El Centro Penitenciario de Sevilla ha remitido el informe a la Audiencia Provincial de Sevilla para determinar la idoneidad de que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán cumpla con su condena de seis años y dos días de prisión por malversación pese a padecer cáncer de próstata. Más allá del dictamen al respecto, al cual existe un plazo de alegaciones, lo llamativo del informe es la denuncia de la insuficiencia de medios sanitarios para atender debidamente a la población reclusa.

No es que no supiéramos que en nuestras cárceles existen presos de primera, de segunda y de tercera, pero el caso Griñán expone esta realidad aún con más crudeza. Pese a su brevedad, el informe del Centro Penitenciario de Sevilla, que acoge a cerca de 700 reclusos -con el mayor número de enfermos con trastornos mentales-, es demoledor, indicando que "la insuficiencia de efectivos sanitarios (especialmente médicos) está generando dificultades en la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad".

No obstante, esta carencia de medios no impide que las consultas y tratamientos externos en hospitales sean una realidad siempre y cuando estén debidamente programados, lo que abre la puerta al tratamiento en prisión de Griñán, tal y como expuse en otra columna en la que revelaba que en el último informe nacional se recogen más de 570 consultas oncológicas externas.

Independientemente de la decisión final sobre el expresidente, lo preocupante hoy es saber de primera mano que la población reclusa no está tratada sanitariamente de un modo aceptable. Para esos cerca de 700 presos, entre su plantilla sanitaria la cárcel de Sevilla dispone de cinco médicos, una farmacéutica y ochos enfermeros con cinco consultas de atención primera, una única sala de curas y un solo módulo de enfermería.

El propio Centro Penitenciario de Sevilla advierte que esos medios no son suficientes y este mismo año la Audiencia Nacional ordenó indemnizar a un hombre que pasó más de un año en prisión preventiva en Sevilla -finalmente fue absuelto- y enfermó de tuberculosis durante su estancia en la cárcel. Del mismo modo que la petición de Griñán de no ingresar en prisión debería hacer valorar el estado de la atención médica en nuestras cárceles, este último informe del Centro Penitenciario de Sevilla avergüenza a la Junta de Andalucía y a Instituciones Penitenciarias.

Un país que no presta una atención digna a su población reclusa en su conjunto es un país con el Estado de Derecho quebrado. Nuestro ordenamiento jurídico concibe la prisión como pena, pero también como el espacio idóneo para favorecer la reinserción una vez cumplido el castigo. Sin embargo, ¿cómo crear ese espacio si ni siquiera se presta una atención médica adecuada? Lo cierto es que justo en un momento en el que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha mostrado sus cartas tendiendo la alfombra roja a la privatización de la Sanidad Pública con tarifario incluido, estas denuncias parecen de lo más normal.

Lo más triste de la situación es que es generalizado el pesimismo acerca de las posibles mejoras de las condiciones en las cárceles. Además, de siquiera planteárselo, seguramente se apostaría por la privatización de la atención médica, como de hecho ya quiso Rajoy hacer durante su gobierno con los propios funcionarios de prisiones. No importa la salud de los presos, importa el negocio que generen aun estando entre rejas.