Esta semana el congreso de los Diputados aprobará el Pacto de Estado contra la violencia de género. El primero se aprobó en 2017 sin ningún voto en contra; bebía de aquel consenso forjado en 2004 con la aprobación de una ley pionera en toda Europa: la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Era necesario repetir aquel compromiso de estado y abordar la violencia de género con medidas concretas que definían las líneas estratégicas para abordar la violencia de género desde los distintos niveles de las administraciones públicas. Era imprescindible disponer de más recursos y de esta herramienta que salva vidas, garantiza derechos y consolida una respuesta institucional firme contra la violencia machista. No es solo una cuestión legislativa, sino de responsabilidad institucional y colectiva. 

Ocho años y muchas sesiones de comparecencias y trabajo después han permitido actualizar este Pacto de Estado con una clara mejora cuantitativa (el doble de medidas - 461) y cualitativa (incorpora nuevas formas de violencia contra las mujeres). Amplía las medidas en violencia vicaria, una violencia abominable, que necesita de mejores protocolos de detección en el ámbito sanitario y educativo, así como de más formación, especialmente de todo el personal al servicio de la Administración de la Justicia. El Pacto incorpora la violencia económica entendiéndola como la “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios” y la acompaña con medidas para prevenir el “sabotaje laboral” perpetuado por el agresor para impedir que la víctima mantenga u obtenga un empleo. También incluye como novedad la violencia digital, abordando su impacto creando indicadores para compilar datos estadísticos (casi inexistentes en la actualidad) y formación integral para profesionales que atienden a mujeres víctimas de esta violencia como o para profesionales del peritaje informático, garantizando una respuesta más eficaz frente a esta forma de violencia.

El aumento del marco presupuestario era imperativo, con esta renovación se consigue una mejora para la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Además, a partir de ahora, se garantiza la plurianualidad para aquellas medidas estructurales que requieren de un mantenimiento estable y continuidad en el tiempo.

Otro avance significativo es la actualización del ordenamiento jurídico, alineándolo con leyes clave aprobadas en la última legislatura, como la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como normativas en ámbitos como el Deporte y la Comunicación Audiovisual. Destaca, con especial relevancia, la urgencia de trasponer la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres aprobada en el Parlamento Europeo en mayo del año pasado.

Y es que esta terminología utilizada en la Directiva “violencia contra las mujeres” es la que defendimos desde el primer momento: es mucho más comprensiva y amplia y además es el término utilizado en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer), el Convenio de Estambul y en la misma Directiva. El argumento esgrimido por los grupos mayoritarios de utilizar los términos recogidos por el ordenamiento actual no nos permite avanzar y relega la violencia de género entendida como aquella que “se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” tal y como recoge el artículo 1 de la Ley 1/2004. La violencia contra las mujeres, la violencia machista, supera la esfera privada e invade cada rincón de nuestras vidas y así debería recogerse en el Pacto que lucha contra la concreción más violenta del machismo y el patriarcado.

Podríamos destacar muchos más hitos como la ampliación de medidas para colectivos vulnerables (mujeres migradas, gitanas, con discapacidad…) o que no equipara las medidas para luchar contra la trata de mujeres con prostitución. Sin embargo, afortunadamente, los medios de comunicación están haciendo esta labor de análisis exhaustivo y difusión. Así que acabo con dos reflexiones sobre la importancia de este Pacto más allá de las medidas para prevenir, identificar, acompañar, proteger, y también muy importante, reparar, a todas aquellas mujeres que sufren violencia machista.

Este no es 100% el Pacto que Sumar querría (ni el de ningún grupo parlamentario); pero este es el mejor Pacto posible porqué en un ejercicio de buena política -lejos del ruido, de la crispación- hemos sido capaces de establecer un debate político serio y respetuoso construyendo consensos a base de diálogo, intercambio de propuestas y cesiones por parte de todas (menos de las Diputadas de VOX, que con su actitud de desprecio hacia la subcomisión, hacia los debates y las medidas, desprecian el dolor de tantas mujeres).

Y aún más importante si cabe: ante un contexto global de retroceso de las políticas feministas entendidas como instrumentos esenciales para construir sociedades más igualitarias, justas y democráticas, en España somos capaces de ponernos de acuerdo (casi) todas las fuerzas políticas para avanzar en más feminismo y más democracia.