PP y Vox ya han comenzado a sacrificar

La infausta alianza entre PP y Vox ha metido una marcha más en plena precampaña y ha eliminado de un plumazo las ayudas a las ONGs que asisten a las personas sin hogar en Andalucía. Con la retirada de fondos a estos programas sociales, no sólo se quedan en la calle más de 300 personas vulnerables, sino que también se quedan sin empleo decenas de personas que los llevaban a cabo. La noticia salta la misma semana que conocemos que Andalucía registra la tasa de pobreza laboral más elevada de España. Esta es la vocación de servicio público de las derechas en nuestro país.

No hay prioridad nacional que valga, aunque el espíritu de esta retirada de ayudas sea precisamente perjudicar a la comunidad migrante. Esta decisión del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se lleva por delante tanto a población nacional como extranjera. Es lo que sucede cuando PP y Vox juntan en la misma ecuación racismo, xenofobia y aporofobia.

No hay manera ni racional ni emocional de justificar estas políticas de las derechas. Los programas que ha eliminado la Junta de Andalucía ni repartían “paguitas” ni las ayudas eran suficientes para cubrir la labor que realizaban estas ONGs. El alquiler y los contratos de los pisos de acogida que gestionan estas entidades para personas sin hogar corren de su cuenta y el montante de dinero que aportaba la Junta quedaba muy, pero muy lejos del coste del arrendamiento, especialmente en ciudades como Sevilla o Málaga donde la especulación descontrolada ha destruido los barrios, sumiéndolos en una profunda crisis habitacional.

No se trataba de ayudas a fondo perdido ni improductivas, puesto que detrás de estos programas existe una labor de integración que la Junta de Andalucía no está llevando a cabo. Ya a principios de año lo advirtió Cáritas, privada también de las ayudas pese a que desde la llegada de Moreno Bonilla a San Telmo la exclusión social ha crecido con cerca de 400.000 personas más en situación crítica. Estas organizaciones tienen el conocimiento, la experiencia y la especialización para prestar este servicio que, a fin de cuentas, consiste en no dejar a nadie atrás, sacarlos de los márgenes de la sociedad.

Desde personas españolas a las que la vida les ha pegado un revés y han perdido su hogar, como sucedió con la pandemia, a personas migrantes dentro de programas de protección internacional, las entidades trabajan con todas ellas, les proporcionan un techo digno, clases de español, asistencia psicológica, etc., todo cuanto es necesario para que puedan convertirse en sujetos autónomos y, como les gusta a estos neoliberales impíos, productivos.

¿Acaso creen que eliminar estos programas de integración borrará automáticamente del mapa a quienes se beneficiaban de ellos? En absoluto, lo que sucederá es que tendrán muchas más dificultades para salir del hoyo en el que se encuentran, reduciendo drásticamente las posibilidades de contribuir a la sociedad con su actividad, sus ganas, su ilusión. La cantidad de personas a las que estas entidades ya han ayudado, con el apoyo institucional que tenían hasta la fecha, se cuenta por miles, pero PP y Vox quieren acabar con eso. Quizás era a esto a lo que se refería Alberto Núnez Feijóo cuando hablaba de “sacrificios”, en su altar elitista de discriminación.

Por otro lado, el tijeretazo social que aplica el gobierno de Moreno Bonilla va a mandar al paro a decenas de trabajadores que vocacionalmente se dejaban la piel para construir una sociedad mejor. Era esta vocación y la solidaridad la que permitía suplir la insuficiencia de fondos por parte de la Junta de Andalucía; cerrado ese grifo, se produce un efecto dominó del que los únicos culpables son PP y Vox. Además de dejar desamparados a los centenares de personas incluidos en estos programas -y que lo último que harán es abandonar su techo-, manda a la cola del SEPE a decenas de personas con una experiencia única, precisamente, cuando Andalucía encabeza la tasa de pobreza laboral más alta de España, con 17,65%, según recoge un informe de Oxfam Intermón, frente al 11,48% de la media nacional. Más de 102.000 los trabajadores andaluces que se encuentran en esta situación tras pagar la vivienda y, descontados esos gastos, la tasa de pobreza laboral se eleva en la comunidad al 20,98% frente a 15,49% de la media nacional.

Esto no ha hecho más que empezar. Cuando Moreno Bonilla y Manuel Gavira (Vox) firmaron su acuerdo para formar gobierno, todos los colectivos sociales y feministas supieron que se avecinaban tiempos muy oscuros en Andalucía, al igual que en el resto de España donde se ha extendido esta alianza miserable. Era un secreto a voces y las entidades avanzaban en su trabajo esperando el golpe, mientras los altos cargos de la Junta -314 en los últimos ocho años- reciben ayudas de 2.000 euros mensuales para vivienda, según denuncia Adelante Andalucía. Las tres entidades ahora afectadas -Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta- representan otra muesca en la culata de PP y Vox que ya afilan la navaja para marcar nuevos cortes. Va a haber más.

Hace años, este tipo de anuncios eran inimaginables en plena precampaña electoral. Consideradas medidas tremendamente impopulares, los partidos políticos se cuidaban mucho de publicitarlos hasta que hubieran pasado las elecciones. Eso ha cambiado. Ahora, las derechas los incorporan a sus campañas confiadas en que les reportarán votos. Una democracia madura, una sociedad como la española debería recuperar aquel baremo moral por el que no se premiaba la discriminación, la inhumanidad. Más aún con un Gobierno, como el de PP y Vox, que acaba de aprobar una proposición de ley para eliminar la representación obligatoria de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Cuentas de Andalucía. Una reforma exprés para eliminar la luz y taquígrafos de la gestión de lo público, incluidos los fondos que ahora retiran de la inserción social.