Pongan cifras al daño que han hecho y paguen

No hay cifra. No hay baremo. No hay medida. Y, sin embargo, hay algo que sí está perfectamente definido desde hace décadas: el daño. Un daño concreto, repetido, sostenido en el tiempo, inscrito en cuerpos de niños y niñas, en silencio. Ahora llega la reparación, pero sin números. Cuánto nos cuesta hablar de cifras, de cantidades, cuando se trata de violencias sexuales. Pero resulta imprescindible. 

Lo tiene claro el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, es decir, quien representa institucionalmente a la Iglesia en este proceso. “Hemos querido atender rostro a rostro. Hemos querido excluir las referencias a baremos, no se trata de esto. En eso hemos estado de acuerdo las tres entidades. (...) No se trata de establecer cantidades y horquillas”. La frase no es técnica. Es política. Define un modelo: sin baremos.

Tiene el cuajo de presentar como un enfoque humano, “rostro a rostro”, lo que en términos reales significa que cada víctima entra sola en un sistema sin referencias claras, sin saber qué puede esperar, sin un mínimo garantizado. Significa que la reparación deja de ser un derecho previsible, concreto, y pasa a depender de “una valoración”, caso por caso, sin una equivalencia pública clara entre daño y reparación.

Fijar esos baremos es necesario. De hecho, en otros países, con todos sus límites, sí se ha hecho. En Francia existen baremos orientativos que vinculan gravedad y compensación. En Irlanda existen rangos definidos dentro de un sistema estatal de indemnizaciones. En Alemania, incluso con críticas, hay topes establecidos. Y en Estados Unidos, la vía judicial ha producido compensaciones notablemente altas y, sobre todo, criterios claros derivados de sentencias. En todos esos casos hay algo que aquí falta: una relación explícita entre daño y reparación.

España ha elegido otra cosa, unas “horquillas”. Una horquilla sin límites claros no es una herramienta de justicia, sino un espacio de decisión donde dos víctimas con historias similares pueden recibir respuestas distintas sin que exista una regla que lo justifique. Y en ese espacio reaparece el desequilibrio: la víctima frente a la institución.

¿Se podría hacer de otra manera? Por supuesto. Se pueden, por ejemplo, aplicar los baremos de accidentes de tráfico. De hecho, su mera existencia es la prueba de que si no existen baremos en otras circunstancias es porque no les da la gana. No se trata de aplicarlas tal cual, evidentemente, pero la posibilidad de tomarlas como ejemplo ofrece un marco técnico ya consolidado, objetivo y cuantificable para valorar daños personales —especialmente psicológicos y morales— en contextos donde, de otro modo, la indemnización depende excesivamente de criterios discrecionales.

Al tratarse de un sistema reconocido por los tribunales españoles y utilizado de forma orientativa en distintos ámbitos de la responsabilidad civil, permite homogeneizar compensaciones, reducir la incertidumbre jurídica y acelerar procesos de reparación, sirviendo como punto de partida común sobre el que después pueden introducirse ajustes que reflejen la mayor complejidad y gravedad específica de los abusos.

No estamos ante una institución cualquiera. Estamos ante una institución que durante años no escuchó a las víctimas, escondió a los agresores, protegió su reputación y sostuvo una cultura criminal de silencio. Que ahora esa misma institución participe en un sistema sin baremos no es un detalle: es un problema estructural.

Poner cifras no es reducir el daño. Es asumirlo. Es decir: “esto”, como mínimo, vale “esto”. Renunciar a los baremos es evitar ese compromiso. Es dejar la reparación en un terreno flexible, donde todo depende.

Parece evidente que, tras décadas de silencio, lo que las víctimas necesitan no es flexibilidad. Es certeza. Porque sin cifras, sin reglas, sin un estándar común, la reparación queda incompleta. Y el riesgo es claro: que incluso ahora, incluso en el momento de reparar, todo siga dependiendo de quién decide cuánto vale lo que pasó.