«Las competencias son mías», decía Moreno Bonilla el día 5 de septiembre de 2023. Las competencias en vivienda son mías, y nadie nos las va a arrebatar, quizás le faltó añadir, y mucho menos no son para devolver la función social a la vivienda y limitar el negocio.

Esa semana el PP andaluz recurrió 16 artículos de la ley de vivienda y cuatro disposiciones generales, acusando a la Ley estatal Por el Derecho a la Vivienda de intervencionista y de invadir competencias autonómicas.

Moreno Bonilla tiene un plan. Es el plan del PP en todos los lugares del país desde hace años, el mismo que tenía Aznar en los 90: que la vivienda sea un negocio, que tener una vivienda sea sinónimo de tener un activo, una forma de hacer pasta, un negociete, y no duda en emplear todas las herramientas a su alcance para conseguirlo. Eso sí, no puede decir lo que piensa de verdad, por eso lo adorna con literatura, con la defensa de la autonomía, con la “seguridad jurídica”, pero, en fin, por sus actos los conocerán.

El PP andaluz repite una matraca sin cesar: aumentar la oferta hará que bajen los precios de la vivienda, porque todo es una cuestión de mercado de oferta y demanda. Quienes diseñan sus políticas saben perfectamente que eso no es así. La ley de la oferta y la demanda no funciona nunca, y muchas veces no sirve para explicar lo que pasa en un mercado concreto. Podemos poner el ejemplo de los plátanos de Canarias y la cantidad de toneladas que se tiran cada año para que los precios no se abaraten. O más cerca aún, con el aceite de oliva y la subida de precios desorbitada achacada a la sequía. Ahora que esa sequía ha remitido, los precios no han alcanzado los niveles anteriores a los peores momentos de la sequía. Hay muchos más factores que afectan a los precios más allá de la oferta y la demanda, factores sociales, ambientales, políticos, y muchos de ellos tienen que ver con el poder y con quién lo tiene.

En el caso de la vivienda existen muchos factores, entre ellos la visión de la vivienda como un bien refugio, como un activo financiero y una visión del bien inmobiliario con un valor de expectativas (quién posee la vivienda siempre aspira a que ésta se revalorice). Por todo esto, quien dice que no quiere intervenir un mercado adulterado por todas estas condiciones, realmente está interviniendo en favor del más fuerte, en este caso quien más viviendas posee o más capacidad de acceder a ellas en el mercado, como es el caso de los fondos de inversiones, los grandes propietarios, los bancos, etc.

En el caso de la vivienda, además, no sirve de nada hablar de manera genérica de demanda y de oferta si no especificamos claramente demanda para qué y oferta para qué. Cuando nosotras centramos el debate sobre el problema del acceso al derecho a la vivienda, nos referimos obviamente a una demanda residencial de la misma y a una oferta residencial de la misma. En este caso sí que podemos decir que los agentes económicos con poder y las instituciones han creado adrede con sus políticas (o con su inacción, que es lo mismo) un problema de oferta para la vivienda residencial, al mismo tiempo que no hay un problema de oferta en el caso del acceso a la vivienda para especular, invertir o de acceso limitado al puñado de millonarios que se pueden permitir comprar a tocateja.

En este sentido, en Andalucía no se puede casi hablar de la función social de la vivienda, eso no existe en el vocabulario político de Moreno Bonilla. Lo cierto es que antes de que el Gobierno de España se decidiese por primera vez en la historia de la democracia a hacer una ley Estatal de vivienda, el gobierno andaluz ya había puesto en marcha las primeras políticas de vivienda que trazaban el camino que pensaban transitar.

En el año 2020 se aprueba el Plan Vive, un texto amplio que regula muchas de las cuestiones relacionadas con la vivienda, pero en el que encontramos probablemente una de las cosas más lesivas que se han hecho en nuestra tierra en muchos años en materia de vivienda. Este plan situaba a Andalucía a la cabeza de las comunidades autónomas donde más rápido se descalificaban las VPO de precio limitado: siete años. En siete años una vivienda con participación pública, hecha con fondos públicos y en suelo público, pasa a formar parte del mercado -mal llamado- libre, pudiendo convertirse en un alquiler abusivo, o un “negociete” turístico.

Tres años después, en 2023, el Gobierno estatal saca la Ley Por el Derecho a la Vivienda, en la que, entre otras cosas, se regulaban dos cuestiones clave en materia de VPO. Una tenía que ver con limitar la posibilidad de descalificación, y la otra sobre grandes tenedores, aquellos que eran propietarios de varias viviendas en zonas tensionadas, que debían notificar en qué situación tenían su vivienda. El gobierno andaluz recurrió al Constitucional dieciséis artículos de la ley, entre ellos, estos dos.

Podríamos pensar que el gobierno andaluz exigía esas competencias y se envolvía en la bandera de la autonomía para ser ellos quienes aportasen las soluciones y medidas relativas garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía interviniendo en las zonas tensionadas. Nada más lejos de la realidad. Cuando el Tribunal Constitucional se pronunció, le quitó la razón en todo, salvo en los artículos que regulaban las VPO y las medidas para grandes tenedores. Es importante este matiz; no decían que aquello que regulaba estaba mal regulado, sino que eran las comunidades autónomas quienes debían hacerlo.

«Estamos satisfechos», dijo Moreno Bonilla, como un empresario con puro y copa en mano mientras sonríe: «Estamos satisfechos», y tanto que lo estaban. Al año siguiente, el gobierno andaluz puso en marcha el Decreto ómnibus, el «decretazo» o Decreto de simplificación administrativa: en él vuelve a subir el precio de la VPO: «incrementando el módulo un 14,5% y estableciendo una actualización anual automática en función del IPC». Todo esto acompañado de literatura sobre el encarecimiento de los costes de producción para los empresarios y hablando de equiparar esos precios a los de comunidades como Cataluña y Madrid, entre otras, olvidando quizás, que los salarios en Andalucía son bastante inferiores a los de las comunidades con las que pretendía comparar dichos precios. En definitiva, lo que se pretendía con esta nueva subida era «hacer más atractiva la inversión para los empresarios y constructores», así de simple y así de crudo. Desde ese momento, el precio definitivo de la VPO no ha parado de aumentar. No es raro caminar por nuestras ciudades y ver carteles de nuevas edificaciones de vivienda protegida con un cartel de precios que pone “desde 250.000€”. Hasta un 30% ha aumentado en ciudades como Sevilla. Joder, claro que estaban satisfechos.

Eso sí, el gobierno no ha parado de señalar a la Ley de vivienda estatal como la responsable de la subida de los precios de alquiler y compra en general. Sí, esa ley que recurrieron y que no aplican. “Los alquileres suben porque el gobierno ha legislado la posibilidad de topar los precios”, (a pesar de que Moreno Bonilla asegurase que no lo iba a hacer nunca); sería cómico si no fuese dramático. Ante la presión social, el gobierno andaluz anunció a bombo y platillo una Ley de vivienda andaluza que no sería intervencionista (risas) y que daría seguridad jurídica a inversores, caseros, y garantizaría mano dura contra una nueva figura acuñada por el ejecutivo andaluz llamada “inquiokupa”. Los católicos, hablando de los más desfavorecidos, de quienes por una mala racha dejan de pagar de forma puntual el alquiler, los llaman “inquiokupas”. No está mal recordarles que tienen a varias trabajadoras indirectas, a través de subcontratas, de la Junta de Andalucía, que llevan meses sin cobrar. Imagino que si han tenido que dejar de pagar el alquiler, para Moreno Bonilla serán, insisto, “inquiokupas”.

Pues bien, como la Ley no va a salir antes de que termine la legislatura, -estamos seguras de que no va a salir-, se les ocurre hacer un decreto titulado: “Medidas urgentes en materia de vivienda”. Con ese título y la literatura de la exposición de motivos, en la que habla de la dificultad en el “acceso a la vivienda para las personas más vulnerables” o “dificultad para los jóvenes” uno puede pensar que plantea algún plan, obviamente dentro de sus códigos ideológicos, para poner remedio a corto-medio plazo al problema de la vivienda. Pero, otra vez, Moreno Bonilla y los suyos no decepcionan. A los constructores, digo. Se trata de un decreto en el que el gobierno se plantea construir en 5 u 8 años, incluso más, un total de 20 mil viviendas en distintos regímenes.

Pero, ¿qué decía realmente el decreto?

Dejando a un lado el apartado de la vivienda turística del que hablaremos en otro artículo, el decreto se centra en dos cuestiones: facilitar y hacer atractiva la inversión a promotores y constructores, e incrementar el capital de las personas destinatarias de las VPO que se construyan.

Si empezamos por lo segundo, esto se traduce en que, si bien antes estaba fijado en 5,5 veces el IPREM, la normativa actual lo sube hasta 7. Estamos hablando de que, si atendemos a condiciones normales, alguien que cobra 4.200€ al mes podrá acceder a una VPO y, si cumple determinados requisitos (número de la unidad familiar o ser menor de 40 años) pueden acceder incluso aquellas personas con un sueldo mensual de 6.300€.

En cuanto a lo primero, tres cosas; barra libre a constructores, facilitar disposición de suelo para construir y otra vez, subir el precio de la VPO, esta vez a 2.683,08 €/m²útil, sin contar con trasteros, garajes y demás. Una nueva subida del precio de la vivienda protegida, la tercera en 5 años, con la excusa de abaratar el precio de la vivienda. El resultado: viviendas protegidas de 300.000 euros.

Históricamente la vivienda protegida ha servido para proporcionar la posibilidad de acceder a tener una vivienda en propiedad a aquellas personas con menos recursos. Mientras que lo que ocurre en Europa, en aquellos lugares como Viena o Amsterdam donde las políticas de vivienda están resultando efectivas, es que se protege más la vivienda de participación pública, aquí, el gobierno andaluz pretende convencernos de que el modelo de Madrid es el correcto para abaratar el precio.

Ellos saben perfectamente que no se va a abaratar el precio de esa forma, pero es que esa no es su intención. Para ellos, las viviendas nuevas son fichas de monopoly con las que aquellos que tienen más recursos pueden jugar. De esta forma aumenta la concentración de la propiedad en pocas manos, y las clases más populares se alejan de la propiedad quedando a merced de un mercado de alquiler completamente condicionado por estos grandes propietarios. No en vano, casi la mitad de las viviendas que se compraron el año pasado en Andalucía se hicieron sin hipoteca.

Alguien que compra una vivienda sin hipoteca por 300.000 euros no lo hace por ahorrador, lo hace por rico.

Lo que en realidad se está haciendo es crear vivienda para el libre mercado, a un coste ventajoso para la promotora y con una enorme posibilidad de beneficio para el adquirente inicial. Lo que se está haciendo es echarle carbón a una caldera ya muy muy caliente. Crear las bases para una nueva burbuja. En diferido.