Hace un par de semanas, tuve ocasión de participar en el primer Comité Intergubernamental de Negociación (INC-1) de las Naciones Unidas en Uruguay. El INC-1 ha sido el primer encuentro internacional destinado específicamente a desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluyendo el medio marino. Fueron unos días realmente intensos los que vivimos en Punta del Este, donde más de 160 países se reunieron para debatir cómo debería funcionar este tratado vinculante para acabar con los efectos nocivos de los plásticos. Y aunque esta fue solo la primera de las cinco reuniones que tendrán lugar en los próximos dos años, bastó para ver cuáles van a ser los temas polémicos de cara al futuro.

Existen dos grandes bandos. Por un lado, un grupo de países productores de petróleo y plásticos que quieren que el tratado se ocupe principalmente de la basura plástica (Rusia, Arabia Saudí y los países del golfo, Irán, EE.UU., China, Egipto, Japón, ...). Y por otro, un grupo de países que soportan la mayor parte de la contaminación plástica (los países del Pacífico, la mayor parte de África, la mayor parte de América Latina) o que tienen una visión diferente sobre el papel de los plásticos en la economía (Unión Europea, Noruega, Suiza) y quieren un tratado que se ocupe de todo el ciclo de vida de los plásticos, incluidas sus repercusiones e implicaciones para la salud y los derechos humanos. Este último se organiza en el marco de la Coalición de Gran Ambición, que reúne actualmente a más de 60 países.

Desde el punto de vista del procedimiento, y siguiendo la inercia de las negociaciones sobre el clima, algunos países presionaron mucho para que las decisiones sobre el tratado se tomaran por consenso. Como idea suena bien, pero el consenso da poder a cualquier país del mundo para detener cualquier decisión y, por ello, es actualmente la principal amenaza para este tratado. Bajo la búsqueda de la unanimidad, se pone el destino de la mayor parte de la población mundial en manos de unos pocos, cuyos intereses económicos pasan por seguir ganando dinero a costa del planeta.

Y esta situación me hace pensar en lo que está ocurriendo en España con el Real Decreto de envases, que viene a desarrollar la Ley de Residuos aprobada el pasado mes de abril. Las entidades ecologistas han denunciado que el redactado actual del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pone en peligro varios de los avances principales conquistados en el Congreso de los Diputados. Principalmente, la llegada del Sistema de Depósito para envases de bebidas y la prohibición del uso de sustancias tóxicas como Ftalatos y el Bisfenol A en envases alimentarios. Parecería que el RD de envases quiere contentar a productores y envasadores haciendo concesiones que desemboquen en un falso escenario de unanimidad donde todas las partes implicadas están conformes. O si no, ¿cómo se explica que permita a la industria autoevaluar sus resultados y, por lo tanto, decidir por su cuenta si cumple o no con los objetivos marcados por la ley, o que levante de nuevo el veto al uso de sustancias ampliamente demostradas como tóxicas para la salud?

Desde Bruselas, si el consenso hubiese sido el motor de las últimas directivas europeas en materia de residuos, no habríamos visto ni objetivos ambiciosos de separación y reciclaje ni prohibiciones a los envases de un solo uso. De hecho, la Comisión Europea acaba de hacer pública una propuesta de regulación de envases que, si finalmente es aprobada, supondrá la puesta en marcha de Sistemas de Depósito para envases de bebidas de manera obligatoria en todos los Estados Miembros a partir de 2029, a no ser que se consiga una tasa de recogida separada a través del contenedor amarillos superior al 90% en 2026 y 2027 (tres veces el porcentaje español).

La ambición política para acabar con el modelo de producción y consumo basado en el 'usar y tirar' no se puede basar en el consenso, sino en la determinación de cambiar la situación actual y apostar por soluciones reales como los Sistemas de Depósito. Y aquí, como en Uruguay, también nos encontramos con dos bandos opuestos: el de una parte de la industria envasadora que quiere perpetuar un modelo ineficaz y contaminante, y el de la sociedad civil, que quiere vivir en ciudades y pueblos sanos y limpios. ¿Con quién va a alinearse el Gobierno de España?