El movimiento 15-M, como símbolo de todo el proceso de protestas sociales y cívicas del periodo 2010/2014, ha tenido importantes consecuencias sociopolíticas. En el campo cultural e ideológico, se generaron nuevas ideas fuerza en sectores progresistas y de izquierda social, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos, se confrontaron con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas dando lugar a dinámicas de indignación, protesta colectiva y exigencia de cambios sociales y democráticos.

Ante la gestión institucional y económica antisocial e impuesta, iniciada por el último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2010/2011) y, sobre todo, por el Gobierno conservador de Rajoy (a partir de 2012), se desarrolla una nueva conciencia social sobre componentes sistémicos: desconfianza en el poder económico e institucional, responsables de la crisis y su gestión regresiva; pertenencia al segmento de los de ‘abajo’, los perjudicados y desfavorecidos; reafirmación de la indignación ciudadana desde la cultura igualitaria de la justicia social, y legitimación de la acción colectiva y democrática frente a la involución social y política, promovida entonces por los gobiernos de PSOE y PP que se convierten, junto con los poderosos, en blancos de la indignación popular progresista. Es una experiencia masiva, sobre todo, juvenil, legitimada por la mayoría de la sociedad.

Con la crisis del empleo y los recortes sociales, las dinámicas anteriores de mejora progresiva del estatus socioeconómico, cultural y político de la gente joven, particularmente popular, se bloquean y, mayoritariamente, perciben las dificultades y retrocesos para sus trayectorias. La injusticia social (el paro, los recortes sociolaborales, la gestión institucional regresiva…) les afecta directamente y de forma profunda y duradera. Por tanto, junto con la crisis socioeconómica y la gestión política antisocial, cambian su experiencia, sus ideas, sus intereses inmediatos y su horizonte vital y cultural-ideológico. El motivo de su protesta es directo, sobre todo, evitar para ellos mismos y su entorno inmediato, un retroceso de su posición social y garantizar su futuro material y de derechos.

En ese sentido, su conciencia y su comportamiento tienen que ver más con la demanda de igualdad social y más democracia, que son los dos elementos sistémicos cuestionados por el poder económico y político en ese momento. La solidaridad se fortalece a través de la pertenencia común al bloque de los perdedores o con desventaja, a la reciprocidad de los propios sujetos afectados y la comprensión y el apoyo colectivo entre ellos. La conciencia social sobre los obstáculos o los adversarios se va reconfigurando y se debilita la visión normalizada de la capacidad de gestión positiva (u ordinaria) de las grandes instituciones y los líderes gobernantes. Y esa deslegitimación política del poder o las élites gerenciales e institucionales se contrapone con una participación y un apoyo masivos a la protesta social, con la legitimidad de agentes sociales significativos.

Por tanto, las ideas sobre estos elementos sistémicos de los jóvenes avanzados socialmente, al igual que la misma generación de la década anterior, se siguen basando en la cultura democrática, igualitaria y solidaria, pero se confrontan con otra realidad, se renuevan y reafirman. Ello da lugar a otras ideas fuerza, a la transformación del sentido e implicación práctica de esos valores. Y los jóvenes indignados, representados por el 15-M, expresan nuevas demandas y actitudes sociopolíticas y otras formas masivas de comunicación y protesta. En esa coyuntura, los jóvenes inconformistas y sectores amplios de la ciudadanía activa van conformando algunas ideas fuerza (no ideologías) y su contenido y su orientación, en general, son realistas e igualitarios.

Los tres factores que se encadenan en ese lustro 2010/2014, cristalizando la protesta social, son: gravedad de los problemas y recortes socioeconómicos para la mayoría de la sociedad; gestión política e institucional regresiva, y cultura democrática y de justicia social con la activación de distintos agentes y movilizaciones sociales. Supone la combinación de tres dinámicas: 1) descontento por el empobrecimiento, la desigualdad, la subordinación y la injusticia; 2) percepción de los responsables de esa situación y descrédito del poder establecido, y 3) movilización colectiva, deseo de cambio y expectativas y oportunidades transformadoras o de influencia.

El amplio proceso de protesta social y cívica estuvo simbolizado por el movimiento 15-M, pero fue más variado. Como tal proceso de activación progresista masiva se agotó en el año 2014, aunque esa experiencia colectiva tuvo una influencia decisiva en la conformación de un campo sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia. En el siguiente lustro, desde 2014/2015 hasta la actualidad, se produce una transformación cualitativa de los dos campos, el social y el político-electoral-institucional.

Por una parte, se debilita la activación cívica masiva y se agota ese proceso de movilización social, incluida la sindical (se produjeron tres huelgas generales en 2010 y 2012) y la de las mareas sectoriales (enseñanza, sanidad…). Aparte de algunas movilizaciones concretas como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la de los pensionistas, solo tiene una relativa continuidad en otro gran proceso singular de movilización progresista a partir de 2018: la cuarta ola feminista, contra la violencia machista, por la igualdad social y por la libertad para decir el propio proyecto vital, fortaleciendo los procesos de identificación feministas.

Por otra parte, se configuró el llamado espacio del cambio de progreso, en torno a Podemos y sus aliados, convergencias y candidaturas municipalistas, muchos de cuyos componentes, sobre todo jóvenes, se socializan en ese proceso participativo anterior. Así, junto con valores y mentalidades más democráticas, igualitarias y solidarias, se trasladan al campo electoral e institucional elementos de fondo que han pervivido durante toda esta década: democratización institucional y justicia social, con una recomposición del sistema representativo, el fin del bipartidismo y la constitución de las fuerzas del cambio, con cierta renovación de otras formaciones partidarias, en particular, el Partido Socialista.

Lo que se mantiene, a pesar de todos los esfuerzos de sectores poderosos para su desgaste, en particular su expresión política, es una base social amplia que llamo ‘nuevo progresismo de izquierdas’, con fuerte componente social, democrático, feminista y ecologista, compuesto sobre todo por gente joven, mayoría precaria, con identificación sociopolítica de izquierdas.

Aquel amplio proceso de movilización social progresiva del primer lustro de la década cuestionó las políticas regresivas de los poderosos, reafirmó la acción colectiva por mayor democracia y justicia social y configuró una gran corriente social crítica más igualitaria y solidaria. Y permitió, en su segundo lustro, la formación del llamado espacio sociopolítico y electoral del cambio de progreso, con una influencia institucional relevante, en el marco del acuerdo del Gobierno de coalición progresista, con el comienzo, lleno de límites y altibajos, de un proceso de reformas sociolaborales y democráticas significativas pese a las grandes dificultades estructurales y la oposición de las derechas y grupos de poder.

En definitiva, la experiencia de esta década permite clarificar la interacción de los procesos sociales de activación cívica con la conformación de las bases sociales de progreso y los fundamentos del cambio electoral e institucional. Es conveniente aprender de ella para abordar de forma realista pero ambiciosa los nuevos retos de esta nueva década.