Le Pen vuelve a la carrera presidencial

Marine Le Pen inauguraba esta semana la carrera hacia el Palacio del Eliseo, anunciando –en un programa de televisión– que finalmente será candidata presidencial el próximo año. Lo hacía solo unas horas después de que el tribunal de apelación confirmara su condena de abril del año pasado por malversación de fondos, pero rebajara la sentencia inicial de "ineligibilidad" para cargo público de cuatro años a quince meses. Así, se le abría la puerta a poder presentarse –dado el tiempo transcurrido desde la sentencia con ejecución provisoria dictada en marzo del 2025–.

A pesar de que la propia Le Pen había anunciado que no se presentaría si le mantenían la obligación de llevar un brazalete electrónico, como el ex presidente Sarkozy, al considerarlo incompatible con las exigencias de una campaña presidencial. Han podido más las incertidumbres que se abrían ante su relevo (hasta ayer la triple candidata a las elecciones presidenciales —finalista en 2017 y 2022— era la favorita según todas las encuestas) para suceder a Emmanuel Macron, que la palabra dada. Aun así, ya adelantó que apelará al Tribunal de Casación en febrero del 2027 para intentar anular la obligación de llevar un brazalete electrónico.

De hecho, la condena de inhabilitación abría una serie de incógnitas importantes en la ultraderecha francesa que parecía que podía estallar si finalmente Le Pen no hubiera encabezado las presidenciales. La retirada de la lideresa ultraderechista abría la puerta de la candidatura al presidente del partido, Jordan Bardella. Aunque Marine Le Pen acogió políticamente a Bardella cuando apenas superaba los veinte años y lo convirtió en el gran delfín del partido, el joven dirigente lleva tiempo marcando distancias con su mentora. Sintiéndose más cómodo con un estilo próximo a la derecha clásica, proclive a los pactos con Los Republicanos y más cercano al poder y a las élites económicas y empresariales. Habitual de las revistas de moda y del corazón, y pareja de la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, Bardella proyecta una imagen radicalmente distinta a la de Le Pen.

Pero no solo una imagen, sino también una política distinta. Mostrando divergencias estratégicas en asuntos fundamentales como la relación con las derechas —la tradicional y la extrema— y la posible cooperación al estilo italiano o incluso español. Pero también respecto al tono del discurso: frente a un Bardella más conservador e institucional, Le Pen sigue privilegiando el marco «pueblo contra élites» por encima del clásico eje izquierda-derecha.

La gran incógnita que sobrevolaba Reagrupación Nacional es hasta qué punto el partido sería capaz de mantenerse unido ante una inédita bicefalia entre Le Pen, líder indiscutible del partido, y Bardella, candidato presidencial. Se trata de una organización de tradición bonapartista, profundamente vertical y gestionada históricamente por una misma familia, en la que por primera vez —y por causas ajenas a su voluntad—, el liderazgo electoral recaerá en alguien que no lleva el apellido Le Pen. A ello se suma la posibilidad de un giro más liberal-conservador por parte de Bardella, que muchos cuadros podrían interpretar como una ruptura con las líneas fundacionales de RN. La candidatura de Le Pen permite alejar –por el momento– todas estas incógnitas del escenario de la ultraderecha francesa.

Aún con la rebaja de penas, Le Pen y Reagrupación Nacional (RN ) han mantenido la agresiva campaña mediática contra el sistema de justicia francés que inauguraron a partir de su condena el abril pasado, de cara a desviar el foco del contenido de la sentencia por malversación de fondos públicos —que afectaba no solo a su líder, sino también al propio partido— y centrar el debate en la supuesta conspiración del establishment contra ellos. Esto ha supuesto una victoria en sí misma para la ultraderecha. No solo ha conseguido amortiguar el impacto de la etiqueta de dirigente corrupta, sino que la popularidad y la intención de voto de Le Pen apenas se han resentido desde la sentencia dictada en abril del año pasado. Además, ha logrado apropiarse del papel de víctima, desempolvando su viejo discurso contra las élites, el establishment político y el sistema judicial.

El "Gobierno criminal de Pedro Sánchez" lleva "siete años cabalgando sobre la mentira, la traición, la división y la corrupción". Así se expresaba Santiago Abascal desde la tribuna de Mormant-sur-Vernisson, al sur de París, durante el encuentro de Patriots for Europe celebrado el año pasado. Mientras arremetía contra la supuesta corrupción del Ejecutivo español, exculpaba a su homóloga francesa y anfitriona del acto ultraderechista, Marine Le Pen, condenada días antes de este mitin. Alentando así la teoría conspirativa del victimismo como forma de deslegitimar la sentencia contra la dirigente francesa: "Debemos entender que la persecución contra nosotros no será una excepción, sino que será la norma".

La retórica anticorrupción no es ni mucho menos una peculiaridad exclusiva de Vox. La extrema derecha global ha hecho de este tipo de discursos una de sus principales armas de movilización, articulando registros muy diversos: desde la estigmatización de la izquierda como intrínsecamente corrupta hasta su utilización en la guerra cultural contra lo público, pasando por la agitación antipolítica contra la partidocracia o el victimismo defensivo cuando los corruptos son ellos mismos, como evidencia el reciente caso francés con la condena de RN y de más de una veintena de sus dirigentes.

Así, cuando los adalides de la anticorrupción son condenados por corrupción, nos encontramos ante un cambio sustancial de discurso y de gramática. Ya no se trata de una corrupción supuestamente inherente a determinadas ideas o propuestas políticas, sino de una ofensiva judicial con fines políticos: el lawfare. Esta narrativa de persecución es utilizada para victimizarse, monopolizar el debate público, posicionarse como outsiders de un sistema generador de malestares crecientes y presentarse como defensores de una democracia secuestrada por el establishment que los hostiga.

Un buen ejemplo del aprovechamiento político de los procesos judiciales es Donald Trump, que consiguió convertir sus problemas judiciales durante los meses previos a la campaña en una poderosa herramienta electoral, presentándose como víctima del "Estado profundo" estadounidense. Así, logró transformar la aparente debilidad de estar imputado —e incluso condenado— en una fortaleza simbólica para su candidatura. En la misma línea, Le Pen ha reinterpretado su condena por corrupción como una maniobra judicial contra la democracia que no solo la inhabilitaba políticamente, sino que —según su relato— vulneraba el derecho al voto de millones de franceses.

Ahora, con su presencia en las próximas elecciones, el discurso de la maniobra judicial contra la democracia pierde fuerza, ganando peso la propia condena por corrupción. De hecho, la obligación de llevar un brazalete electrónico es un elemento que podría marcar buena parte de la campaña, haciendo mucho daño simbólico a RN. Toda la distancia que Le Pen ha intentado marcar a lo largo de su carrera política con los numerosos casos de corrupción de la derecha francesa, desde Jacques Chirac a Nicolas Sarkozy, se le puede volver en su contra. Hacer una campaña con un brazalete penitenciario la homologaría con sus principales rivales políticos en el lado derecho del tablero.

Aunque no podemos descartar una nueva maniobra de la inteligente dirigente ultraderechista para desviar el foco de atención de su tobillera electrónica o incluso que el tribunal de Casación en febrero falle en su favor. Por el momento, la única certeza es que, una vez más, como en los últimos cuarenta años, las elecciones presidenciales francesas tendrán a un candidato con el apellido Le Pen.