La 'ley del concebido no nacido' y el derecho al aborto

Las batallas políticas no siempre empiezan cambiando las leyes. A menudo empiezan cambiando las categorías con las que las instituciones nombran la realidad.

La Asamblea de Madrid acaba de aprobar una ley que permitirá que el concebido no nacido compute como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos. Feijóo ya ha anunciado que si gobierna, impulsará una ley similar de ámbito estatal. 

Entre otras consecuencias, quienes esperen un tercer hijo podrán acceder antes al reconocimiento de familia numerosa y a determinadas ayudas autonómicas desde la semana catorce de embarazo.

A primera vista, podría parecer una modificación puramente administrativa. Y, en efecto, jurídicamente esta norma no modifica la legislación estatal que regula el derecho al aborto. Sin embargo, creo que su verdadera importancia no reside ahí.

Reside en el plano simbólico y político.

El sociólogo Pierre Bourdieu defendía que el Derecho no se limita a regular la realidad, sino que ejerce un poder simbólico capaz de producirla mediante las categorías que reconoce y legitima. Años después, la socióloga del Derecho Carol Smart insistiría en una idea similar desde el feminismo: el Derecho nunca es un lenguaje neutral. También construye formas de comprender el mundo, establece jerarquías y define qué realidades adquieren reconocimiento institucional.

Por eso esta ley merece una reflexión que va mucho más allá de sus efectos administrativos.

Cuando la Comunidad de Madrid decide que el concebido no nacido puede computar como miembro de la unidad familiar, no está únicamente adelantando el acceso a determinadas ayudas. Está introduciendo una nueva categoría de reconocimiento institucional. No atribuye personalidad jurídica al concebido ni modifica el régimen legal del aborto. Pero sí desplaza, aunque sea ligeramente, el marco desde el que las instituciones comienzan a nombrar y reconocer el embarazo.

Y los marcos importan.

Las grandes transformaciones jurídicas rara vez comienzan suprimiendo derechos de un día para otro. Antes suelen modificar las categorías desde las que esos derechos se interpretan. Cambia el lenguaje. Cambia aquello que empieza a parecer razonable. Cambia el sentido común que sostiene posteriormente las decisiones políticas.

Por eso creo que esta ley no puede analizarse como un hecho aislado.

En los últimos años hemos visto cómo distintos gobiernos del PP y, especialmente, Vox han impulsado iniciativas que, sin modificar directamente la legislación estatal sobre el aborto, sí intentan desplazar el debate sobre cuándo comienza la vida y qué reconocimiento debe otorgarse al concebido. Ahí están propuestas como la impulsada en Castilla y León para ofrecer la escucha del latido fetal antes de abortar, presentada finalmente como una medida voluntaria tras la controversia política y jurídica que generó. Ninguna de estas iniciativas cambia por sí sola la ley del aborto. Pero todas parecen apuntar en una misma dirección: mover, poco a poco, el marco simbólico desde el que el aborto se piensa y se debate.

Ese desplazamiento importa porque los derechos no dependen únicamente de los textos legales. También dependen del imaginario político y cultural que los sostiene. Las categorías jurídicas nunca son completamente inocentes. Cuando una institución pública comienza a reconocer una nueva categoría, no solo produce efectos administrativos. También contribuye a transformar aquello que una sociedad considera reconocible, legítimo y evidente.

No sostengo que esta ley restrinja hoy el derecho al aborto. No sería correcto afirmarlo. Lo que sostengo es que introduce un desplazamiento conceptual que puede contribuir a modificar el terreno sobre el que, mañana, se discutirán nuevas propuestas políticas en torno a ese derecho. Y precisamente por eso merece ser analizada más allá de su apariencia técnica.

Mientras tanto, hay otra realidad que continúa esperando respuestas.

España sigue situándose entre los países de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil. Los hogares monoparentales —encabezados mayoritariamente por mujeres— presentan uno de los mayores riesgos de pobreza o exclusión social, el 50,6%. Miles de niños y niñas ya nacidos crecen con dificultades para acceder a una vivienda digna, a una alimentación adecuada o a recursos suficientes para garantizar una infancia en condiciones de igualdad.

Resulta difícil no preguntarse por las prioridades cuando la innovación institucional se dirige a ampliar el reconocimiento administrativo de la vida gestada mientras las condiciones materiales de tantas vidas ya nacidas continúan sin ocupar el mismo lugar en la agenda política.

Quizá por eso el término "provida" siempre me resulta poco apropiado. Si proteger la vida significa únicamente ampliar el reconocimiento de la vida prenatal, pero no garantizar las condiciones materiales que hacen posible una vida digna después del nacimiento, entonces el concepto deja fuera una parte esencial de aquello que dice defender.

Porque la protección de la vida no termina en el parto.

Empieza, precisamente, cuando esa vida llega al mundo.