Fue en octubre de 2019. Felipe VI había firmado la nueva convocatoria electoral tras la investidura fallida de Sánchez y los candidatos andaban ya calentando el ambiente y rascando el voto. En Los Desayunos de TVE, ante la mirada atónita de Xabier Fortes, Javier Ortega Smith recordaba a las Trece Rosas y las acusaba de "torturar, violar y asesinar vilmente" en las checas de Madrid. "¿Las Trece Rosas violaban?", preguntó Fortes. "Sí, sí, cometieron crímenes brutales". Entre lemas revisionistas e invocaciones contra la memoria histórica, Vox iba a duplicar sus escaños en un plazo de siete meses para convertirse en la tercera fuerza política en España.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los familiares de las víctimas pusieron el grito en el cielo y las asociaciones memorialistas pidieron amparo a la Justicia. La Fiscalía detectó un delito de odio en el exabrupto de Ortega Smith, que no había asistido al acto de conciliación y había rehusado retractarse. Finalmente, el Tribunal Supremo se pronunció a favor del dirigente de Vox y encuadró sus declaraciones en el ámbito de la libertad de expresión. Si la legislación española no fuera tan asimétrica, Ortega Smith habría sido procesado por humillación a las víctimas. Pero las víctimas del franquismo son víctimas de tercer orden. Los verdugos de las Trece Rosas se salieron con la suya.

Tras las palabras de Ortega Smith hubo rigurosas verificaciones que repetían lo sabido, es decir, que el dirigente de Vox mintió y que ni siquiera los tribunales de Franco se habían atrevido a elevar semejantes acusaciones. A las Trece Rosas las condenaron por "adhesión a la rebelión" en un juicio sumarísimo sin garantías. En última instancia, las verificaciones no sirvieron para nada porque la mentira ya había echado a rodar y desde entonces no ha dejado de repetirse. Cada 5 de agosto, en el aniversario de los fusilamientos, el recuerdo de las Trece Rosas queda empañado por nuevos exabruptos digitales.

Esta semana, justo cuando evocábamos a las Trece Rosas, Vox la tomó contra las fiestas de La Blanca de Gasteiz. Los de Abascal se quejaban de que la multitud rendía homenaje a terroristas y humillaba a las víctimas. Para corroborarlo, adjuntaba la imagen de unos rostros apenas distinguibles en una pancarta. Otras fotografías más diáfanas permiten resolver el misterio: son Txiki y Otaegi, los dos últimos prisioneros vascos fusilados durante la dictadura. En aquella efusión tardía de sangre fusilaron también a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Quien haya escuchado alguna vez la canción Al alba de Eduardo Aute sabrá a qué nos referimos.

Después de Vox, Covite añadía su granito de arena a la criminalización. "Txiki fue responsable del asesinato de Ovidio Díaz. Otaegi fue condenado por el asesinato de Gregorio Posada. Hoy se exhiben sus rostros como si fueran referentes". Tal vez el Gobierno vasco debería revisar su política de subvenciones antes de transferir miles de euros cada año a una asociación que da credibilidad a la justicia militar franquista como fuente historiográfica. De hecho, el propio Gobierno vasco reconoce a Txiki y Otaegi como víctimas y establece que "se vulneró su derecho a un juicio justo".

A Otaegi lo condenaron los militares en Burgos. Las acusaciones se basaron en una autoinculpación forzosa que firmó el militante antifranquista José Antonio Garmendia cuando se encontraba hospitalizado con una bala de la Guardia Civil en la cabeza. En el juicio, los testigos ni siquiera reconocieron a los acusados. En cuanto a Txiki, lo condenaron los militares en Barcelona. Decían que había matado a un policía durante un atraco al Banco Santander de la calle Caspe. Como recuerda el abogado Jordi Oliveras en el documental Haizea eta Sustraiak, Txiki estaba tan convencido de su inocencia que pidió una prueba pericial para determinar qué arma había causado la muerte. La petición fue denegada.

La infiltración de Mikel Lejarza, el Lobo, en ETA-pm pudo ser determinante en la detención y el fusilamiento de Txiki. Desde luego, los familiares de las víctimas estiman que contribuyó indirectamente a que la Policía Armada abatiera a Josu Mujika, Andoni Campillo, Xosé Ramón Reboiras y Montxo Martínez. El Lobo fue condecorado en 2010 por el Ministerio de Defensa con la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco. En 2016, la asociación Dignidad y Justicia le entregó su medalla de oro. Que un colaborador de la dictadura haya sido galardonado por las más altas instancias de la democracia dice poco de la democracia y mucho de la dictadura.

Por mucho que juguemos al escondite con nuestra propia historia, sabemos sin género de duda que los estamentos franquistas mataron a las Trece Rosas. Que años más tarde mataron a Txiki y a Otaegi. Y que mataron a Jesús García Ripalda cuando se manifestaba contra los últimos fusilamientos del régimen. Y sabemos también que Mikel Lejarza deberá responder ante los tribunales tras una querella de Giza Eskubideen Behatokia por supuestos delitos de lesa humanidad. Crecidos por la impunidad, algunas fuerzas vivas siguen abrillantando la memoria de la dictadura con parabienes públicos. Nuestra paciencia, como el franquismo, debería tener por fin un límite.