Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja, no abre vías inútiles en el juicio de la DANA, a diferencia de algunos de sus colegas instructores, especialistas en ampliar causas de manera prospectiva, hacer malabarismos procesales e imputar a testigos a lo loco. Jueces de pandereta, redes sociales y focos mediáticos que convierten en un macro juicio la casquería de las acusaciones populares que funcionan como sicarios. Hazte Oír se ha quedado fuera de la causa por no dirigirse contra los investigados principales y errar el tiro. No ha ofrecido un análisis global de la normativa aplicable, tan acostumbrados, como están, a moverse a base de tendenciosos recortes de prensa. Manos Limpias también ha sido expulsada porque ha pretendido, como suele, ejercer de juez y parte. La acusación unificada tampoco ha sido admitida.

Ruiz Tobarra ha recibido un informe técnico que identifica 357 "fallos críticos" en la gestión autonómica de la emergencia, lo que refuerza la línea de investigación sobre posibles responsabilidades penales de los altos cargos de la Generalitat.

La Audiencia Provincial de València, una de las más respetadas por su rigor jurídico y su planteamiento garantista, ha avalado de plano el enfoque de la causa. El auto refrenda que la Generalitat Valenciana ostenta la competencia en materia de protección civil ante las emergencias y que la entonces titular de la Conselleria de Justicia e Interior, la investigada Salomé Pradas, ejercía el "mando único" en la respuesta a la catástrofe del 29 de octubre. Empieza a ser de agradecer la seriedad de la Audiencia vistas las muchas otras que encubren las diligencias de juzgados incompetentes con tejemanejes y tintes endogámicos.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, nunca tuvo la "posición de garante" que es formalmente necesaria en el marco de los delitos de comisión por omisión. Por la misma razón, tampoco procedía la declaración como investigados del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o del que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Ni son garantes, ni tiene lógica citar a quien no ha cometido delito alguno. Es increíble que algo de sentido común resuene hoy en España como si fuera el descubrimiento de la pólvora. Hoy hay instrucciones bien conocidas que consisten solo en estirar el chicle y evitar que las causas se centren en depurar responsabilidades.

Queda claro que el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación en materia de protección civil. Y que era quien tomaba las decisiones. Pradas pudo pedir al Ministerio del Interior que declarara la situación de emergencia de interés nacional, pero es que ni siquiera sabía que existía el sistema de alerta. Ahora se ve que era pedir peras al olmo.

La ausencia de Mazón en el CECOPI, paradójicamente, augura un auténtico infierno para Salomé Pradas. 228 homicidios y decenas de lesiones imprudentes es una cifra de dimensiones estratosféricas. Se acumulan las pruebas contra ella y su número dos, Emilio Argüeso. Grosera negligencia. Pinta mal. Al Sr. Argüeso no se le permitió declarar por videoconferencia, en pijama y zapatillas, como pretendía, dada la importancia y la gravedad del caso que, por lo que parece, no lograba dimensionar.

Las defensas están desesperadas y han intentado de todo. Salomé Pradas ha llegado a presentar un escrito al CGPJ solicitando la suspensión cautelar de la jueza de Catarroja por falta de imparcialidad, en lugar de recusarla o recurrir a la Audiencia Provincial, que es lo suyo, porque no la va a secundar. La queja desliza que ha existido una posible intervención de personas ajenas a la causa, en la idea de que su marido estaría asesorándola en el procedimiento. La estrategia no solo es machista, deplorable y carente del menor recorrido judicial, sino que es una exhibición a lo bonzo de la intención de embarrar por elevación y dilatar los tiempos. Resulta, además, que el marido de marras pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y abrió juicio oral contra el hermano del expresident socialista de la Generalitat Valenciana. Lo que solo puede traducirse, literalmente, como un tiro en un pie.

Seguro que Pradas y Argüeso han recibido con alivio que la Fiscalía de València quiera abrir un nuevo frente judicial contra Mazón, ileso todavía.

"No vamos a marearos con más avisos". Ese no era el final del audio filtrado y manipulado que lanzó el president a las redes. Se quiso responsabilizar a la AEMET por la falta de diligencia de la Generalitat lanzando bulos y desinformando en un momento crítico. Mientras, su señoría disfrutaba de copa y puro en El Ventorro. Semanas antes, ya se había difundido desde la Presidencia otro audio cortado, en este caso de una reunión interna de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para acusarla de no avisar de las crecidas del barranco del Poyo y el riesgo en la presa de Forata. Y también se filtró un audio de Pilar Bernabé en el CECOPI donde se supone que no se levantan actas ni se graban las reuniones. Todo inútil.

"A las 15.00 horas empezará lo peor". Esa fue la frase lapidaria de la técnica de la AEMET que quisieron hacer desaparecer y esa será ahora la espina dorsal de un posible juicio contra Mazón.

Nuria Ruiz Tobarra está determinada a conocer la verdad entre múltiples versiones, mentiras y desmentidos. Su iniciativa más loable ha sido la de incorporar los relatos de los familiares de las víctimas situándolas donde merecen estar y dejando al descubierto no solo la negligencia política sino la falta de estatura moral de las autoridades valencianas. Hablan quienes perdieron a sus seres queridos, madres, padres, abuelos y abuelas, hermanos, hijos, amigos, vecinos… El juicio amplifica la voz que recuerda y recordará siempre a quienes nunca debieron morir. A quienes no se les dio la más mínima posibilidad de protegerse. Muertes evitables por las que algunos tendrán que pagar.

La jueza de Catarroja marcará la historia judicial de nuestro país. Será una referencia en la rendición de cuentas institucional que tanta falta nos hace y nos permitirá recobrar la credibilidad en la gestión judicial de las crisis a gran escala. Pase lo que pase, será ya como lluvia fina en el desierto.