Por una ley contra la impunidad del franquismo

Por Rosa García, presidenta de La Comuna

Si se cumple lo previsto, el próximo 14 de julio el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados la tramitación última del Proyecto de Ley de Memoria Democrática que se presentó hace justamente un año.

Mucho se ha escrito sobre este tema en los últimos días y, aunque se han admitido algunas enmiendas que mejoran, en cierta forma, el texto del proyecto de ley, lo cierto es que no responde a las exigencias y planteamientos que desde CEAQUA y otros grupos memorialistas se vienen haciendo desde hace años. Porque la cuestión clave que debería responder este proyecto de ley es si se asegura el derecho a la justicia para las víctimas del franquismo: ¿las víctimas y sus familiares van a poder obtener sentencias judiciales que contribuyan a esclarecer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la guerra, la dictadura y la transición? ¿Se va a acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo?

Los principios fundamentales en los que se asienta el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario son: verdad, justicia y reparación, como garantías de no repetición:

• • • Verdad para que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general conozcan lo ocurrido.
    • Justicia para procesar a los autores, cómplices, encubridores y organizadores de los graves delitos contra los derechos humanos y hacer a los Estados responsables de esa investigación y de su judicialización. Su objetivo principal es impedir o acabar con la impunidad de esos crímenes
    • Reparación para que tanto las víctimas como sus familiares reciban el apoyo necesario para superar los daños ocasionados y recuperar lo perdido.

• • Verdad para que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general conozcan lo ocurrido.
  • Justicia para procesar a los autores, cómplices, encubridores y organizadores de los graves delitos contra los derechos humanos y hacer a los Estados responsables de esa investigación y de su judicialización. Su objetivo principal es impedir o acabar con la impunidad de esos crímenes
  • Reparación para que tanto las víctimas como sus familiares reciban el apoyo necesario para superar los daños ocasionados y recuperar lo perdido.

• Verdad para que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general conozcan lo ocurrido.

• Justicia para procesar a los autores, cómplices, encubridores y organizadores de los graves delitos contra los derechos humanos y hacer a los Estados responsables de esa investigación y de su judicialización. Su objetivo principal es impedir o acabar con la impunidad de esos crímenes

• Reparación para que tanto las víctimas como sus familiares reciban el apoyo necesario para superar los daños ocasionados y recuperar lo perdido.

Los tres derechos no son intercambiables; al contrario, no puede haber uno si falla otro. El derecho a la justicia comienza con la definición propia de víctima de violaciones de los derechos humanos, algo fundamental porque la correcta y clara definición de víctima del franquismo y la transición es una fundamental para obtener el reconocimiento y la categoría jurídica que corresponde a las víctimas y para poder ejercer los derechos que les asisten como tales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Políticos y Civiles y cualquier otra directiva, norma o declaración sobre el derecho de las víctimas de delitos contra la humanidad.

En el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que se va a votar no se ha modificado nada de los artículos que se refieren al tema de Justicia, curiosamente. A pesar de que en la Exposición de Motivos se dice: “que habrá de ser garantizado a través de investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas durante la guerra y la Dictadura”, en el texto de la Ley solo se le dedican dos artículos (28 y 29) y dos disposiciones finales (primera y tercera). En estos artículos y disposiciones se derivan hacia la jurisdicción voluntaria, de carácter civil y no penal, la investigación o resolución de los graves delitos contra los derechos humanos que sucedieron durante la guerra, la dictadura y la transición.

Se nos presentan serias dudas: ¿Se garantiza el acceso a la justicia tal y como está definida por el Derecho Internacional? ¿Puede la Jurisdicción Voluntaria acabar con la impunidad del franquismo? Porque para conocer quiénes fueron “los autores, cómplices, encubridores y organizadores de los graves delitos contra los derechos humanos” es preciso asegurar una investigación judicial que lleve a los victimarios que aún viven (por ejemplo Martín Villa, Solsona, Honrado de la Fuente,…) al banquillo de los acusados y a los victimarios que han muerto, que se conozcan sus nombres, sus cargos, sus delitos. Y justamente eso, la vía penal para juzgar los crímenes del franquismo y la transición, es lo que no queda claramente asegurado en el articulado de este proyecto de ley.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, a la que pertenece La Comuna, asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista, ha publicado el siguiente Manifiesto en el que se plantea su postura ante el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y que recogemos íntegramente:

MANIFIESTO
DE LA COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA) ANTE EL PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA PENDIENTE DE APROBACIÓN FINAL EN EL CONGRESO ESPAÑOL

Es evidente que el actual proyecto de Ley de Memoria Democrática, en su redacción oficial actual e incluidas las enmiendas aceptadas y transaccionadas conocidas, contiene una serie de mejoras importantes en relación con la situación legal anterior, como no podía ser de otra forma, dado el poco desarrollo de la Ley de Memoria vigente y la lucha e insistencia con que las organizaciones memorialistas, integradas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) han venido desarrollando desde hace años. En este Proyecto de ley se recoge una amplia definición de víctima del franquismo; la creación de un censo de las mismas; se elaborará un mapas de fosas y se hace responsable al Estado de la búsqueda de desaparecidos y las exhumaciones; se declara la nulidad de los tribunales franquistas y sus sentencias; se crea un Banco de ADN; se destaca la memoria y la investigación de la lucha de las mujeres y se implementa el estudio obligatorio de la memoria histórica en ámbito educativo, entre otros temas. Aun así, vemos con preocupación que el proyecto resultante sigue asentándose en los pilares fundamentales que conforman el régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo que venimos arrastrando desde hace ya 45 años.

En el ámbito de la VERDAD, consideramos que el reconocimiento de la misma es parcial e interesado, pues sigue invisibilizando y, por ello, protegiendo a los victimarios. Si no hay investigación judicial no puede establecerse una ‘verdad jurídica’ sobre los hechos acaecidos. Además, el mantenimiento en vigor de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos. Igualmente, el hecho de que el proyecto de Ley de Bebés Robados esté paralizado en el Congreso de los Diputados desde hace dos años, está contribuyendo a que queden impunes estos graves delitos.

En lo que respecta al derecho a la JUSTICIA los déficits son mayores, pues se siguen cerrando las puertas de los tribunales del Estado a las exigencias planteadas por las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo: asesinatos, desapariciones, bebés robados, trabajo esclavo, torturas, cárcel, exilio, expolio patrimonial... Parece que la investigación que se supone llevaría a cabo el Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria que se crearía, derivaría hacia la jurisdicción voluntaria y no hacia la penal. Por si fuera poco, la Ley de Amnistía de 1977 no se anula ni deroga y el derecho internacional referido a esta materia sigue sin ser reconocido, con lo que nos hace temer que no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura y la Transición

Evidentemente, si partimos de una verdad parcial e interesada y de la negativa a acceder a la Justicia, la REPARACIÓN derivada de lo anterior, lejos de ser integral, se queda, como ya está ocurriendo en muchos casos, en algo puramente mediático-administrativo, en el terreno “moral” y no jurídico, que es como señala el derecho internacional. Y, hasta el momento, se cierra la posibilidad de que los expolios patrimoniales padecidos sean revertidos y los daños causados sean justamente compensados e indemnizados.

Por último, debido al silenciamiento, protección y amparo otorgado a los victimarios y a la ya señalada negativa a abrir las puertas de la Justicia a las exigencias de las víctimas, las GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN de las vulneraciones de derechos humanos padecidas durante el franquismo quedan muy en entredicho. Reclamamos a los grupos que conforman el Gobierno y a todos aquellos que han afirmado la necesidad de acabar con el actual régimen de impunidad para con los crímenes franquistas, que no cierren en falso esta oportunidad histórica y actúen en consonancia con las reiteradas exigencias de los organismos internacionales y del propio movimiento memorialista. Porque cerrar las heridas aún abiertas por los crímenes del franquismo exige algo más que conformarse con las mejoras parciales que el Proyecto de Ley de Memoria Democrática contiene.

Por todo ello, desde CEAQUA hacemos un llamamiento expreso a los grupos parlamentarios para que exijan, en esta última etapa, la incorporación de las demandas expuestas y que resultan imprescindibles para revertir el modelo de impunidad actual.

En caso contrario, una vez más, se dejará en el más absoluto desamparo judicial a las víctimas del franquismo, sus familiares y al conjunto de la sociedad, reforzando la negación de derechos fundamentales que tan severamente ha sido censurada desde instancias internacionales, básicamente, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Julio de 2022