'Lawfare' y 'lawlove'

Recuerdo vagamente la primera vez que Pablo Iglesias pronunció la palabra lawfare en debate público y el escándalo que se montó. No hace tantos años, quizá tres o cuatro. El fundador de Podemos ya había abandonado la política profesional, pero la machosfera mediática seguía insistiendo en propalar que movía los hilos y ventrilocutaba a las marionetas Ione Belarra e Irene Montero, entre risas sobre rodillas descarnadas y otras lindezas de braguetera vulgaridad.

Pero la palabra lawfare la pronunció Iglesias y aquello pareció el acabose. No solo el facherío se agitó cual gallinero bajo el planear de los halcones. También la izquierda moderada, esa que parece más moderada que izquierda, o sea, el PSOE y sus adláteres, se rasgaron las vestiduras y, desnudos, se postraron ante las togas: el rojo irresponsable cuestiona nuestro Estado de derecho, nuestra fe en la Justicia es inquebrantable, los socialistas creemos en la ejemplaridad de nuestros jueces, hay que respetar las decisiones judiciales, poner en duda uno de los pilares de nuestra democracia es terrorismo, y lo del portavoz popular en el Senado en 2018, Ignacio Cosidó, presumiendo en un wasap de “controlar por detrás la sala segunda del Tribunal Supremo”, era solo un chascarrillo.

Muchos togados progresistas, si es que tal rareza zoológica existiere, también guardaron silencio o despreciaron la existencia de lawfare con displicente corporativismo: Iglesias es un buen chico, pero no sabe de leyes.

Ahora tanto PSOE como magistrados progresistas ya hablan abiertamente de lawfare, sobre todo desde que los jueces han traspasado la línea rojiazul y ya no solo encaloman a podemitas, cantantes, poetas, feministas, maestros, médicos precarios y abuelas inquiokupas.

Anda el magistrado José Antonio Martín Pallín promocionando su libro Visto para sentencia (Ed. Siglo XXI), y el otro día daba una estupenda entrevista al periódico La Nueva España. Le preguntaron si estaba en peligro la independencia judicial: “La independencia, en estos momentos, yo diría que incluso está peligrosamente aumentada. La Constitución dice que los jueces tienen responsabilidad y, por lo que se ve, hay algunos jueces, véase el señor Peinado, que pueden hacer lo que les da la gana y no hay ninguna responsabilidad”. Y continúa: “Ahora vemos lo que se está haciendo con la esposa y el hermano del presidente del Gobierno o con el fiscal general del Estado, que es un verdadero golpe de Estado en miniatura”.

Con todo mi cariño y respeto a Pallín, sus palabras son tan prudentes que se convierten en cómplices. No existen los golpes de Estado en miniatura, como no existen los asesinatos en miniatura ni las violaciones en miniatura. El miedo a decir la verdad hace débiles a las democracias. Y el disimulo corporativista de los jueces escandalizados nos hace descreer de todos los jueces, incluso de aquellos que se erigen como baluartes de una Justicia no politizada.

Desde mi ignorancia, me hago mil preguntas: ¿no pueden estos jueces ya inactivos (o los activos) llevar las decisiones arbitrarias de sus colegas ante los tribunales, y no solo a los libros y las tertulias? Si queremos salvar la libertad, quien pueda hacer, que haga, que diría el sabio Aznar.

Ahora que ya parece que en España está unánimemente admitido que vivimos bajo las veleidades del lawfare, también habría que acuñar el término lawlove, que es el que lleva a ciertos jueces a ignorar evidencias probatorias contra dirigentes de derechas.

Voy a repetir lo que ya ha dicho mucha gente. José Luis Rodríguez Zapatero está imputado como líder de una organización criminal por unos dimes y diretes. Mariano Rajoy, que aparecía en los papeles de Bárcenas como beneficiario de dinero negro, documentos autentificados en peritaje judicial, se libró de que nadie investigara quién era M. Rajoy. María Dolores de Cospedal, a quienes todos hemos escuchado pidiéndole al cloaquero Villarejo que le consiga “la libretita”, tampoco está imputada.

Yo no sé si Zapatero y los familiares de Pedro Sánchez son víctimas del lawfare o culpables. Lo que sí se puede asegurar es que los Rajoy y Cospedales son beneficiarios del lawlove. Los quiere tanto la Justicia que se pone ciega de amor, y no de imparcialidad. Pero quien puede hacer, no hace.