Menos mal que nunca hemos tenido a España por un país serio, porque si fuese de otro modo ya hace tiempo que muchos habríamos liado el petate. No creo que, salvo repúblicas bananeras y dictaduras tercermundistas, se haya visto en el mundo en los últimos años algo semejante a la operación de acoso y derribo contra un vicepresidente del Gobierno como la sufrida por Pablo Iglesias en los últimos años, una campaña orquestada entre fuerzas policiales y mamporreros mediáticos que contó con manifestaciones diarias de energúmenos a la puerta de su casa y una persecución a sus hijos hasta en la guardería. Son los problemas de vivir no en una república sino en una monarquía bananera.

En España con la justicia pasan cosas muy raras, aunque las más raras de todas son las que no pasan. Cosas, por ejemplo, como que la inicial y el primer apellido del expresidente del Gobierno aparezcan en los papeles de un extesorero que un juzgado consideró como prueba irrefutable de una contabilidad en negro fraudulenta y todo se quede como estaba. Cosas como el caso niñera de Podemos, la inviolabilidad penal de Esperanza Aguirre o el milagro médico de Zaplana, al que conmutaron la pena de cárcel porque, según el hematólogo, podía morirse mañana mismo y el mañana va ya para tres años gracias a un tratamiento de rayos UVA.

Sin embargo, aunque los grandes figurones del PP, desde ministros a presidentes, siempre han contado con barra libre en las magistraturas, la verdad es que Díaz Ayuso hace tiempo que ha traspasado todas las líneas rojas. Estos días ha acusado a Sánchez de estar preparando nada menos que un golpe de Estado para derribar la monarquía e instaurar la república y meter en la cárcel a toda la oposición en bloque. Entre las mejores invenciones de este delirium tremens está la idea de que el Gobierno de coalición anda detrás de la persecución judicial del rey Juan Carlos, como si el PSOE controlara a los fiscales británicos o como si no hubiera taponado varias veces la apertura de una comisión de investigación en el Congreso para aclarar los numerosos escándalos del emérito. Al actual presidente del Gobierno lo han llamado felón, bolivariano, etarra y otro montón de calificativos la mar de de ocurrentes, pero asegurar que Sánchez tiene un plan para cambiar España por la puerta de atrás, echar a la Guardia Civil, encarcelar a la oposición y expulsar a la Corona, ya es otra historia.

No hay muchas formas de digerir esto, aparte de como el dislate de un borracho en la barra del bar o de un demente en horas bajas, salvo que son palabras textuales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Debe de ser que no tengo la menor idea de leyes, pero sospecho que la Fiscalía o quien narices sea debería investigar si estas gravísimas acusaciones están fundamentadas o son sólo fruto de la falta de medicación o bien una parida más de las que esta buena señora se saca de la chistera, como lo de las ayudas a las familias con concebidos no nacidos, las becas para niños millonarios y los atascos en la Gran Vía como señas de identidad capitalina. En cualquiera de los tres casos, da bastante pánico tener al frente del Gobierno madrileño a alguien capaz de decir estas cosas, aunque da bastante más pánico que, ante semejante espectáculo, la justicia se dedique a rascarse la entrepierna.