Mordazas de la A a la Z

Los asesinatos de periodistas aumentaron un 50% en 2022. La mitad de estos/as asesinados/as no estaban trabajando, lo cual demuestra que no hay lugar seguro para la prensa cuando el poder criminal quiere silenciarla: 86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, uno cada cuatro días, según datos de la UNESCO, lo que pone de relieve los graves riesgos y vulnerabilidades a los que siguen enfrentándose los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Los territorios más violentos para los periodistas han sido América Latina y el Caribe, con 44 de los 86 homicidios en 2022. Por su parte, Asia y Pacífico contabilizaron 16 asesinatos y Europa del Este, once. México, como es habitual, ostenta el triste primer puesto del país más violento para ejercer el periodismo, con 19 asesinatos en 2022. En Ucrania (país en guerra) murieron diez periodistas y en Haití, nueve.

Advierte la UNESCO de que aunque el número de periodistas asesinados en países en conflicto ascendió a 23 en 2022, frente a los 20 del año anterior, el aumento global se debió sobre todo a los asesinatos en países no conflictivos. Este número casi se duplicó, pasando de 35 casos en 2021 a 61 en 2022, tres cuartas partes de todos los asesinatos del año pasado.

El asesinato, no obstante, solo es la punta del iceberg de la violencia que se ejerce contra la prensa: UNESCO, organismo de las Naciones Unidas encargado de velar por la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en todo el mundo, asegura que estos y estas profesionales siguen estando amenazados de muy variadas y crueles formas: secuestros, detenciones arbitrarias, acoso judicial o violencia digital, esta especialmente dirigida a las mujeres.

Crímenes tan calculados como los que se ejercen contra el derecho a la información y/o la libertad de expresión silenciando o tratando de silenciar a sus profesionales, sin embargo, y así lo avisa la UNESCO en su informe sobre la Tendencias Mundiales de la Libertad de Expresión 2021/2022, muy raras veces obedecen a una locura individual transitoria, sino que tienen mecanismos de convicción colectiva en los dos ámbitos más proclives a verse amenazados por ambos derechos: cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y círculos de poder, institucional o no. De ahí que a menos democracia en los países, emerja una mayor "militarización de las leyes de difamación, las leyes cibernéticas y la legislación contra las noticias falsas, que a veces se aplica como un medio para limitar la libertad de expresión, todo lo cual crea un entorno tóxico para que los periodistas operen".

Y España, con la 'ley mordaza'

Es posible que en España, la ley mordaza aprobada por el PP no encuentre un hueco en el Gobierno de coalición para ser derogada eficazmente este año de legislatura que queda, porque otras prioridades (¿?) le coman la tostada. La ley mordaza es esa engañifa que debilita el derecho (constitucional) a la información de ciudadanos y ciudadanas, la libertad de prensa y la libertad de expresión, posibilitando, entre otras muchas aberraciones, que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se arroguen la veracidad sin pruebas (Art. 37.4. " Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal").

"En la práctica -detallaba La Vanguardia en octubre-, esto supone que cualquier agente puede multar –sin trámite mayor– a un ciudadano que considere que le ha faltado al respeto, contando con veracidad la versión del uniformado. Según los datos del Ministerio del Interior, en el 2021 se impusieron 26.254 multas por despreciar a policías, unas 70 al día. La recaudación superó el año pasado los cinco millones de euros, mientras que en el año previo a la pandemia (2019) esta cifra se situó en los 3,2 millones de euros". El Gobierno más progresista de la democracia postfranquista es el que más recauda con la ley mordaza del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y cree que no le dará tiempo a reformar esta norma a lo largo de 2023, frente al clamor demócrata que exige respeto, entre otros, por la prensa. Grosero, como mínimo.