El plan inconstitucional del PP para derribar al Gobierno

Se trata de un plan que tiene su origen en la moción de censura de 2018, que acabó con el Gobierno Rajoy y elevó a la presidencia del Gobierno a Sánchez. A pesar de lo dicho por algunos comentaristas, no creo que el plan fuera concebido íntegramente desde el inicio, sino que fue subiendo en escalas en función de los acontecimientos. Además, no cabe situar en compartimentos estancos las etapas del plan, sino que se entrelazan en el tiempo. Describo a continuación las vías de este plan.

La defensa de la presidencia del Gobierno para el partido político más votado en las elecciones.

Fue una proclama inicial del líder de la oposición, Feijóo:  el Gobierno para el partido más votado. Ya lo planteó en un discurso de enero de 2023 pronunciado en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde tuvo lugar la jura de la liberal Constitución española de 1812. La exigencia de Feijóo es inconstitucional, porque no se corresponde con el art. 99. 3 de la Constitución, en el que se precisa: "Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgase su confianza al candidato, el Rey le nombrará Presidente". En este diario he publicado el artículo Ocho razones contra el gobierno de la lista más votada defendido por Feijóo. Me llamó entonces la atención que el líder de la oposición pronunciara tal disparate jurídico. Venía a Madrid, a hacerse cargo del PP con fama de persona moderada y sensata. Lo atribuí al error del principiante; quizás no leyó bien la Constitución, quizás no oyó bien a sus asesores.

La supuesta falta de legitimidad del Gobierno de coalición

La moción de censura es minusvalorada y contrapuesta a la votación en las urnas contra lo prescrito en la Constitución, donde aparecen al mismo nivel de legitimidad los dos procedimientos de elección del presidente/a del Gobierno. Pero no fue óbice para que líderes del PP pregonasen que el Gobierno era ilegítimo. Y junto a ello las acusaciones de pucherazo en las elecciones y de uso fraudulento del sistema informático de las elecciones, Indra, con el diputado europeo Pons a la cabeza, afirmando que Indra “cuenta los votos”. La denigración de la moción de censura es inconstitucional; es un procedimiento perfilado en el art. 113. 1 de la Constitución con el mismo valor que la votación del presidente del Gobierno por la mayoría absoluta de los diputados/as del Congreso. La acusación del pucherazo electoral se hizo sin aportación de uno al menos de los elementos de comprobación, de menor a mayor: conjetura, indicio racional, prueba concluyente. 

Extender sobre la ciudadanía la duda de la pureza de las elecciones es atentar contra una de las cuadernas vías de la estructura democrática. El PP no reparó en ello. En ese momento me di cuenta de que iría escalando toda la artillería contra el Gobierno, sin reparar en su ajuste a la Constitución o la ley.

La destrucción del derecho a la presunción de inocencia, reconocida en el art 24. 2 de la Constitución.

Contra su propia conducta ha exigido el PP la dimisión de políticos/as adversarios sin  que contra ellos haya dictado el juez la apertura del proceso penal, sino  la mera investigación (término jurídico apropiado y no imputación). Pongo como caso paradigmático el linchamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica  Oltra. Mientras que el diputado del PP Casero (recuerden: el que se equivocó de voto y permitió la aprobación de la reforma laboral), declaraba como investigado por prevaricación ante el juez de Trujillo, donde había sido alcalde, toda la plana mayor del PP se pronunciaba con palabras estridentes sobre la igualmente investigada Oltra. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid declaró: "Estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que ha amparado y escondido el abuso a una menor". La secretaria general del PP y portavoz del partido en el Parlamento afirmó que la vicepresidenta "no debería estar ni un minuto más en el cargo". La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP proclamó: "Por encima del interés del menor, su sillón".

Cuando advertí que el PP empleaba a líderes nacionales y no de la Comunidad valenciana contra una política que no era del PSOE sino de Compromís, me di cuenta que aplicaba una nueva estrategia: la exigencia  cínica de dimisión de los adversarios políticos imputados, aun cuando mantenía en sus cargos públicos  a decenas de imputados propios. Una política de desinformación e intoxicación de la opinión pública.

¿Cuántos políticos/as en activo, ocupando cargos públicos, tiene el PP que han sido o son investigados judicialmente? Muy por encima de cualquier otro partido político. Pero además el PP muestra una característica peculiar: ocupan cargos públicos miembros del partido condenados judicialmente.

En estos momentos el PP pretende cobrarse una pieza mayor: la del expresidente Zapatero, cuando ni siquiera ha declarado ante el juez y el auto del juez presenta cabos sueltos y afirmaciones sin aparato probatorio. Líderes del PP han injuriado a Zapatero y hasta han publicado un comunicado: “un cuarto de siglo de socialismo corrompido por la indecencia de Sánchez y Zapatero”.  El expresidente no ocupa cargo público desde hace 15 años, pero qué más da. Las líneas rojas existen para ser sobrepasadas.   

La generalización de los casos de presunta corrupción de determinados líderes del PSOE 

En el punto anterior el PP machacaba la presunción de inocencia de los adversarios políticos. Ahora da un paso más y eleva la presunta corrupción de algunos pocos líderes del partido al grado de la corrupción del PSOE. Los líderes del PP, todos a una, no hablan de presunta corrupción del PSOE, como partido político, sino  llanamente de un PSOE corrupto. Olvidan estos críticos que el PP es el único partido político condenado, como tal partido, por la justicia. Las afirmaciones de Feijóo son taxativas: "corrupción sistémica en el PSOE"; "el PSOE partido corrupto"; "una trama corrupta del PSOE". El portavoz en el Congreso, Tellado, va a más: "corrupción sistemática del PSOE desde 2018", "todos los señores del PSOE protagonizan un reality show del delito".

El PP no solo atropella la Constitución sino las reglas básicas de la lógica. Utiliza en su plan de demolición la regla lógica a minore ad maius, de lo menor a lo mayor, sin pasos previos en el proceso, a lo bruto, sin condiciones habilitantes.

No se puede aplicar al partido como tal, a la estructura del partido, lo que es una corrupción de algunos de sus líderes, por muy importantes que estos sean, ya se trate de presunta o condenada corrupción.

Zafarrancho de combate: todo vale contra el Gobierno PSOE-Sumar.

Como decía el gentío de Huelva, cuando de allí partían militares para "pacificar" Cataluña: "a por ellos". Sin contemplaciones. Es la etapa en la que ahora nos encontramos con un incierto panorama de futuro, pero con la seguridad de que irá a peor. ¿Líneas rojas a respetar? ¿Qué es eso? El PP se permite desmantelar la Constitución con toda clase de infundios y maniobras, para conseguir la caída del Gobierno, propagando hacia fuera presuntos delitos de los adversarios y olvidando hacia dentro los suyos, mayores y de la misma naturaleza que los que arroja hacia otros.

¿Qué hacer?

Suprimir la inviolabilidad de los parlamentarios/as. La inviolabilidad de los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado es una garantía que les concede la Constitución: "los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas  en el ejercicio de sus funciones". (art. 71. 1). Actualmente la inviolabilidad de los parlamentarios/as es una patente de corso, por la que pueden impunemente lanzar toda clase de injurias, calumnias y  falsedades. Los diputados/as y senadores/as del PP lo saben y hacen un uso abusivo y espurio de este privilegio. La supresión de la inviolabilidad parlamentaria evitaría en gran parte que nuestros representantes echaran más leña al fuego en la discusión pública; cuidarían su lenguaje ante la posibilidad -hoy inexistente- de ser acusados ante los tribunales de justicia. Tal vez las sesiones del Parlamento no serían una sarta de gruesas y altisonantes acusaciones y estarían más centradas en la política. En fin, nuestra frágil democracia mejoraría y la ciudadanía dejaría de seguir perdiendo la confianza en las instituciones y la clase política, que ahora está por los suelos.