Tras cerca de 300 días de arresto domiciliario, la activista saharaui Sultana Khaya, ha enfermado de covid-19 y sus síntomas se agravan. A las torturas, incluso, violaciones por parte de fuerzas policiales marroquíes, durante estos diez meses de cautiverio se suman ahora los efectos del coronavirus cuyo contagio, según el testimonio de su hermana (también contagiada), se produjo tras un nuevo ataque por las "fuerzas de ocupación marroquíes". Ante esta situación, el Frente Polisario ha pedido al Gobierno español que intervenga para salvar la vida de Sultana.

Confieso que en ocasiones escribir estas columnas requiere de un esfuerzo añadido porque uno tiene la sensación de no contar nada nuevo, de repetirse. Si en el pasado fuera Aminetu Haidar, ahora es el turno de Sultana, I Premio Derechos Humanos La Ciudadana. Diferentes activistas, pero idénticas torturas, mismas violaciones de Derechos Humanos (DDHH) y misma pasividad de la Comunidad Internacional, con España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, a la cabeza.

Las partes interesadas, fundamentalmente los gobiernos de España y Marruecos, juegan a eso, a agotarnos a quienes desde hace tantos años tratamos de visibilizar una de las mayores injusticias para, así, poder seguir con sus intercambios comerciales y geopolíticos. No lo consiguen, porque cuanto más tiempo pasa, más pruebas acumulamos de bajeza moral de ambos gobiernos, de impunidad del régimen marroquí.

El pasado mes de julio la relatora especial de la ONU que examina la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, fue tajante al acusar al reino de Mohamed VI de violar sistemáticamente los DDHH. "Instamos al Gobierno de Marruecos a dejar de atacar a los defensores de DDHH y a los periodistas por hacer su trabajo y a crear un ambiente en el que puedan realizar dicho trabajo sin miedo a represalias", apuntó en su informe.

Lawlor, que citó como ejemplo el caso de Sultana, no encontró respuesta alguna del nuevo titular español de Exteriores, José Manuel Albares, que ha tomado el relevo de sus predecesores y ya se ha mostrado como otro mercenario de vidas humanas, dispuesto a mirar para otro lado en pos de las buenas relaciones con el vecino del sur. Tanta preocupación impostada por las mujeres afganas y, sin embargo, con las saharauis, sobre cuya situación tiene mucho más poder de reacción, ni una sola mención. Esa es su catadura moral, la misma que ha terminado por unir a España y Marruecos en un senda que recorren con babuchas de piel y exquisito bordado a la vista, pero con la mancha de la tortura pegada a la suela.

La situación en el Sáhara Occidental es insostenible. Precisamente ayer se habrían cumplido 30 años de la entrada en vigor del alto el fuego, pero desde el pasado 13 de noviembre la guerra ha vuelto a la región. Marruecos rompió la tregua, reactivó el conflicto bélico y, a pesar de ello, desde el Gobierno de España no se ha hecho ni una sola declaración al respecto.

No sorprende que ayer mismo, Sidi Mohamed Omar, miembro del Secretariado Nacional y representante del Frente Polisario en la ONU, emitiera un comunicado constatando el fracaso de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) por el constante boicot marroquí y la connivencia internacional. Los bombardeos se suceden ante el masivo silencio informativo, pese a la proximidad con nuestro país.

Sería ingenuo no admitir que el bloqueo mediático que articulan desde los despachos hispano-marroquíes funciona, que esa estrategia de eludir al Sáhara Occidental ha conseguido que muchas personas vivan ajenas a cómo nuestro país es parte activa por omisión en la violación de DDHH de antiguos compatriotas. Sin embargo, lo que rotundamente es de justicia subrayar es que sus artimañas para sumirnos en el hastío, por tratar de que el agotamiento nos supere y termine silenciándonos, están fracasando. Si no han podido con el pueblo saharaui durante casi 46 años, no podrán con nosotras y nosotros. Se lo debemos.