Casi dos euros por litro. No hace falta escuchar las noticias ni leer los periódicos: el susto está asegurado cuando vaya a repostar. El precio de la gasolina aprieta y ahoga, porque es la puntilla para un elevado porcentaje de personas que en su actividad diaria dependen del transporte; tras dos años capeando el temporal económico que ha traído la crisis sanitaria de COVID-19, este remate final está teniendo consecuencias fatales. La paciencia se agota y no se trata de una postura insolidaria con Ucrania, pues la guerra sólo ha acentuando la escalada de precios, pero ésta ya venía en ascenso antes de que estallara el conflicto.

Los consumidores están hartos de empatía, de comprensión. No les culpo, porque vuelve a evidenciarse una penosa realidad que se constata cuando fluctúa el precio del combustible: cuando sube el precio del petróleo, el de la gasolina en el surtidor se dispara; sin embargo, cuando el petróleo se desploma, el descenso en el precio del combustible es mucho más ligero y en absoluto proporcional. Alguien hace caja a nuestra costa, es el pensamiento generalizado.

Si a esa reflexión se suman las sanciones que en el pasado ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las petroleras por pactar precios, ¿qué empatía o compresión se puede exigir a los consumidores? Ninguna. Recuerda a ese empresario que cuando dispara sus beneficios no lo repercute en sus trabajadores y trabajadoras pero, en cambio, cuando vienen mal dadas reclama solidaridad y recorte de salarios... ese arrimar el hombro selectivo y unilateral.

Existe el mito de que pagamos más impuestos que gasolina, pero es falso. La carga impositiva está por debajo del 50% y, además, no es ni de lejos de las más altas de Europa. No sucede lo mismo con el precio de la gasolina antes de impuestos, que es uno de los más altos de Europa, sólo por detrás de países como Dinamarca, Alemania, Holanda, Suecia y Finlandia. El hecho de que el sector esté en muy pocas manos y, como ha demostrado la CNMC, en ocasiones hayan pactado precios no ayuda a tener precios de combustible razonables.

Se reclaman medidas por parte del Gobierno para paliar esta subida. Tan sólo hay dos medidas directas: la primera, rebajar los impuestos, como se ha hecho con el recibo de la luz, lo que rebaja los ingresos del Estado y, con ello, los recursos para la prestación de servicios públicos. La segunda, tomar medidas directas con el precio antes de impuestos, algo con lo que a Europa le rechinarían los dientes, al tiempo que se alzarían voces críticas tachando de intervencionismo bolivariano. No deja de ser curioso que algunas de las personas que reclaman ese intervencionismo estatal con la gasolina son los que incendian las redes sociales cuando el gobierno intenta frenar la especulación con el alquiler de la vivienda. Otro arrimar el hombro selectivo y unilateral.

Sea como fuere, esta escalada de precios trasciende a mover el vehículo personal. Afecta de pleno a los transportistas, que ya miran al 14 de marzo para sus movilizaciones... y con ello, a la cesta de la compra, que ya venía encareciéndose fruto de la estafa que sufrimos todas y todos con el sistema de establecimiento del precio de la luz, que sigue penalizando a las renovables.

Huyan de quienes depositen toda la culpa de la subida de precios en nuestra dependencia de los combustibles fósiles, porque si bien es cierto que continúa existiendo, cada vez es menor y, en materia de generación eléctrica, ya se han encargado las eléctricas de neutralizar en el precio la transición realizada hacia energías verdes.

Bajar a pie de calle y abordar con sesudas teorías macroeconómicas a quienes sienten que el precio de la gasolina comienza a saltar de la presión a la asfixia es una temeridad. En parte, porque esas teorías se levantan sobre pilares falaces, cárteles de empresas que pactan precios y gobiernos faltos de coraje para imponer la coherencia, la justicia en el mercado energético, con expolíticos en sus filas de uno y otro signo.