Por Ana Pirineos, activista de La Comuna.

Si no fuera grave, parecería un chiste (sin gracia, eso sí), del tipo de: “van un guardia civil, una juez ultraconservadora, un forense ultracatólico, un abogado condenado, un virus y el 8M, ¿cómo se llama la película?” y la respuesta correcta sería: “Impunidad del franquismo”.

Porque no hay otra explicación plausible a esta criminalización desbocada de la manifestación del 8M para atacar al gobierno, salvo el hecho de que los franquistas pasaron impunes de la dictadura a la democracia, como la luz a través del cristal, sin mancharse ni despeinarse. Y de aquellos barros, estos lodos.

Las biografías de los personajes implicados en esta trama son casi públicas, pero convendría detenernos un poco en el guardia civil Diego Pérez de los Cobos, a la sazón, destituido de su cargo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por “pérdida de confianza” [en él] del ministro del Interior, Grande-Marlaska. Destacan varias cosas: que es de una familia de raigambre franquista nacionalcatólica –valga la redundancia–, nacido en Yecla (Murcia) y, pese a que uno no elige de quién y dónde nace, en este caso sí es significativo. Cuentan que siendo jovenzuelo se presentó voluntario el 23-F para participar en el golpe de estado fallido encabezado por otro guardia civil, aunque hay quien afirma que, en realidad, la cabeza que dirigía el golpe llevaba corona, no tricornio. O sea, que Diego apuntaba maneras. No le debió resultar complicado entrar en el cuerpo, con sus habilidades demostradas y su rancio abolengo. Nos lo volvemos a encontrar en 1992, ya no tan jovenzuelo, en Euskadi, donde fue imputado y juzgado por torturas contra el militante de ETA Kepa Urra a quien, como quedó demostrado en el juicio: "antes de llevarle al cuartel bilbaíno de La Salve, los tres agentes trasladaron al detenido a un descampado, donde, esposado, 'le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo'” (consultar aquí), práctica bastante habitual, según testimonios recogidos en el informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV sobre torturas y malos tratos de Guardia Civil, Policía y Ertzaintza en Euskadi entre 1960 y 2004 (consultar aquí). También en este juicio fue condenado Manuel Sánchez Corbí, que llegó a ser Jefe de la UCO con el gobierno Rajoy, otro ejemplo de la impunidad de los torturadores.

Este “tropiezo” no supuso ningún problema en su hoja de servicios en el cuerpo, más bien al contrario si tenemos en cuenta que tanto la guardia civil como el resto de lo que denominábamos fuerzas represivas (y ahora de “seguridad del Estado”) jamás fueron depuradas tras la muerte del dictador (ni tras el 23-F). Esto permitió que persistieran la misma ideología y métodos utilizados durante el franquismo –incluso con gobiernos del PSOE–, afianzando sus carreras e incluso premiando a policías implicados en torturas, como es el caso del funesto y extinto torturador González Pacheco, “Billy el Niño”, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y tantos otros, gran parte imputados en la querella argentina.

Y con el paso de los años y la acumulación de trienios y favores, Diego Pérez de los Cobos fue ascendiendo en el escalafón hasta ser nombrado coordinador técnico del dispositivo de seguridad ordenado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para impedir la realización del referéndum de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017. Cometido que llevó a cabo con la contundencia y violencia policial de sobra conocidas que provocaron la repulsa internacional. Hasta marzo de 2018 fue uno de los cuatro representantes del Ministerio del Interior en la Junta de Seguridad de Cataluña. Sin embargo, esta “impresionante” hoja de servicios no le impidió seguir ostentando cargos con el gobierno del PSOE y ha sido ahora, precisamente, cuando –¡oh, milagro!– se han dado cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser tener a un tipo de estos en la recámara.

¿Qué ha hecho posible este milagro? Pues, al parecer, la supuesta implicación de Diego en las artimañas torticeras para ligar la manifestación del 8 de marzo con la pandemia del coronavirus. Argumento risión donde los haya, pero que para los franquistas y sus herederos aupados en los poderes políticos-judiciales no ha sido óbice para impulsar un “edicto general de gracia”, como hacía la Inquisición, de nefasta memoria pero de mucha utilidad para algunos juristas.

Llegados aquí lo vamos a soltar, que se nos está atragantando un poco: el 8 de marzo teníamos más claras las consecuencias de renunciar a la lucha contra el machismo (esa que las mujeres ejercemos de continuo, pero que señalamos en ese día porque hay que ser ordenado, incluso con las reivindicaciones), que los efectos que nos traería el coronavirus. Y pensarán que este dato no es relevante pero se ha convertido en fundamental cuando nos han transformado en "víctimas de la negligencia del gobierno" y en "responsables directas" de esta crisis sanitaria. Porque fuimos y nos manifestamos.

La lucha feminista ha sido siempre un arma arrojadiza utilizada en diferentes circunstancias con objetivos políticos, impidiendo resaltar las causas de fondo que nos mueven y poniendo continuamente palos en las ruedas para impedir que se consigan sus objetivos. Es de sobra conocido que, al mismo tiempo que el 8M, se celebraron otros muchos eventos. Mientras gritábamos por las 1.052 mujeres asesinadas desde 2003, por la violencia machista, pasaba la vida en general: encuentros deportivos, transporte público en funcionamiento habitual, eventos políticos y religiosos, etc. Ha tenido que llegar el coronavirus para que se hablara antes del 8M que de cualquier otra cuestión. El caso es que el feminismo en estos meses ha sido una de las armas arrojadizas favoritas de la ultraderecha (PP-Vox) en contra del gobierno. Y a esto nos referimos: nosotras y nuestras movilizaciones podemos ser patrimonio del gobierno, pero el Betis-Real Madrid, no. Curioso. Y ridículo.

Y, una vez más, no se tiene intención de buscar la verdad sino de generar discursos convincentes de descrédito contra el feminismo y, de paso, contra el gobierno. Y nuestro Diego se responsabiliza de elaborar un informe basado en falsedades, mentiras y bulos de las redes sociales para afianzar esa acusación. Estupideces como que se acudiese a la manifestación con guantes (los guantes morados han formado parte de la imagen de las manifestaciones feministas desde siempre). Pero ¿acaso se diferencia algo este informe sobre el 8M de otros similares como los que llevaron a la cárcel a los jóvenes de Altsatsu (donde siguen), o a los CDR, o, incluso, echando la vista atrás, los que servían de excusa para las condenas de los tribunales especiales de la dictadura contra quienes luchaban por la democracia? Para nada. En realidad es una práctica habitual y continuada. La impunidad es lo que tiene.

La Comisión del 8M ha hecho público un comunicado en el que denuncia que “el 8M se ha convertido en la excusa para un discurso reaccionario que trata de opacar tanto lo que ya era invisible como cualquier posibilidad de debatir sobre ello”. Añadiendo que “estamos acostumbradas a que se nos criminalice. También sabemos que, cuando se empieza a criminalizar las luchas sociales, ese camino no tiene fin”, por lo que recalca la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales como garantía para poder seguir “hablando de lo esencial y trabajando por ello”. Aquí está el quid de la cuestión: los derechos se consiguen con mucho esfuerzo, pero se eliminan de un plumazo si no se está atento. Lo importante de todo este embrollo es que sin acabar con la impunidad del franquismo que perpetúa y favorece actuaciones antidemocráticas como las señaladas y pone continuamente en peligro los derechos fundamentales, el riesgo de involución estará siempre presente.

Y las mujeres están dando sobrado ejemplo de lo que hay que hacer: asegurar los cuidados, asegurar la lucha, asegurar las conquistas sociales.