Sin igualdad no hay vida digna: el 11N, a la huelga

Las condiciones materiales son el lugar donde se muestra la igualdad real entre hombres y mujeres. El acceso a la vivienda, los salarios y los derechos que se ejercen son la verdadera métrica que pondera si vivimos o no en una sociedad sin discriminación por razón de género.

La igualdad no se conquista únicamente con declaraciones de principios, ni se garantiza por su reconocimiento formal en las leyes. Requiere avances materiales, derechos efectivos y políticas públicas capaces de corregir las desigualdades estructurales. Porque la autonomía de las mujeres depende, en última instancia, de disponer de recursos económicos suficientes, condiciones de vida dignas y garantías para ejercer sus derechos en igualdad.

La crisis de vivienda que atraviesa nuestro país es uno de los ejemplos más evidentes de cómo las desigualdades económicas y de género se entrecruzan y refuerzan. El encarecimiento de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda afectan al conjunto de la clase trabajadora, pero sus consecuencias son especialmente graves para muchas mujeres, que soportan mayores riesgos de pobreza y exclusión social, salarios inferiores, trayectorias laborales más precarias y una distribución profundamente desigual de las responsabilidades familiares y de cuidados.

Estas desigualdades se traducen en una mayor vulnerabilidad residencial. Las mujeres encuentran más dificultades para emanciparse, mantener una vivienda de forma independiente o afrontar situaciones de separación y ruptura familiar. El problema se agrava en los hogares monomarentales, donde una sola mujer debe sostener económicamente a su familia y asumir la mayor parte de los cuidados. A las dificultades para hacer frente a los elevados precios se añade, en ocasiones, la discriminación por parte de propietarios que consideran a estas familias menos solventes o con mayor riesgo de impago. De esta manera, la maternidad y las responsabilidades familiares se convierten también en obstáculos para acceder a un derecho fundamental.

Tampoco partimos de una situación de igualdad en el acceso a la propiedad y al patrimonio inmobiliario. Las diferencias salariales y patrimoniales acumuladas históricamente, junto con la menor capacidad de ahorro de muchas mujeres, condicionan sus posibilidades de adquirir una vivienda y las exponen en mayor medida a la inseguridad del mercado del alquiler. Una desigualdad que adquiere especial gravedad entre las mujeres mayores, cuyas pensiones y recursos económicos reflejan décadas de discriminación laboral.

Pero existen discriminaciones todavía más profundas, que demuestran hasta qué punto las injusticias del pasado pueden proyectarse sobre el presente. El caso de Maricarmen es especialmente revelador. El contrato de renta antigua de la vivienda en la que había vivido durante décadas fue firmado en 1956 por su padre, en una época en la que la legislación franquista subordinaba jurídicamente a las mujeres casadas y limitaba su autonomía contractual. Tras su fallecimiento, el contrato pasó a su madre y posteriormente a ella. Las limitaciones legales a las sucesivas subrogaciones terminaron siendo determinantes para extinguir su derecho a permanecer en la vivienda.

La historia de Maricarmen demuestra que no basta con eliminar las leyes discriminatorias si no corregimos también las consecuencias materiales que han dejado.

Por eso, defender la igualdad entre mujeres y hombres exige intervenir sobre las condiciones económicas que hacen posible una vida autónoma. Exige salarios dignos, estabilidad laboral, corresponsabilidad en los cuidados y pensiones suficientes. Pero también exige políticas de vivienda ambiciosas: ampliar el parque público, garantizar alquileres asequibles, proteger frente a los desahucios y combatir las discriminaciones que sufren las mujeres en el acceso y mantenimiento de sus hogares. No puede existir verdadera libertad para quien carece de recursos para decidir dónde y cómo vivir.

El próximo 11 de noviembre las mujeres tenemos razones de sobra para ir a la huelga general. Para defender los derechos conquistados, pero, sobre todo, para conquistar los que todavía nos faltan. Para exigir que la igualdad deje de depender de las circunstancias económicas de cada mujer y se convierta en una garantía material respaldada por políticas públicas. La historia del movimiento feminista y sindical demuestra que los avances sociales nunca han sido concesiones gratuitas, sino conquistas colectivas.

Obreras, inquilinas, cuidadoras, pensionistas, nos vemos en las calles el próximo 11 de noviembre.