En este verano de 2025, como en tantos otros, las alarmas vuelven a sonar tarde, cuando el desastre ya está ahí y es inminente. "Si no hacemos una renovación planificada del paisaje, se hará de forma catastrófica", advertía un especialista recientemente en los medios de comunicación.

Los incendios forestales, alimentados por el cambio climático y décadas de desidia institucional, ya no pueden extinguirse únicamente con más aviones ni con más bomberos, ni siquiera con la solidaridad europea, por loable que sea. Los incendios de sexta generación desbordan la capacidad de extinción.

El problema no es solo el fuego. El gran ausente de las políticas ambientales es el mundo rural. No hay paisaje gestionado sin gente que lo habite, trabaje y cuide. Pastos limpios, sendas transitables, montes gestionados y conocimiento campesino son los verdaderos cortafuegos. Sin vida rural no hay conservación posible. Y sin estructura, inversión y voluntad política, no hay vida rural. Como denuncia Greenpeace, en su informe sobre el papel clave de la España rural ante la emergencia climática, ignorar a los pueblos es regalar el futuro a la catástrofe. Es urgente volver a poner en el centro el conocimiento campesino, los usos comunales, la agricultura ecológica, el pastoreo extensivo y los modelos de aprovechamiento forestal sostenibles.

El problema no es que no existan recursos: existen. En muchos pueblos, por ejemplo, hay programas de empleo vinculados al cobro del paro agrario, pero en lugar de atender a necesidades reales del territorio, como la limpieza de montes, el desbroce o el cuidado de caminos, se destinan a tareas decorativas como barrer calles ya limpias. Con una buena organización, los recursos actuales podrían funcionar como una red de acción rural estratégica. Por ejemplo, creando unidades estables de prevención y extinción de incendios que trabajen todo el año, con contratos dignos, formación especializada y coordinación entre municipios, comunidades y administración central. Estas unidades no solo actuarían en verano para apagar fuegos, sino todo el año para cuidar el territorio: desde la gestión forestal sostenible hasta la restauración de senderos o la vigilancia del uso del suelo.

Hoy en día, las cuadrillas antiincendios están precarizadas, mal pagadas y solo activas en los meses de verano. No puede sorprender que esto derive en desorganización, pérdida de experiencia y ausencia de prevención. Hay que convertir la lucha contra los incendios en un empleo estructural, planificado, con visión territorial. Cada región debería adaptar estas unidades a su orografía, a sus riesgos específicos y a las formas de vida locales.

Otro frente olvidado es la falta de exigencia sobre la propiedad privada. Muchos de los montes arrasados por las llamas pertenecen a propietarios/as ausentes que no realizan labores mínimas de mantenimiento. Precisamos una legislación clara, exigente y con capacidad de ejecución real. No basta con buenas intenciones: deben existir sanciones por abandono, inspecciones y ayudas que incentiven una gestión activa del terreno. La tierra que no cumple ninguna función social ni ecológica debería ser recuperada para el bien común.

Propuestas como la nacionalización de tierras abandonadas, su conversión en fincas públicas o el impulso a formas de propiedad comunal pueden parecer radicales, pero cada hectárea que no se cuida es una bomba de relojería. Mientras tanto, la coordinación entre administraciones es manifiestamente mejorable. El Estado, las comunidades autónomas y los municipios actúan como compartimentos estancos, incapaces de articular estrategias a largo plazo. La emergencia climática requiere una gobernanza integrada del territorio rural, no una burocracia de competencias cruzadas.

Junto a estas medidas estructurales, hay otras iniciativas que merecen apoyo institucional. Las asociaciones de voluntarios que defienden el patrimonio natural o colaboran en tareas de vigilancia, sensibilización y mantenimiento son una herramienta valiosa que muchas veces opera sin medios ni reconocimiento. Fomentarlas, conectarlas entre sí y ofrecerles respaldo legal y logístico es una tarea urgente. Del mismo modo, urge declarar nuevas zonas rurales protegidas: no solo parques naturales, sino también áreas de alto valor agroecológico, cultural o paisajístico. Ejemplos como Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, demuestran que la conservación y el desarrollo rural pueden ir de la mano.

Otro incendio que debemos apagar es la concepción miserabilista del medio rural. Durante décadas se ha retratado al campo como un espacio atrasado, subsidiario, sin voz propia, un residuo del pasado. Es hora de reivindicar los saberes, los oficios, la inteligencia territorial de quienes han vivido históricamente en, con y para la agricultura y la ganadería. Desde la ganadería extensiva hasta la agroecología, pasando por las redes de cuidados vecinales o la gestión colectiva de los montes, el medio rural no solo tiene futuro, sino que es parte fundamental para enmendar las actuales políticas forestales ineficientes.

En lugar de seguir apostando por un mundo rural subsidiado y retratado como postal turística, hay que reconocer su papel estratégico en la resiliencia ecológica de los recursos naturales. Como aprendemos de la política agroecológica y los movimientos de soberanía alimentaria, no se trata solo de producir alimentos sanos, sino de garantizar la seguridad territorial ante eventos extremos.

Hace falta una política forestal que conecte lo urbano y lo rural sin condescendencia, y que entienda que prevenir no es un coste, sino una responsabilidad de primer orden. Y sobre todo, es imprescindible dejar de tratar el fuego como una anécdota veraniega y empezar a asumirlo como síntoma de un achaque más profundo: la desconexión entre políticas públicas, gestión del territorio y justicia climática. Lo demás, por más que se disfrace de gestión, no es más que humo político para cegar las mentes.

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Ángel Gordo, Julia Varela, Pilar Parra, Alejandra Val Cubero, Jaime  Pastor, Fernando Álvarez-Uría, Luis Mancha, Juan Tabares, Antonio García Santesmases, Luis García Tójar ...y demás tertulianos de la  tertulia del Ateneo de Madrid 'Los jueves alternos'.