El Tribunal Supremo ha salido de cacería. Esta vez van a por el fiscal general del Estado. Ya conocemos la dinámica: el Partido Popular señala, los jueces disparan y la prensa de derechas machaca. Ya andan diciendo los opinadores conservadores que es inédito tener a un fiscal general investigado por un delito. Y, sin embargo, cualquiera que conozca de cerca lo que está sucediendo solo puede pensar que lo inédito es tener un poder judicial tan politizado. Y con tanto desapego por la ley y el derecho como para usarlos constantemente con fines políticos.

La acusación en sí ya planteaba dudas: el Tribunal Supremo decidió investigar a Álvaro García Ortiz por si hubiera difundido mensajes privados de un ciudadano. Objetivamente no hay ningún indicio de que haya sucedido algo así; si hubiera pasado, es dudoso que fuera delito; y si lo fuera, nada sugiere que él sea el responsable.

No es evidente que haya delito porque no está claro que los correos de un abogado intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía sean, ni deban ser, documentos reservados. En muchos países esas negociaciones son públicas e incluso en el nuestro es difícil encontrar argumentos para defender su carácter reservado, pues se negocia un acuerdo que van a ratificar los tribunales. En este caso, además, parece que fue el propio abogado el que difundió en primer lugar los correos que, en ese momento, habrían dejado de ser privados.

Si creyéramos, sin embargo, que aún lo eran y que se cometió un delito al filtrarlos a la prensa, desde luego lo que no se conoce por ahora es ni el más mínimo indicio de que el autor de tal filtración sea el propio fiscal general del Estado.

No hay, desde luego, indicios suficientes para iniciar una investigación contra Álvaro García Ortiz. En el asunto no consta ni un solo dato que sugiera su implicación en la filtración. Ni uno. Si en vez de ser fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno socialcomunista hubiera sido un agente de Policía grabado en video agrediendo sin razón a un manifestante indefenso, les aseguro que casi ningún juez de España vería indicios suficientes para investigarlo por nada. Al fiscal comunista lo van a investigar a ver si encuentran algo de qué acusarlo los mismos jueces que creen que nunca hay bastantes pruebas para empezar a investigar a un policía... o a un compañero.

El propio presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo que ha abierto esta investigación, don Manuel Marchena -al que algunos jueces llaman, no sé con cuánto fundamento, el gran filtrador- ha reconocido en público a veces que en su sala se filtran documentos reservados. Y nunca ha abierto ninguna causa para investigar a nadie allí. Así que no es disparatado que la ciudadanía piense que estamos ante una cacería política.

Por si tuviéramos dudas, esta semana el juez instructor designado por el Supremo se ha descolgado con una medida inexplicable jurídicamente: ha ordenado a la Guardia Civil incautar todos los dispositivos y todos los correos de la Fiscalía general del Estado durante los últimos ocho meses.

Estamos ante una de las medidas más disparatadas y desproporcionadas imaginables. A pesar de que no hay indicios, el juez decide acceder no ya a los correos de las horas o días en que se produjeron las filtraciones, sino a todo lo que se ha hablado y discutido en la Fiscalía en los últimos meses. Durante doce horas los agentes recopilaron todo tipo de material delicado que después se llevaron para analizar. El instructor del Supremo va a tener así acceso a todas las investigaciones del fiscal general de España, hasta a las más delicadas. A todos sus documentos y mensajes fijando su estrategia en cualquier caso judicial. A todas las pruebas, hasta las más sensibles, recabadas en todo tipo de asuntos criminales. El perjuicio que se le puede hacer a la institución es imprevisible... como si el objetivo del juez fuera no ya investigar una filtración sino enterarse de todos los secretos de la Fiscalía en busca de quién sabe qué. Un auténtico atentado a la separación de poderes que, como todos los que cada vez con más frecuencia cometen nuestros jueces, va a quedar impune.

A la justicia se la suele representar como una señora con los ojos vendados. Se supone que para no ver a quienes comparecen ante ella y tratarlos a todos por igual. Esa idea le parecería ridícula a muchos jueces españoles: si no ven a quien tiene delante, ¿cómo van a saber si es de los suyos? Para ellos no tiene sentido disponer del terrible poder que el Estado de Derecho les otorga a los magistrados si no pudieran utilizarlo para defender a los partidos políticos con los que comulgan y atacar al resto.

La falta de imparcialidad objetiva se está volviendo, por desgracia, una de las señas de identidad de la Justicia española. Nuestros jueces acceden a sus puestos demostrando exclusivamente que tienen muy buena memoria. No sólo no se les exige ser capaces de aplicar sus conocimientos en la práctica, sino que, sobre todo, no reciben ningún tipo de formación acerca de cómo debe comportarse un juez democrático y de la importancia de aparecer ante la sociedad como árbitros neutrales que aplican las normas con imparcialidad.

A su pésima formación en estos temas se suma ahora la poca vergüenza. La rutina de centenares de jueces españoles incluye pasarse un rato por la mañana en alguna red social, desde sus despachos, insultando al Gobierno, a los progres y a cualquiera que no piense como ellos. Cuando se han desahogado así, entran en sala y se disponen a impartir justicia, pretendiendo que creamos que lo hacen con imparcialidad. Tuvieron el descaro de manifestarse, vestidos con las togas que solo deben usar para su trabajo, contra una ley demasiado conciliadora que discutía el Parlamento.

En estas circunstancias a los profesores de Derecho cada vez nos cuesta más trabajo explicar el sistema judicial español en el marco de la Constitución sin caer en el terreno de la ficción. Es ridículo pensar que el juez que ve terrorismo en empujar un carrito de aeropuerto si lo hace un independentista, el que cada día inventa un delito nuevo contra la mujer del presidente del Gobierno o el que incauta sin fundamento toda la documentación del fiscal general del Estado actúan como jueces y no como soldados de una ideología política.

El acoso al fiscal general es solo la más reciente de sus cacerías políticas. Y cuando los jueces salen de cacería lo mejor que hacen los inocentes y la ley es esconderse. Porque van a por ellos.