No es polarización, es demolición

La izquierda no debe agachar la cabeza: sus razones siguen siendo las de millones de personas.

Escribo como ciudadano, como profesor de Historia y, actualmente, como diputado socialista en Madrid. No conozco personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero. Nunca he hablado con él. Escribo porque lo que está ocurriendo estos días va mucho más allá de una causa judicial concreta.

La tesis es sencilla: que se investigue todo. Si hay delito, que tenga consecuencias. Pero si no lo hay, también. Porque acusar, destruir reputaciones, alimentar sospechas y usar una investigación abierta como arma política tampoco puede salir gratis.

La política de demolición

No estamos viviendo solo una época de polarización. En democracia siempre hay proyectos distintos. La derecha y la izquierda existen porque no piensan igual sobre la economía, los derechos, los servicios públicos o la igualdad. Eso no es el problema. El problema es otro: la política de demolición.

Demolición es convertir cada institución en un campo de batalla. Demolición es usar una causa judicial antes de que haya sentencia para declarar corrupto a todo un espacio político. Demolición es intentar que la gente de izquierdas baje la cabeza, se esconda y deje de defender aquello en lo que cree.

No toda la derecha es igual.. Una democracia necesita alternancia, pluralismo y adversarios legítimos. Pero existe una derecha reaccionaria que ya no se conforma con disputar el poder: busca erosionar las reglas comunes cuando esas reglas no le garantizan ganar. En Madrid lo conocemos bien. Ayuso y Vox han hecho de esa política de demolición una forma cotidiana de oposición y de gobierno.

Todo lo que huela a igualdad, servicios públicos, memoria democrática, derechos sociales o redistribución se despacha como “socialcomunismo”. No se discute una política: se intenta convertir al adversario en ilegítimo. Y cuando el adversario deja de ser legítimo, cualquier medio empieza a parecer aceptable.

La historia española ofrece una advertencia. La Restauración tuvo Constitución, Cortes, elecciones y alternancia. Sobre el papel, todo funcionaba. Pero bajo esa apariencia estaban el turnismo, el caciquismo y la manipulación. No cayó de golpe: se vació por dentro cuando demasiada gente dejó de creer que las reglas eran limpias y comunes.

No estamos en la Restauración. España es una democracia plena. Pero la lección sigue viva: cuando los árbitros dejan de parecer neutrales, el sistema pierde legitimidad. Una democracia necesita jueces independientes, pero también necesita que la ciudadanía los perciba como árbitros, no como jugadores.

Ese es el peligro. Quieren desgastar a un Gobierno; el riesgo es que terminen desgastando la confianza en el sistema de 1978. Porque un Gobierno democrático se cambia con votos, no con autos convertidos en titulares ni con una presión permanente para convertir cada causa judicial en una moción de censura mediática.

Un auto de investigación no es una sentencia en borrador.

Ahí debe situarse también lo que está ocurriendo con Zapatero. No porque no deba investigarse. Al contrario: que se investigue. Las informaciones publicadas son graves. Pero una cosa es investigar y otra condenar antes de juzgar.

Zapatero no es una figura cualquiera. Para mucha gente representa una etapa de ampliación de derechos, libertades civiles, retirada de una guerra injusta, avances sociales y diálogo frente al ruido. Nadie es inocente por su biografía. Pero nadie debe ser tratado como culpable por una imputación.

Si lo que se investiga es cierto, será gravísimo. Si no lo es, también. La presunción de inocencia no es una frase para quedar bien. Está en la Constitución porque protege a cualquier ciudadano frente al poder del Estado. No empieza el día del juicio. Empieza cuando el Estado señala penalmente a una persona.

Por eso resulta preocupante que, según han señalado distintos juristas, un auto que cita a declarar a una persona como investigada parezca atribuirle ya el papel de "jefe" o "vértice" de una trama antes de que haya declarado y antes de que todo se haya sometido a contradicción y defensa.

En derecho penal no basta con que terceros hablen de alguien. No basta con que haya relaciones personales, consultorías o intermediarios. Todo eso puede justificar una investigación. Pero para sostener una responsabilidad penal hace falta probar actos propios, relación causal y finalidad ilícita.

La oposición puede criticar. El Gobierno debe responder. Pero una democracia se degrada cuando una investigación judicial abierta se usa para construir una sentencia política antes de que haya juicio.

La izquierda no debe agachar la cabeza

Esto no afecta solo a los partidos. Afecta a la ciudadanía. Cuando las reglas comunes se debilitan, no pierden todos. Pierden quienes más necesitan que el Estado funcione: quienes dependen de una escuela pública digna, de una sanidad fuerte, de una justicia imparcial y de derechos que no dependan de la cuenta corriente. Quienes acaban ganando son quienes tienen más poder, más recursos y más capacidad para protegerse cuando las reglas se rompen.

La democracia no nació para asegurar privilegios a quienes ya estaban protegidos. Nació para que los derechos fueran de todos.

España no es solo un Estado de derecho. La Constitución dice que somos un Estado social y democrático de derecho: de derecho, porque exige garantías; democrático, porque exige votos, pluralismo e instituciones comunes; social, porque exige igualdad, servicios públicos, derechos y redistribución. Si falla una de esas tres patas, se resiente todo el edificio.

Por eso resulta tan significativo decretar ahora el entierro del progresismo. Una causa judicial  no puede enterrar una tradición democrática entera ni liquidar la necesidad de igualdad, servicios públicos, derechos sociales y dignidad para quienes no nacen con todo resuelto.

La izquierda no debe esconderse. No debe bajar la cabeza. Debe exigir limpieza, ejemplaridad y responsabilidades si las hay. Pero también debe recordar por qué existe: para mejorar la vida de la gente. Para que nadie dependa de su apellido, de su barrio, de su cuenta corriente o de la suerte de nacer en una familia con recursos.

La escuela pública no pregunta a quién votan tus padres. La sanidad pública no distingue ideología antes de atender. La igualdad ante la ley no debería depender del apellido. Y la presunción de inocencia tampoco protege a "los nuestros": protege a cualquier ciudadano frente al poder del Estado.

Lo que defendemos no es para unos pocos. Es para todos.

Zapatero debe explicar. La justicia debe investigar. El Gobierno debe responder. Si los hechos se prueban, deberán asumirse todas las responsabilidades. Y si no se prueban, también habrá que exigirlas. Porque "calumnia, que algo queda" no puede ser una estrategia política aceptable en democracia.

El progresismo no nació para proteger biografías. Nació para ensanchar ciudadanía. Que se investigue todo. Pero que nadie use una causa judicial para enterrar garantías, convertir el derecho penal en sentencia política o clausurar unos valores --igualdad, derechos, servicios públicos y dignidad-- que siguen siendo imprescindibles.

La izquierda no debe agachar la cabeza. Debe levantarla. Porque sus razones siguen ahí. Y siguen siendo las razones de millones de personas.