La pregunta equivocada sobre Ceuta

Hace unos días Le Grand Continent publicaba un artículo cuyo argumento central puede resumirse de forma sencilla: no existen pruebas concluyentes de que Marruecos orquestara la crisis de Ceuta del pasado mes de julio y, por tanto, resulta precipitado atribuir a Rabat una responsabilidad política en lo sucedido. Es una tesis sugerente. También, en mi opinión, profundamente equivocada.

No porque Marruecos deba ser considerado automáticamente culpable de todo lo ocurrido. Tampoco porque existan pruebas irrefutables de que alguien, desde el Palacio Real o desde el Ministerio del Interior marroquí, ordenara abrir la frontera. Lo es porque parte de una premisa que no se corresponde con la forma en que hoy se ejerce el poder.

La geopolítica del siglo XXI ya no se desarrolla únicamente mediante guerras declaradas o crisis diplomáticas abiertas. Buena parte de la competencia entre Estados transcurre en ese espacio ambiguo que conocemos como zona gris: un terreno donde la presión económica, la desinformación, los ciberataques, la coerción diplomática o la instrumentalización de los flujos migratorios permiten modificar el comportamiento de un adversario sin llegar nunca a cruzar el umbral de la confrontación militar.

Precisamente porque funcionan en ese espacio de ambigüedad, estas estrategias nunca dejan tras de sí una orden firmada. Ese es su principal valor estratégico: ofrecer siempre una negación plausible. Por eso el debate nunca ha consistido en averiguar si Marruecos "organizó" la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta. La pregunta relevante es otra mucho más incómoda: ¿podía impedir que ocurriera? La respuesta parece evidente.

Marruecos mantiene uno de los sistemas de control fronterizo más sofisticados del continente africano. No únicamente por razones de seguridad nacional, sino porque el control migratorio constituye uno de los principales activos de su relación política con la Unión Europea. Durante años Bruselas ha financiado equipos, infraestructuras, formación y cooperación policial precisamente para reforzar esa capacidad. Resulta difícil sostener, por tanto, que un movimiento de semejante magnitud pudiera desarrollarse completamente al margen del conocimiento de las autoridades marroquíes.

Ahora bien, reconocer esa capacidad de control no equivale necesariamente a afirmar que existiera una planificación previa. Entre ambas posiciones existe un amplio espacio político que algunos parecen empeñados en ignorar. En las estrategias híbridas no siempre es necesario provocar una crisis. A veces basta con no evitarla. Esa diferencia, aparentemente menor, resulta fundamental.

La desinformación que circuló durante aquellos días sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo español probablemente desempeñó un papel importante en la movilización de miles de personas hacia la frontera. Todo apunta a que muchos creyeron que existía una oportunidad excepcional para acceder a territorio español. Pero incluso aceptando esa explicación, sigue sin responderse la cuestión esencial: ¿por qué nadie actuó para impedir que aquella movilización alcanzara semejantes dimensiones? La permisividad también constituye una forma de acción política.

No hace falta fabricar un fenómeno cuando basta con dejar que evolucione hasta producir los efectos deseados. Y esos efectos fueron inmediatos. Colapso de la capacidad de acogida, polarización política interna, auge del discurso securitario, tensión diplomática entre Madrid y Rabat, divisiones en la UE y una nueva demostración de la enorme vulnerabilidad de la frontera sur europea. Y reducir todo ello a un simple episodio espontáneo resulta, como mínimo, ingenuo.

Pero centrar exclusivamente el debate en Marruecos tampoco permite comprender el problema de fondo. Porque la principal responsabilidad estratégica se encuentra, en realidad, mucho más cerca de Bruselas. Durante más de veinte años la Unión Europea ha construido su política migratoria sobre un proceso creciente de externalización del control fronterizo. En lugar de desarrollar una auténtica política común de migración y asilo, ha preferido trasladar buena parte de esa responsabilidad a terceros países mediante acuerdos económicos, cooperación policial y asistencia financiera.

El resultado es una paradoja que hoy comienza a mostrar todas sus contradicciones. Si los europeos pretendían reducir su vulnerabilidad delegando el control migratorio, lo que han conseguido es hacer depender parte de su propia seguridad de las decisiones soberanas de países cuyos intereses estratégicos no siempre coinciden con los europeos. Y esto otorga capacidad de influencia. Y quien dispone de capacidad de influencia no necesita dar órdenes explícitas para ejercer poder. Basta con modular el grado de cooperación.

España conoce bien esa realidad. Precisamente por ello resulta aún más difícil sostener que la relación bilateral con Marruecos atraviesa un momento de estabilidad política. El giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental pretendía inaugurar una nueva etapa basada en la confianza mutua y la cooperación estratégica. Cuatro años después, la crisis de Ceuta obliga a preguntarse qué ha obtenido realmente España a cambio de aquella concesión histórica.

Existe además una contradicción política que el Gobierno difícilmente podrá seguir esquivando. España ha construido buena parte de su credibilidad internacional defendiendo una política exterior basada en principios. Esa posición ha sido visible respecto a Ucrania, Palestina o la defensa del derecho internacional. Sin embargo, esa misma lógica desaparece cuando se trata del Sáhara Occidental, donde el acercamiento a la monarquía marroquí ha supuesto abandonar el tradicional respaldo español a una solución conforme al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas.

Ceuta demuestra que las concesiones en materia de principios no garantizan necesariamente mayor seguridad. Más bien, al contrario. Pueden generar nuevas dependencias. Desde esa misma perspectiva resulta igualmente discutible la propuesta formulada por Mehdi Alioua de avanzar hacia una cogestión de Ceuta y Melilla bajo la premisa de que constituyen enclaves coloniales. Más allá del debate histórico, la propuesta incurre en una confusión entre cooperación y soberanía. La gestión compartida de cuestiones transfronterizas —movilidad, comercio, protección ambiental o desarrollo económico— puede y debe reforzarse. Pero convertir la soberanía de las ciudades en materia de negociación significaría precisamente otorgar eficacia política a las estrategias de presión híbrida. Si cada episodio de tensión fronteriza abre la puerta a revisar el estatuto de los territorios afectados, la instrumentalización de los flujos migratorios deja de ser un fracaso de la política migratoria para convertirse en un mecanismo rentable de influencia geopolítica. Y ese sería un precedente extraordinariamente peligroso, no solo para España, sino para el conjunto de la Unión Europea.

Por eso el debate no debería girar alrededor de una pregunta imposible de responder: si alguien dio o no la orden. La cuestión verdaderamente relevante es otra: ¿Cómo y por qué ha llegado la Unión Europea a construir un modelo de gestión de sus fronteras en el que basta con que un socio estratégico reduzca temporalmente su nivel de cooperación para desencadenar una crisis política y de soberanía de primer orden?

Mientras esa pregunta siga sin respuesta, seguiremos discutiendo sobre la existencia o no de conspiraciones, cuando el verdadero problema es mucho más profundo. En la geopolítica contemporánea el poder rara vez consiste en obligar a que sucedan las cosas. Con frecuencia basta con decidir cuándo dejar que sucedan.