La destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay es una mala noticia. Toda América Latina ha expresado su oposición al nuevo Gobierno de Federico Franco. Sin embargo, con la ley en la mano, todo parece haber sido legal y, a pesar de ello, deplorable. El artículo 225 de la actual Constitución de Paraguay establece que "El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria".

Luego parecen haberse seguido los cauces legales, aprobados y reconocidos por los paraguayos. ¿Qué nos dice eso? Que en tiempos como los que corren, quizás, sería bueno revisar los textos constitucionales de todos los países, para introducir los pertinentes mecanismos de control por parte del pueblo soberano, no de sus representantes que en más de una ocasión se mueven por intereses particulares. Lo hemos visto en Europa, en nuestro propio país, como en cuestión de días se enmendaba la Carta Magna sin consulta previa al pueblo.

Hoy más que nunca, es preciso revisar esos textos y, si es el caso, reformarlos, porque de ello depende la salvaguarda real de la Democracia, de la verdadera Democracia que reside en el pueblo y no en los intereses particulares de representantes que hace tiempo perdieron el verdadero sentido de Estado.