Un millón de hogares

Desde hace unos años resulta curioso comprobar cómo, en nuestro país, cada vez que se aprueba una norma transformadora que mejora los derechos de las mayorías sociales, se invoca casi al unísono y casi siempre por parte de los mismos el tema de la seguridad jurídica. Casi siempre se hace en el mismo sentido: se señala como límite, como riesgo, como elemento de protección para garantizar la rentabilidad del negocio de turno, en este caso de quienes tienen viviendas y perciben rentabilidades por ello, en vez de invocarla para garantizar la estabilidad, el bienestar, en definitiva, la seguridad de quienes necesitan un hogar.

Y es ahí donde comienza la trampa, mientras nuestro país bate récords en inversión inmobiliaria, porque desgraciadamente sigue resultando muy rentable y atractivo especular, las tertulias, tribunas y redes sociales se inundan de testimonios que tratan de convertirse en sentido común mayoritario, asegurando que poner unas reglas razonables orientadas a que los trabajadores, los mayores, los jóvenes y, en definitiva, a que la población pueda vivir de alquiler provoca inseguridad jurídica y lo que es peor, reduce la oferta de tal modo que acaba perjudicando a los supuestos beneficiarios. Una falacia de primer orden que se desmonta bien si acudimos al derecho laboral y comprobamos que en ese campo ya nadie se traga eso de que mejorar el convenio colectivo acaba perjudicando a los trabajadores o subir el SMI destruye empleo.

Viendo cómo está el patio, resulta evidente para cualquiera, que no se dedique "al inmobiliario" claro, que no es irracional ni desproporcionado, diseñar y aplicar unas nuevas reglas del juego que efectivamente limiten los obscenos beneficios de quienes viven de un negocio parasitario e improductivo como es el rentismo a costa de extraer los salarios de los trabajadores.  De hecho, es de justicia.

Y es aquí donde conviene reivindicar y resignificar la seguridad jurídica, pero no para quienes especulan con la vivienda sino y, sobre todo, para quienes la habitan. La seguridad para vivir empieza donde acaba la seguridad para especular.

La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler ha vuelto a activar precisamente los discursos de siempre, como antes lo hizo la moratoria de desahucios, o sigue generando la regulación de precios a pesar de que en la mitad de Europa ya se aplican medidas similares. Que si genera incertidumbre, que si rompe las reglas del juego, que si reducirá la oferta. Una reacción casi automática cada vez que se intenta equilibrar mínimamente una relación profundamente desigual. La relación entre casero-inquilino que por cierto es prácticamente idéntica a la del empresario-trabajador.

Afortunadamente, basta con leer la medida para desmontar el argumento. La prórroga permite a los inquilinos mantenerse en su vivienda hasta dos años más, en las mismas condiciones contractuales. Sin cambios arbitrarios, sin subidas repentinas, sin renegociaciones impuestas. Con reglas claras, conocidas y limitadas en el tiempo. Como limitar la temporalidad en el derecho laboral.

Y eso no es inseguridad jurídica. Eso es exactamente lo contrario. Es seguridad contractual en un mercado donde hasta la fecha está permitido que un fondo de inversión compre tu edificio mañana y decida expulsarte de la que ha sido tu casa.

Es dotar de certidumbre a quienes, hasta ahora, viven pendientes de recibir un burofax que anuncie que ya no le renovarán el alquiler. De una llamada que te dice que te tienes que marchar porque hay alguien más rentable que tú. De una decisión unilateral que te obliga a rehacer tu vida en cuestión de semanas. De la angustia de no saber si vas a poder llevar a tu hijo al mismo colegio el curso que viene.

No hablamos de casos aislados. Ojalá lo fueran. Según el Ministerio de Consumo, esta medida afecta a alrededor de un millón de hogares, más de 2,6 millones de personas en nuestro país. Un millón de hogares. Ese es el alcance real del debate.

Por eso resulta cuanto menos significativo, aunque esté un poco manido, que se esté intentando desplazar la discusión hacia lo de siempre; la inseguridad jurídica. Y la conversación se sitúe en cuán insegura será la situación para caseros e inquilinos dado que el decreto no se convalidará. Como si eso fuese algo inamovible, un hecho irremediable, una fuerza natural, y nada más lejos de la realidad. Que se convalide o no, sólo depende de la voluntad política del PP, VOX y Junts, que deben creer que no tienen inquilinos entre sus votantes y se equivocan.

No obstante, conviene recordar, una vez más, que se convalide o no, si se solicita ya la prórroga, la medida despliega efectos y sus efectos son vinculantes.

No obstante, la convalidación no es un detalle menor ni un trámite más. Es una obligación democrática porque de no convalidarse no habrá dado tiempo a que un millón de hogares puedan prorrogar sus contratos y tener, al menos durante dos años, seguridad. Y eso es mucho si vives pendiente de un burofax.

Porque la prórroga introduce algo muy sencillo, pero profundamente transformador: redistribuye la seguridad. Permite a las personas planificar su vida más allá del corto plazo, evita desplazamientos forzosos y rupturas de redes de cuidados, pero también aporta estabilidad a quienes alquilan sin especular, a los buenos caseros que prefieren una relación estable y un inquilino que pague.

Quienes ven amenazada su "seguridad" con esta medida no son quienes alquilan con normalidad. Son quienes conciben la vivienda como activos de los que exprimir rentabilidad a corto plazo. Quienes necesita vaciar edificios, forzar salidas por las buenas y por las malas o subir precios en cada renovación para maximizar beneficios.

Llegados a este punto, el debate es sencillo y cada uno que se ubique donde considere. Para la mayoría de la población, entre proteger el negocio de unos pocos o la estabilidad de millones de personas, la elección debería ser bastante evidente.

La inseguridad no está en la regulación. Está en un mercado que, durante años, ha funcionado sin límites suficientes, trasladando todos los riesgos a quienes menos capacidad tienen para asumirlos. Por eso, el problema de esta medida no es que rompa la seguridad jurídica, es que como mínimo la reparte. Y cuando la seguridad se reparte, deja de ser un privilegio y pasa a ser un derecho, uno tan básico como poder seguir viviendo en tu casa.