Enfrentar la lógica extractivista y neocolonial que preside las relaciones comerciales a nivel mundial. Resistir a los megaproyectos que destruyen los territorios y las comunidades que los habitan. Denunciar a las grandes corporaciones y fondos de inversión transnacionales que hacen negocio con la mercantilización de la naturaleza. Fortalecer alianzas con las comunidades y los movimientos populares que promueven planes de vida alternativos a los que se basan en el crecimiento económico y la acumulación de capital. Estos son los objetivos con los que acaba de lanzarse un proceso de articulación internacional de luchas sociales frente a la ofensiva capitalista global. El nombre de esta red marca el campo de juego: Pueblos contra el Extractivismo.

Hace cinco años, tras el shock pandémico y la interrupción de las cadenas globales de valor, los grandes poderes económico-financieros promovieron la “salida de la crisis” mediante una acelerada adaptación empresarial a los nuevos nichos de negocio. Así, a la vez que contraatacaban frente a los movimientos de justicia climática, impulsaron el capitalismo verde y digital. Con este renovado paradigma, la transición energética y la digitalización se convirtieron en los dos pilares fundamentales sobre los que formular la penúltima readecuación de los intereses capitalistas. Los fondos Next Generation, sostenidos sobre un gigantesco programa de ayudas estatales con fondos públicos, fueron la principal herramienta para impulsar esta transformación en las principales economías europeas. Y las grandes empresas, las principales beneficiarias.

Con el estallido de la guerra de Ucrania, a principios de 2022, terminaron de reventarse las costuras del “proyecto europeo”. Los cortes de suministro del gas ruso y el declive de la industria centroeuropea llevaron a la UE a cambiar el paso a toda máquina. En los poco más de dos años que transcurrieron desde la invasión de Rusia hasta las últimas elecciones europeas, la Unión emprendió una ofensiva normativa para reposicionarse geopolíticamente en el nuevo (des)orden global. Su apuesta estratégica por fortalecer las políticas de defensa, migraciones y comercio, redoblando la apuesta por la militarización, el control de fronteras y el extractivismo, se tradujo en toda una catarata de planes, directrices e instrumentos regulatorios: actualización e impulso de tratados comerciales, firma de nuevos acuerdos de asociación sobre materias primas, aprobación exprés del reglamento europeo de minerales críticos, fomento de alianzas público-privadas, lanzamiento de la estrategia industrial de defensa… El green new deal ha devenido en capitalismo verde militar.

Con todo ello, la Unión Europea ha reforzado la lógica extractivista neocolonial —que ya desde sus orígenes ha sido la base de la expansión del “proyecto europeo”— para garantizar su lugar en las cadenas de suministro dentro del patrón globalizado de producción, distribución y consumo. El texto del reglamento de materias primas fundamentales, consensuado por todas las instituciones europeas en uno de los procedimientos legislativos más rápidos de la historia de la Unión, es muy claro al definir su objetivo de crear “un marco que garantice el suministro internacionalmente competitivo, seguro, resistente y sostenible de materias primas fundamentales de la UE”. En el contexto actual, se trata de controlar el acceso a su explotación y sus reservas, por un lado, y de ampliar la frontera extractiva a nivel global para incrementar todo lo posible la oferta de materiales, por el otro.

El hecho de que se esté incrementando la competencia por unos recursos minerales cada vez más escasos, en el marco de fuertes tensiones geopolíticas y la creciente hegemonía de China en las relaciones internacionales, ha llevado a la UE a resituar el foco de sus políticas comerciales. La agenda de inversiones Global Gateway y la nueva oleada de acuerdos de comercio e inversión se ha diseñado con un claro objetivo: asegurar el acceso de las transnacionales europeas a las materias primas esenciales para el desarrollo del capitalismo verde oliva y digital. La Unión Europea, antes de que ese territorio que alberga 25 de los 34 minerales fundamentales se convirtiera en noticia por la arremetida anexionista de la administración Trump, ya firmó con Groenlandia un memorándum de entendimiento sobre materias primas críticas a finales de 2023.

Uno de los principales focos de la ofensiva pro-extractivista está en el conocido triángulo del litio, situado entre el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina, donde se encuentran dos tercios de las reservas mundiales de este mineral fundamental para la producción de baterías y automóviles eléctricos. Así, la renovación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Chile, el mayor proveedor de litio —y uno de los más importantes de cobre— a la Unión Europea, quedó rápidamente lista tras un año de negociaciones. El tratado con Mercosur, región que además de productos agroindustriales también suministra a la UE minerales como niobio, níquel y litio, se pretende desatascar definitivamente a corto plazo. La foto de la presidenta de la Comisión Europea en diciembre del año pasado, anunciando simbólicamente la firma del acuerdo UE-Mercosur flanqueada por Lula a un lado y Milei al otro, ilustra los “valores europeos” que están en juego.

Directamente relacionadas con las políticas que favorecen el extractivismo neocolonial, las dinámicas que se están impulsando contribuyen a blindar los intereses de las empresas transnacionales y consolidar la expansión de los megaproyectos corporativos. El modelo de alianzas público-privadas vuelve a ser el elegido para la internacionalización de las grandes compañías europeas. Una colaboración win-win en la que, siempre en base a la doctrina oficial, la inversión extranjera se despliega de la mano de la creación de empleo, la transferencia tecnológica y el bienestar para las poblaciones en las que se implanta, a la vez que redunda en dividendos para las multinacionales y recursos para sostener el metabolismo económico de la UE.

Los graves impactos sobre los territorios y las poblaciones locales de los megaproyectos extractivos, que abarcan desde la minería hasta la agroindustria pasando por las grandes infraestructuras y los corredores energéticos, han venido siendo sistemáticamente documentados y denunciados por las comunidades y los pueblos afectados. Y es que la lógica extractivista hace inviables las propuestas de horizontes alternativos, siempre subordinadas a la dictadura de la ganancia. En el contexto del avance de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, se trata de un marco de actuación opuesto a cualquier posibilidad de transformación efectiva en términos ecosociales.

A la vez, a nivel europeo se han ido elaborando diferentes normativas y políticas —como la Ley de Industria de Cero Emisiones, el reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables o el plan REPowerEU— que rebajan todavía más las medidas de control ambiental, social y fiscal para las grandes corporaciones. La definición como estratégicos de 47 proyectos de minería en el seno de la Unión viene a eliminar las cortapisas socioambientales que pudieran quedar para su puesta en marcha y allana el terreno para promover el extractivismo también a escala europea.

La frontera extractiva sigue así ampliándose, sin siquiera unos mínimos mecanismos de control y una exigencia de responsabilidad a las grandes corporaciones por la destrucción ecológica y la violación de los derechos humanos. Se están multiplicando los nuevos proyectos mineros de grandes dimensiones, especialmente en las periferias del sistema, desde Ecuador, Perú, Argentina y toda Sudamérica hasta la mitad occidental de la Península Ibérica. Pueblos contra el extractivismo surge, en esta coyuntura, con la aspiración de consolidar la unión de organizaciones populares que enfrentan la minería y el extractivismo en todas sus formas. Y lo hacen denunciando cada proyecto que destruye la vida en los territorios, no como amenazas desconectadas sino en tanto materialización concreta de las dinámicas del capitalismo verde militar. Esta red, como dice su manifiesto, se articula a partir de la idea de que “no es posible luchar contra los efectos sin luchar contra las causas que están a la raíz del modelo económico que permite e incentiva todo tipo de relaciones de opresión, neocolonización y expoliación”.

Evidenciar la contradicción de la “minería sostenible” será sin duda una de las claves a desarrollar en las estrategias comunes de esta nueva red. Con el fin de facilitar la legitimación social de los megaproyectos extractivos, tanto los gobiernos como las grandes empresas, los organismos internacionales y buena parte de la academia han armado una importante producción discursiva para construir un imaginario hegemónico sobre la compatibilidad de estos negocios y la conservación de los ecosistemas. El sector minero, sin ir más lejos, ha planteado la “oportunidad” que supone contar con las comunidades indígenas para que aporten su conocimiento y experiencia en la gestión sostenible de la tierra, dado que es en sus territorios donde en gran medida se localizan los principales yacimientos. Mientras las corporaciones mineras conciben a las poblaciones locales como “socios esenciales” con los que conseguir la licencia para operar y poder desarrollar sus megaproyectos, esta red trata de coordinar las luchas de los pueblos y las comunidades en resistencia para frenar la destrucción del territorio y preservar todo aquello que posibilita la vida con justicia social y ambiental.

Establecer alianzas amplias con las organizaciones sociales, políticas y sindicales que rechacen este modelo violento y depredador. Apostar por un nuevo internacionalismo ecoterritorial, pegado a los procesos comunitarios y desde la base. Rechazar activamente las lógicas bélicas y neocoloniales de expolio e invasión. Unirse en base a una composición diversa, enraizada en las luchas populares y que mire más allá de las fronteras estatales como único marco posible de la acción política. Los elementos centrales de la propuesta política de esta red están claros: frente a la acumulación capitalista y el extractivismo neocolonial, organización popular y articulación de las luchas sociales a nivel transnacional.