Ninguna niña debería pasar esta noche en la calle

Nací en Marruecos, en Tánger. Conozco las dos orillas de esta frontera y entiendo muchas de las razones que empujan a tantos niños, niñas y jóvenes a arriesgar su vida para cruzarla. Pero también conozco lo que sucede cuando, tras llegar, no encuentran un sistema capaz de garantizar su protección y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Por eso, cuando organizaciones sociales, asociaciones de base y vecinas de Ceuta están alertando de que hay menores durmiendo en la calle, sin espacios seguros ni recursos adecuados de protección, no podemos leerlo únicamente como un problema de acogida. Es, ante todo, un grave fallo del sistema de protección. Y cuando ese sistema no incorpora un enfoque de género, las consecuencias recaen de forma especialmente severa sobre las niñas y las adolescentes, que quedan expuestas a mayores riesgos de violencia, explotación y otras formas de vulneración de derechos.

No todos los cuerpos corren los mismos riesgos en la calle. La falta de alojamiento y de mecanismos adecuados de protección incrementa la exposición de niñas y adolescentes a distintas formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, la explotación y la trata. Organizaciones de base y personas de la comunidad en Ceuta están alertando de potenciales situaciones de acoso, violencia sexual y explotación. Estos indicios requieren una respuesta inmediata: activar mecanismos especializados de protección, garantizar espacios seguros y evaluar e investigar, con las debidas garantías, cualquier hecho que pudiera constituir violencia o delito. No dentro de un mes. Ahora.

Ya se ha hecho y sabemos que funciona. Tras el terremoto de El Haouz, en 2023 trabajamos con organizaciones marroquíes de mujeres en comunidades donde no había servicios formales de protección ni forma discreta de pedir ayuda. Se impulsaron espacios seguros liderados por mujeres, con jóvenes de las propias comunidades formadas como agentes de protección. Cerca de 400 casos fueron identificados y derivados, entre ellos 166 supervivientes de violencia de género, 55 de ellas menores de edad. Muchas de estas situaciones difícilmente habrían sido identificadas mediante una respuesta de emergencia que no incorporase mecanismos específicos de protección para mujeres, adolescentes y niñas: personas de confianza que hablaban su idioma, estaban presentes de forma continuada y conectaban a las supervivientes con servicios especializados.

Esta experiencia nos enseñó también que la higiene y la salud menstrual, la ropa limpia o un lugar donde cargar el teléfono no son un detalle menor: pueden convertirse en puntos de acceso seguros y discretos a información, apoyo y servicios de protección.

España tiene, además, obligaciones claras. El Convenio de Estambul, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la Ley de garantía integral de la libertad sexual obligan a prevenir la violencia y garantizar protección y atención especializada. En el caso de las personas menores de edad, estas garantías se aplican con independencia de su nacionalidad o situación administrativa. Una frontera no suspende estos derechos.

La ausencia de denuncias no es ausencia de violencia. Un teléfono o un protocolo no demuestra, por sí solo, que un mecanismo de protección sea accesible y funcione. Por eso, es necesario preguntarnos si niñas y adolescentes disponen realmente de canales accesibles, seguros y confidenciales; si pueden utilizarlos en un idioma que comprendan; si saben qué ocurrirá después de pedir ayuda; y si pueden hacerlo sin temor a consecuencias negativas.

Ceuta necesita, desde hoy, una respuesta que incorpore el enfoque de género y de protección de la infancia: espacios seguros para niñas y adolescentes, personal especializado en violencia de género, violencia sexual y protección infantil, mediación lingüística y cultural, información comprensible sobre sus derechos y una conexión efectiva con los servicios de salud, protección y atención especializada. Requiere también escuchar a las propias niñas y adolescentes y garantizar, de acuerdo con su edad y madurez, su participación en las decisiones que afectan a su seguridad y protección.

Un bocadillo o kit de higiene son necesarios pero insuficientes: no protegen a una niña que esta noche vuelve a dormir en la calle. La protegen un lugar seguro donde dormir, una mujer de confianza capaz de identificar el riesgo, atención especializada y confidencial, y acompañamiento hasta que ese riesgo desaparezca.

La protección de niñas y adolescentes no puede quedar subordinada al debate sobre el control de fronteras. Sea cual sea su situación administrativa, tienen derecho a estar seguras, ser escuchadas y acceder a una protección adecuada y especializada. Garantizarlo es una responsabilidad de los poderes públicos.