Hay semanas que retratan a un líder mejor que cualquier discurso. La de Alberto Núñez Feijóo es un buen ejemplo. En apenas unos días ha decidido abrir una polémica innecesaria que ha terminado arrastrando a la Casa Real a un debate que nadie reclamaba; ha intervenido las negociaciones de sus propios dirigentes autonómicos para asegurarse de que nadie se salga del guion marcado para no incomodar a Vox; y ha votado en contra de un decreto que protegía a millones de personas con excusas baratas.

Feijóo y los suyos han querido presentar su voto como un castigo al Gobierno. Pero no han votado contra el Ejecutivo. Han votado contra la gente. Contra los autónomos que necesitaban un alivio fiscal. Contra familias que siguen haciendo malabares para pagar la luz y el gas. Contra personas vulnerables que ahora pueden verse abocadas al desahucio mientras los servicios sociales intentan encontrar una alternativa habitacional. Contra propietarios que hubieran tenido derecho a compensación económica durante esa suspensión. Contra quienes lo han perdido todo por una DANA o un incendio y podrían haber evitado pagar impuestos por la ayuda recibida. Contra quien compró un coche eléctrico o invirtió en placas solares contando con una ayuda pública que ahora se esfuma.

Esto no es una batalla parlamentaria. Es un daño real para millones de familias. O Feijóo no lo sabe, que sería grave; o lo sabe y vota en contra a sabiendas, que es todavía peor.

No sé cómo se duerme tranquilo después de votar en contra de medidas que alivian facturas, que dan un respiro a quien lo ha perdido todo, que evitan que una familia vulnerable viva con la angustia permanente de perder su hogar. No sé cómo pretende pedirle el voto a los españoles mirándole a los ojos con estos hechos en su historial. Moralmente es inaceptable; políticamente es un engaño.

Porque conviene decirlo con claridad: no intentan convencer a quienes ya forman parte de su base social. Intentan seducir a quienes necesitan que las instituciones funcionen. A quienes viven pendientes del salario, del alquiler, de la factura energética. A quienes saben lo que cuesta llegar al día 30. A esa mayoría trabajadora le hablan de moderación. Le prometen estabilidad. Le aseguran que estarán de su lado. Pero solo pretenden engañarles, porque cuando llega la votación, las decisiones revelan a quién protegen de verdad. Y esta semana, de nuevo, han elegido no proteger a esa mayoría.

Han agitado miedos que no se sostienen. Han caricaturizado medidas -que otros años han contado con su voto a favor- que exigían control judicial, acreditación objetiva y compensación económica. Lo hicieron sabiendo que no era lo que contaban. Eso no es firmeza. Eso es irresponsabilidad.

Quien convierte la protección de la gente en un campo de batalla partidista ha perdido el sentido de la responsabilidad pública. Gobernar un país exige sentido de Estado. Exige responsabilidad. Exige saber distinguir entre confrontación política y daño real. Lo que hemos visto en el Congreso no es un episodio aislado: es el modelo que proponen y es la antesala de lo que nos jugamos en Castilla y León. Y ahora toca decidir.

Castilla y León merece un gobierno que proteja, que invierta, que no juegue con la angustia de su gente. Merece dirigentes que, cuando tengan que votar, voten a favor de las familias, de los autónomos, de los servicios públicos. Hay momentos en los que el voto no es solo ideología. Es una decisión moral.

Si uno está cansado de que le prometan moderación y le entreguen bloqueo, si uno está cansado de que hablen en su nombre y voten contra él, entonces la respuesta no es quedarse en casa. La respuesta es votar para proteger lo que te importa. La pregunta sigue en pie: ¿Hasta cuándo piensan seguir burlándose de ti? Con tu voto, nunca más.