Apenas 4.000 personas apoyaron el pasado fin de semana en Madrid la manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, a la que se opone, incluso, la ONU. Pese al firme apoyo de la derecha (PP, Cs y Vox), el pinchazo es más que evidente y, aun así, comprobar cómo una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quieren ser juez y parte es preocupante. Cuando buscan ser más temidos que respetados, algo está fallando.

Escuchar a los portavoces de dos de las formaciones que impulsaban la manifestación, como la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato policial (JUPOL), evidencia cómo las posturas ultras están muy presentes en ambos Cuerpos. En su paso por un programa del canal de televisión de la Conferencia Episcopal, el portavoz de JUCIL, Agustín Leal, decía defender el Estado de Derecho al tiempo que hablaba de "golpe de Estado en Catalunya", alineándose así con el discurso de la extrema derecha y en contra de las sentencias de nuestra Justicia.

A su lado se encontraba Pablo Pérez, de JUPOL, que calificaba al actual Gobierno como el más dañino con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por querer adoptar medidas como, por ejemplo, que sea un juez quien decida si alguien es culpable o inocente. Y es que, con la actual Ley Mordaza promovida por el imputado por las cloacas del Estado Jorge Fernández Díaz (PP) cuando era titular de Interior, la subjetividad de un policía o guardia civil basta para que uno se pueda llevar a casa una multa cercana a los mil euros.

Si el agente considera que has elevado de más el tono de voz, le has echado una mala mirada o no has obedecido con la celeridad que él exige, es suficiente para que te sancione sin que puedas recurrir a ningún tribunal, sin que nadie escuche tus argumentos o vea las pruebas que demuestran tu inocencia. Eliminar este claro abuso de autoridad, piensan en JUCIL y JUPOL que es criminalizarles. Quienes se manifestaron el fin de semana, quienes defienden esa postura buscan implantar unos cuerpos represores que sean quienes deciden quién es y quién no un criminal, eliminando de un plumazo la presunción de inocencia.

El objetivo de la ley acuñada por el retrógrado Fernández Díaz era claramente la represión, imponer el miedo, que no el respeto, por quienes debieran protegernos y ayudarnos. Arriesgarse a que el capricho de un agente, como estamos sufriendo en nuestro gremio de prensa, imponga duras sanciones económicas desincentiva a la ciudadanía a acudir a manifestaciones y a los medios cubrirlas. Pretende extender la máxima de que el Estado ostenta el monopolio de la violencia y elimina la posibilidad de diálogo o réplica a un agente son pena de sanción.

El Gobierno de coalición llega muy tarde en la derogación de esta ley y ni siquiera está claro que lo vaya a hacer. Si uno escucha a JUCIL y JUPOL están convencidos de que la reforma saldrá adelante antes de que termine la legislatura, justificándolo con el manido discurso de que el PSOE ha de ceder a sus socios de investidura para mantenerse en los sillones. Si por el contrario uno habla con esos mismos socios de investidura, éstos se muestran más bien pesimistas al respecto, deslizando que el PSOE mantendrá en la reforma ciertos artículos represores.

Cuando las mismas Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional han criticado el retroceso en derechos y libertades que trajo consigo la Ley Mordaza, asistir a su defensa por parte de una parte de la policía y guardia civil inquieta. Temerlos en lugar de respetarlos no conduce a nada bueno, ni siquiera para ellos, que con esa postura no parecen ver más allá de lo que alcanzan sus porras.