La libertad sexual según el PP

El nivel de aceptación social de una cultura política feminista que apueste por la autonomía de las mujeres es todavía muy bajo. Tanto el reciente desestimiento de Elisa Mouliaá, al retirar su acusación particular en la denuncia contra Íñigo Errejón, como la acogida social de la propia noticia lo ponen de manifiesto. Quienes no la creyeron cuando denunció, sienten ratificadas sus sospechas con esta decisión. Para sus "detractores" Mouliaá, que quiso incitar con su ejemplo a otras mujeres que habían ofrecido su testimonio en redes sociales para que dieran el mismo paso que ella, carece totalmente de credibilidad.

Elisa Mouliaá ha hecho lo que ha querido en el ejercicio de su autonomía y se ha quebrado y ha desistido cuando ha visto que no podía más. Si su proceso nos resulta errático o tortuoso no es porque ella en particular o las mujeres en general no sepan lo que quieren. Tampoco es porque alberguen intenciones ocultas o espurias; es porque, en general, la sociedad no está preparada aún para acompañar el sufrimiento y las consecuencias sociales de la violencia sexual. En el caso de Mouliaá el feminismo, como bien dice Cristina Fallarás, tampoco ha sabido acompañarla como hubiera merecido. 

Todas las feministas debemos reflexionar sobre esta cuestión. Y la sociedad en su conjunto debe hacerlo sobre qué esperamos que hagan/hagamos las mujeres después de recibir acoso o una agresión. Debemos meditar, pero no tanto sobre cuál creemos que es la respuesta correcta, sino sobre porqué creemos que hay una manera correcta de responder.

El patriarcado ha generado históricamente los dispositivos que garantizaban la subordinación sexual de las mujeres. Estamos en un momento en el que estos dispositivos se han sofisticado de tal manera que aunque se ha extendido -hasta cierto punto- el reproche social contra los abusos que se ejercen sobre las mujeres, sigue sin aceptarse que ellas respondan en sus propios términos ante estos abusos. Se está tutelando nuestra experiencia, una vez más, se nos está privando de agencia.

Lo que impide los avances del feminismo -al margen de la reacción ultra- es la tibieza de todas y todos aquellos que no cuestionan ni abandonan los privilegios a los que tendrían que renunciar para que nosotras, mujeres, ampliáramos la ratio de nuestra autonomía. De entre esos privilegios, hay uno intangible que tiene que ver con controlar nuestra respuesta al acoso y a las agresiones sexuales.

La violencia de género es estructural, pero la experiencia de violencia es personal. Los testimonios y las denuncias de las mujeres tienen que poderse articular en los espacios en los que cada una de ellas, de manera individual, decidan. En espacios seguros y libres de instrumentalización, donde se den las garantías para la escucha, el acompañamiento y la reparación. Espacios que no buscan venganza, sino -insisto- reparación.

La condición de víctima implica una suerte de tormentoso debate interior. Abre un proceso vital delicado y lo deseable es que cada mujer que esté en esa situación encuentre en su entorno las herramientas y el acompañamiento necesario para atravesarlo sin sufrir un daño aún mayor, sin sufrir lo que llamamos una revictimización.

La puerta a la denuncia judicial siempre tiene que estar abierta, pero bajo ningún concepto una víctima de violencia sexual tiene la obligación -como ha dicho el popular Alberto Núñez Feijoó- de denunciar en un juzgado. Quienes emplazan sistemáticamente a las víctimas a denunciar en los juzgados, no entienden que para empezar, el acceso a la justicia no es igual para todos y todas, no les interesa saberlo, no se quieren enterar. Ni las denuncias ofrecen mayor credibilidad a las víctimas (como hemos visto en el caso de Mouliaá) ni tienen sentido en todos los casos. Quienes piensan que es una obligación denunciar se niegan a comprender que no todas las mujeres necesitan una reparación de tipo judicial. A veces, necesitan el apoyo de sus entornos, sin más. En algunas casiones precisan de terapia y otras muchas, como vemos en el caso de la exconcejala de Móstoles, el apoyo y la intervención de los responsables de su organización política para parar una situación de acosos sexual y laboral. 

Cuando Alberto Núñez Feijóo afirma que la exconcejala de Móstoles tiene la obligación denunciar en los juzgados si su historia de acoso por parte del alcalde popular de Móstoles Manuel Bautista es verdad, se está desentendiendo, en primer lugar, de la responsabilidad de velar para que los cauces que su organización ha habilitado con el fin de canalizar y solucionar situaciones de acoso sexual y laboral funcionen como es debido. 

En este sentido, el mensaje es claro y viene a ratificar lo que le dijo a la exedil la número tres de Ayuso, Ana Millán: "Todas hemos aguantado muchas cosas. Déjalo, no vale la pena". El PP le dice a las mujeres de su partido que hay que aguantar, y si se lo dice a las mujeres de su partido se lo dice a las del conjunto de la sociedad española. Señoras, hay que aguantar. Vuestra libertad sexual no nos importa, pero ¡viva la libertad!

El PP desamparó a esta mujer, la revictimizó indicándole que no denunciara fuera de la organización y paralizando dentro el proceso que ella, insistente y valientemente, quiso poner en marcha con el apoyo de su abogado. Le hicieron luz de gas y la desacreditaron. Consiguieron que se rompiera y que se retirara. Cuando el caso sale ahora a la luz, no solo niegan la credibilidad de su testimonio y de su experiencia, sino que en un ejercicio de sadismo descomunal tratan de desacreditarla públicamente filtrando su identidad y correos que, a poco que se examinen, en realidad ponen a Ayuso y a su gabinete contra las cuerdas. Y todo esto después de que se llenaran la boca con el caso Salazar, del que por cierto el PSOE no ha rendido suficientes cuentas. Tampoco tienen respecto del feminismo los socialistas ninguna lección que dar.

El PP no aprendió nada del caso Nevenka. No han hecho el más mínimo esfuerzo por incorporar políticamente la libertad sexual de las mujeres ni a su organización ni a su programa de gobierno. Lo que vamos conociendo sobre el caso Móstoles lo viene a ratificar. En qué medida Ayuso logre zafarse de ésta, con la complicidad de Feijóo y el respaldo de sus palmeros mediáticos es algo difícil de anticipar. Que Ayuso no haya querido salir en defensa de la libertad sexual de una mujer que, además, era su compañera de organización, nos habla precisamente del poco contenido real que la presidenta madrileña está dispuesta a darle a su falaz defensa de la libertad. Ayuso y Feijóo están poniendo a los pies de los caballos a una mujer de su propio partido. Qué no harán con las del resto.