'Ni una menos' once años después

Chiara Páez y Agostina Vega tenían 14 años cuando fueron asesinadas. Pero sus feminicidios ocurrieron con 11 años de diferencia. El cuerpo de la primera fue encontrado enterrado en el jardín de su novio en 2015 y la indignación por su asesinato encendió la chispa del estallido del ‘Ni una menos’: un multitudinario movimiento de protesta en Argentina, que provocaría un cambio revolucionario en la forma de entender y afrontar la violencia machista.

El asesinato de Agostina Vega, hallada descuartizada hace unos días en un descampado de la provincia de Córdoba, en vísperas del 3 de junio (día de las marchas del ‘#NiUnaMenos’), catalizó también protestas multitudinarias. Cientos de miles de personas salieron a las calles para exigir medios y voluntad política contra la violencia de género en el país. El empuje ahora no sólo es por avanzar, sino por dejar de retroceder.

Los once años que separan ambos asesinatos marcan una historia de organización feminista, de luchas sociales, de grandes logros institucionales y legislativos. Pero también del súbito declive y desmantelamiento del andamiaje contra la violencia machista registrado tras el triunfo de ultraderechista Milei.

Argentina se había convertido en la última década en el país latinoamericano que más avanzó en materia de igualdad y en leyes contra la violencia de género. Las conquistas y las normas aprobadas situaron al país a la vanguardia, no sólo del continente, sino como un referente internacional.

Ya en 2012 Argentina incluyó la figura del ‘femicidio’ en el Código Penal, lo que supuso que un

 asesinato por violencia de género podía ser castigado con penas más altas, incluso con prisión perpetua.

La clave de la prevención

Pero los cambios impulsados a partir de las protestas de 2015 no sólo estuvieron encaminadas al castigo, sino, principalmente, a la prevención y la atención a las víctimas. Una de las normas más importantes fue la conocida como ley ‘Micaela’, en homenaje a una joven de 21 años asesinada en la provincia de Entre Ríos (al nordeste del país) en 2017 por un hombre al que la jueza otorgó la libertad condicional en contra de los informes técnicos.

La ley obliga desde su aprobación a realizar formación específica en materia de género a todos los funcionarios que trabajen en cualquiera de las ramas del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial). La ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, evitando que el propio Estado sirva por acción u omisión como instigador de la violencia.

Poco después de la aprobación de esta ley, el Gobierno creó en 2019 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para coordinar políticas nacionales de igualdad, prevención de violencias y diversidad. También impulsó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y programas de asistencia económica para víctimas, se consolidó la línea de atención 144 de atención y asesoramiento; el programa Acompañar, de apoyo económico y psicosocial a mujeres en situación de violencia de género y medidas de reparación para las familias de víctimas de feminicidios.

No se trata de políticas de acción inmediata, sino que su eficacia depende de una implementación a largo plazo, voluntad política y financiación suficiente. De hecho, tal como se sabe en España, donde las políticas contra la violencia machista llevan ya más de dos décadas implantadas, su eficacia está íntimamente unida a la voluntad política (nuestro país acordó dos Pactos de Estado contra esta violencia apoyados por todos los grupos políticos excepto la ultraderecha de Vox) y de la inversión de fondos apropiados.

El negacionismo de la violencia de género

No es el caso de Argentina. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia del Gobierno, las políticas contra la violencia machista están, además, en vías de desaparición. El Ministerio de las Mujeres fue degradado, primero, y poco después cerrado definitivamente en 2024. También se eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y muchos de los programas vinculados con la Igualdad y la asistencia a víctimas de esta violencia fueron reducidos a la nada o simplemente eliminados.

Hace un año el propio Milei afirmó en un discurso en el Foro Económico de Davos, que su gobierno eliminaría del Código Penal la figura de ‘femicidio’ por considerar que "legaliza de hecho que la vida de la mujer vale más que la de un hombre". Esta reforma aún no se ha cumplido. Pero la afirmación supone desconocer o negar que exista una violencia especifica que tiene un componente de discriminación y opresión hacia las mujeres.

Una violencia que la propia ONU calificó como una "pandemia mundial" y una "emergencia de salud pública de proporciones epidémicas" por su extensión y por las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres. Tal como recuerda el organismo multilateral, se trata de una violación de los derechos humanos que afecta a una de tres mujeres en el mundo. Esta misma fuente calcula que cerca de 840 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual, una cifra que apenas ha disminuido en dos décadas.

Un feminicidio cada 36 horas

En Argentina la incidencia de la violencia machista sigue siendo tremenda. Se estima que cada año son asesinadas por violencia machista una media de entre 250 y 300 mujeres y que se produce un feminicidio cada 36 horas, un ratio que no ha descendido en la última década. Fuentes oficiales afirman que los feminicidios han disminuido en el último año (2025) en una cifra cercana al 12%. Organizaciones feministas y observatorios independientes denuncian sin embargo que existe uuna fuerte presión para registrar violencias machistas bajo el epígrafe de homicidios comunes. Si se ha producido alguna reducción, indican, ésta se ha dado en la Provincia de Buenos Aires, que aglomera a la mayor parte de la población del país, donde se han mantenido programas de prevención contra estas violencias.

El problema real para entender la extension de la violencia, afirman algunas organizaciones de derechos humanos afincadas en el país sudamericano (como Amnistía Internacional) es en realidad la falta de denuncias. Se estima que sólo un 10% de las que sufren violencia sexual la denuncian y que tan sólo un 18% de las que son víctimas de feminicidio habían denunciado las violencias.

Mordaza a la violencia de género

Pero si los datos sobre la violencia machista son brutales, también lo es la persecución de periodistas y el silenciamiento de los medios de comunicación sobre la violencias machistas. Desde la llegada de Milei y la creación de un gobierno de ultraderecha, diversas periodistas feministas han sufrido acoso sistemático, ataques digitales y físicos y amenazas de muerte y persecución política al cubrir casos de violencias sexuales o violencia de genero.

Algunas se han visto obligadas a abandonar el país. Este es el caso de Luciana Peker, que ha pedido asilo político en España tras la persecución sufrida tras publicar casos como el de Thelma Fardín contra Juan Dhartés.

Otras denuncian los despidos de sus medios o la precariedad laboral a la que están siendo sometidas. Si una vez los medios de comunicación apostaban por la información con perspectiva de género y sobre la violencia machista, hoy en día esa información y el análisis necesario con perspectiva de género está prácticamente desaparecida de los medios de comunicación de masas.

Un silencio que permite la libre circulación de bulos y desinformaciones, como los que apuntan a que el verdadero problema es la existencia de una gran cantidad de denuncias falsas hacia los hombres y no a la violencia en sí. ¿Les suena? Es el mismo discurso que enarbola Vox en nuestro país, a pesar de que tanto en Argentina como en Españ,a las denuncias falsas son insignificantes. En el país sudamericano las denuncias falsas representan el 0,09% sobre más de 8 millones de causa penales analizadas en los últimos dos años (2023-2025). En España representan un 0,01%. Pero el rigor de las cifras y la verdad no parecen ser un obstáculo para quienes niegan esta violencia atroz. Chiaras y Agostinas seguirán muriendo asesinadas mientras se siga negando la violencia machista. Once años después sigue siendo imperativo salir masivamente a las calles a defender que no puede haber #NiUnaMenos para frenar el bucle de la barbarie. Sería necesario presionar a los países que niegan la evidencia machista. Tal vez la Conferencia de Política Exterior Feminista que acaba de concluir en Madrid debería plantearse presionar a los gobierno negacionistas de la violencia machista y tomar medidas para cortar la sangría. ¿Una idea loca o una línea de acción política?