Los temores sobre el poder que acapara Elon Musk van mucho más allá de la capacidad de desestabilizar democracias con la desinformación que divulga en X o con sus ansias de ser amo de la Inteligencia Artificial (IA). A este cóctel explosivo, cuya mecha es el evidente conflicto de intereses que representa su papel como responsable de Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), hay que sumar también su red de comunicaciones con satélites de Starlink, que plantea mucha inquietud y le dibuja como un malo de película de James Bond, al estilo del magnate de las comunicaciones Elliot Carver en El mañana nunca muere. 

Los temores sobre lo que puede o no puede hacer Musk con su red de satélites, puesta en órbita en el espacio a través de su empresa SpaceX vienen de lejos. La guerra de Ucrania ilustra a la perfección el impacto que puede tener Starlink en función de los intereses de Musk. En 2023, el gobierno de Zelenski expresó su dependencia de las comunicaciones vía satélite de Starlink para la toma de decisiones en el campo de batalla. Tal y como describió The New York Times en un extenso reportaje, ni siquiera los funcionarios estadounidenses fueron capaces de dar una evaluación precisa de Musk a los generales ucranianos. Y sus peores temores se hicieron realidad, puesto que Musk ha restringido el acceso a Starlink durante la guerra en varias ocasiones, afectando a la estrategia en el campo de batalla.

Musk es consciente del poder que tiene y ya se ha jactado varias veces de ello en redes sociales, afirmando que “entre Tesla, Starlink y Twitter [ahora X], es posible que tenga más datos económicos globales en tiempo real en una cabeza que nadie”.

En aquel reportaje en The New York Times, ya se exponía cómo cerca de una docena de países tanto de Europa como de Oriente Medio había cuestionado Starlink a funcionarios estadounidenses y cómo “pocas naciones hablarán públicamente sobre sus preocupaciones, por temor a alienar a Musk”. La propia Administración de EEUU tiene un alto grado de dependencia de la red de satélites del impredecible Musk, incluido el Pentágono y su ejército, algo que no llama a la tranquilidad en algunos sectores.

Tras las últimas elecciones presidenciales, el senador Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y la senadora Jeanne Shaheen, miembro de alto rango de los Comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores, pidieron al Pentágono y al Departamento de Justicia que investigaran a Musk, algo que parece poco probable, sino imposible, que se lleve a término ahora mismo. En su carta, los senadores demócratas refieren un artículo de octubre de 2024 en The Wall Street Journal en el que se revelaba la estrecha relación entre el dueño de Starlink y Vladimir Putin desde finales de 2022, describiendo conversaciones en las que ambos abordan temas personales, de negocios y geopolíticos. Una situación como poco delicada considerando que Musk es uno de los principales contratistas del programa de Lanzamiento Espacial de Seguridad Nacional (NSSL) de la Fuerza Espacial, está desarrollando una red de satélites Starshield exclusiva para el gobierno con cientos de satélites espías y tiene un contrato clasificado de 1.800 millones de dólares con la Agencia Nacional de Reconocimiento (NRO).

Un día después de la primera misiva, en otra carta dirigida al secretario de las Fuerzas Aéreas, Frank Kendall, los demócratas llegaban a alertar de “los graves riesgos para la seguridad nacional” que puede representar Musk, manejando contratos sensibles de Defensa e Inteligencia de miles de millones de dólares… y con una afición confesa a la ketamina.

En la actualidad, los expertos calculan que Musk tiene en órbita alrededor de 7.000 satélites –de unos cinco años de vida útil-, con operaciones en más de 100 países, lo que ha generado un extraordinario tráfico que ha generado tensiones con países como China e hizo que en 2019 la Unión Astronómica Internacional (UAI) expresara su preocupación alertando de que estas constelaciones de satélites pueden representar una amenaza significativa para infraestructuras astronómicas existentes y futuras. Paradójicamente, SpaceX se queja de ser el operador que más maniobras ha de realizar en el espacio para evitar colisiones: el año pasado, en solo seis meses, sus satélites realizaron 50.666 maniobras propulsivas.

Por otro lado, la consultora GlobalData advierte de cómo Starlink está intensificando sus actividades en África, en parte, aprovechando que muchos gobiernos no le requieren licencia para operar, confiando en su potencial de conectividad para estimular la economía en regiones rurales desatendidas. Aunque este extremo es cierto, la otra cara de la moneda refleja cómo los operadores locales se ven perjudicados en su desarrollo, opacados por el músculo financiero de la compañía de Musk, que sólo en 2025 espera lanzarse a 14 nuevos mercados africanos. Por ver el lado bueno, estos operadores locales dirigen ahora su mirada a zonas rurales incomunicadas, un segmento del mercado que antes no veían como una oportunidad y ahora es en parte su salvavidas. El peligro es obvio, ¿pueden estas economías en desarrollo sufrir apagones de comunicaciones como medida de presión si no se satisfacen los intereses de Musk?

Así las cosas y como ha sucedido con la Inteligencia Artificial (IA), Europa quiere sacudirse estas dependencias y ultima la puesta en marcha de IRIS2 (Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad Satelital), su propia constelación de satélites multiórbita que contará con 290 dispositivos. El objetivo es disfrutar de autonomía en el ámbito de las comunicaciones gubernamentales seguras y críticas, así como de servicios comerciales de alta gama.

El proyecto ya se adjudicó el año pasado a al consorcio SpaceRise, en el que participa Hispasat, por una duración de doce años y un coste de 10.600 millones de euros, de los cuales la UE financiará 6.000 millones, la ESA (Agencia Espacial Europea) 550 millones, y los algo más de 4.000 millones restantes correrán a cargo del sector privado. Aunque cuando se anunció el plan inicialmente en 2022 se esperaba su funcionamiento a pleno rendimiento para 2027, recientemente la UE retrasó la fecha hasta 2030, produciéndose el primer lanzamiento un año antes.