Jueces no aptos para el consumo

Mientras todo el mundo protesta a la hora de echar unas horas extra, brilla el ejemplo de algunos jueces del Constitucional que llevan trabajando sin parar mucho tiempo después de que caduque su mandato. Eso sí que es amor al trabajo, cuando las togas, después de tanta reunión y tanto contubernio, deben de oler ya a gimnasio, a pescadería rancia y a champiñones con queso. Esto ocurre, entre otras cosas, por unos minúsculos defectos en la letra pequeña de la Constitución, un manual de instrucciones del IKEA en el que a nadie se le había ocurrido comprobar no sólo que sobraban piezas sino que algunos operarios podían montarse a sí mismos. Son las ventajas de vivir en una democracia sui generis donde los tres poderes son una hidra de tres cabezas, una forma de desgobierno denominada "monarquía bananera" que es el hazmerreír de medio mundo y la envidia del otro medio.

Nadie conoce muy bien el funcionamiento de nuestros altos tribunales, menos todavía la fecha de caducidad de estos jueces, que por lo que se ve siguen dando guerra mucho tiempo después de que se les pase el arroz. Con los yogures, los huevos y otros alimentos conviene no jugarse la salud; sin embargo, con los magistrados no hay acuerdo respecto a si son o no son aptos para el consumo democrático. He preguntado en diversos supermercados, en el Lidl, el Mercadona, el Día y el Ahorramas, a ver si podían sacarme de dudas, pero me han dicho que allí no hay jueces a la venta ni tienen la menor idea de dónde comprarlos.

En España apartan a una jueza del caso Gürtel, por su intimidad con el PP, y para recompensar los servicios prestados la meten directamente en el Tribunal Constitucional. Otros dos jueces son colaboradores habituales de FAES, fundación presidida por Jose Mari Aznar, y otro estuvo investigado por implicación en el caso Palma Arena. Llámenme desconfiado, pero eso de que los mismos jueces colocados por el PP bloqueen su propia renovación al tiempo que otros jueces le pegan carpetazo a la podredumbre de la caja B del PP y decidan que Bárcenas ya pueda asomar de nuevo el hocico por ahí, qué quieren que les diga, suena raro, a justicia de usar y tirar.

Detalles ideológicos aparte, con el dineral que gana uno de los magistrados del Constitucional (más de 140.000 euros anuales) es lógico que los tíos se resistan a que les licencien. Todas las cosas se esfuerzan en perseverar en su ser, decía Spinoza, y las togas no lo iban a ser menos: están animadas por una voluntad metafísica capaz de tumbar el proceso legislativo, la voluntad popular y lo que haga falta. España es un país donde abundan estas hazañas de ultratumba, al menos desde los tiempos del Cid, que no tenía la nacionalidad por unos pocos siglos, pero que ganó una batalla después de muerto mediante el procedimiento de subir la carroña al caballo, atarla bien, taparse las narices y enviarla a pelear contra los moros. Los pobrecillos salieron huyendo porque tenían la fea costumbre de lavarse todos los días y no estaban acostumbrados al pestazo.