El pasado 13 de octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, definió a los inquilinos de España, o sea a quienes alquilamos pisos en lugar de comprarlos. “Yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando, o cuando me destroza la casa. Lo que hay que hacer es ayudar a que la gente le rente alquilar su casa”, declaró en Telecinco.

Catorce millones y medio de hogares son casas en propiedad. Los alquilados no llegan a tres millones y medio. Y sin embargo, de hacer caso a voces como las de Ayuso o la alerta constante en los medios de comunicación sobre supuestas okupaciones constantes y violentas, parece que los propietarios son un pequeño grupo débil y acorralado. Los únicos acorralados son los inquilinos, víctimas de cláusulas abusivas y cuyos ingresos a duras penas alcanzan para el pago mensual y los suministros básicos.

Con sus palabras Díaz Ayuso inventa una sociedad en la que la mayoría rozamos lo criminal y un grupo de ciudadanos decentes sobrevive aterrado. Pobre Ayuso, tan española y no le gusta España.

Al sindicato de policía Jusapol le pasa más de lo mismo. Han salido a manifestarse por miles contra una reforma de la Ley Mordaza que, según ellos, les “pone en situación de peligro e indefensión”. ¿Indefensos ante quién? Cabe suponer que ante los ciudadanos y ciudadanas criminales cuyas hordas recorren nuestras calles armados hasta los dientes a la caza del policía.

Lamentablemente, las cifras, como en el caso de Ayuso, tampoco están con ellos. El último informe de criminalidad del Ministerio de Interior hecho público hace solo dos meses demuestra que la tasa de criminalidad alcanzó en España su mínimo en los últimos años: 39,6 infracciones por mil habitantes. De hecho, solo han aumentado las violaciones, nada menos que un 30%. Los medios de comunicación acaban de calificar la caída de la delincuencia en España de “espectacular”.

Entonces, cabe suponer que, en el centro de la protesta policial, con Jusapol a la cabeza, está su preocupación por el aumento de las violaciones. Me permito aquí una cuña para añadir que solo violan los hombres. Pero no. Todas sus quejas sobre identificación de ciudadanos y ciudadanas, posibilidad de tomar imágenes de sus actuaciones (nadie fotografía a un poli que dirige el tráfico) o su derecho al uso de ciertas armas especialmente dañinas tiene que ver de una forma u otra con las manifestaciones ciudadanas. O sea, no tienen que ver con los crímenes sino con las protestas.

Si estos señores de los sindicatos policiales querían protestar contra los derechos más básicos de la ciudadanía, no les hacía falta inventarse una España que no existe. España se encuentra en los primeros puestos del ranquin de los países más seguros del mundo. Lo que sucede es que, como en el caso de Ayuso, a esta Policía que se manifiesta no le gusta la España que existe. Quizás a la España que existe tampoco les gustan ellos. Es un suponer.