El tema de las responsabilidades políticas sigue muy vivo en la opinión pública, pues no paran los casos de altos políticos de nuestro país que no dimiten de sus cargos a pesar de incurrir claramente en este tipo de responsabilidades, provocando la decepción -a veces la ira- de la ciudadana. Hace poco el caso Ábalos, ministro y número dos del PSOE. Ahora el caso Mazón, presidente de la Generalitat valenciana perteneciente al PP.

Hay quienes niegan la existencia de las responsabilidades políticas. Expresado de otro modo, la negación de las responsabilidades políticas comporta la defensa de un único tipo de responsabilidad, la responsabilidad penal. Otros no niegan la existencia de responsabilidades políticas, pero las condicionan a la previa demostración de la incursión en responsabilidades penales; de estas segundas derivan las primeras. Consideran que sostener la existencia de responsabilidades políticas, por sí mismas, previas a la constatación de las penales, es un atentado al principio de presunción de inocencia.

Ni uno ni otro planteamiento considero acertados y contravienen los sólidos principios y fundamentos de un tema clásico de la ética pública: “Responsabilidades penales y responsabilidades políticas”. Las responsabilidades políticas tienen validez por sí mismas; ni exigen, ni derivan, ni dependen de las responsabilidades penales. Son unas responsabilidades específicas de los representantes políticos y los gobernantes. En este medio expuse las diferencias entre ellas.

Veamos ahora los fundamentos de las responsabilidades políticas

El carácter permanente de la confianza del ciudadano en los políticos

La gestión de los políticos debe estar siempre controlada por el pueblo, del que siempre son fiduciarios y mandatarios. La confianza no empieza o termina en el acto de las elecciones, sino que permanece antes y después del mismo. El político tiene que ganarse, día a día, esa confianza con su comportamiento irreprochable.

Porque el político está sometido constantemente a la confianza del pueblo es por lo que debe ser solícito en la asunción de responsabilidades políticas por la gestión de su cargo, cuando se producen indicios de una merma de esta confianza, sin retrotraer esta disposición a la legitimidad anterior de un acto de elección, o trasladarla a la posterior decisión de un juez sancionando su actuación. Esta eventual decisión judicial no es un presupuesto para la demostración de la pérdida de confianza del político. En ocasiones no necesariamente se produce esta decisión del juez por la falta de recurso judicial, aún cuando la confianza se ha perdido. Además, la asunción de responsabilidades políticas puede hacer innecesaria o inoportuna una intervención judicial, con lo que sale ganando la salud de la vida pública y reforzado el sistema democrático.

La distinta naturaleza de los cargos funcionarial y político

El cargo funcionarial es un cargo para el desempeño de una profesión, la profesión dentro de las administraciones del Estado, en cada una de sus distintas esferas de necesidades sociales a las que atiende el Estado, más numerosas conforme se desarrolla el modelo de Estado social. Es la actividad ordinaria de una persona en el ámbito laboral, que suele durar toda la vida laboral de la misma. El cargo político es un cargo no profesional, sino de vocación de servicio público e interés por los problemas generales de la sociedad. Se refiere a una actividad no ordinaria sometida a plazo de caducidad. He defendido con numerosos argumentos también en este medio que la dedicación a la política en primera línea no debería superar los ocho años de cargos de gobierno y los doce de representación política.

A diferencia de los cargos funcionariales, los cargos políticos están sometidos a unas reglas convencionales flexibles en función de su fundamento o justificación: la relación de confianza entre los ciudadanos y sus políticos, evidentemente más movediza que las estables normas de derecho reguladoras de los cargos funcionariales. El cargo funcionarial se desentiende de la persona que lo ocupa; está sujeto a reglas preestablecidas de acceso, permanencia y cese. Son reglas advertidas y ampliamente desarrolladas por el sociólogo Max Weber. Conquistas de un proceso de racionalización de la burocracia de la Administración.

Así como las normas que regulan la permanencia en los cargos funcionariales son normas objetivas y estables, precisamente para evitar la sujeción del funcionario a las arbitrariedades de los gobernantes (que en otro tiempo disponían de los funcionarios a su antojo), la más importante regla que regula la permanencia en los cargos políticos, la confianza ciudadana, está sometida a la dinámica de los sentimientos y las convicciones de la ciudadanía en virtud del conocimiento de las actuaciones de los políticos; y esta regla de la confianza es la que determina la permanencia en el cargo.

La evitación de la judicialización de la actividad política y de la politización de la justicia

La asunción de responsabilidades políticas evitaría dos riesgos: la judicialización de la política y la politización de la justicia. Judicializar la política quiere decir transformar en cuestiones judiciales los intereses políticos, v. gr., la práctica de algunos partidos demandando a los adversarios o personándose en causas dirigidas contra ellos. Politizar la justicia es interferir en la independencia de la justicia desde otros poderes del Estado, v. gr., la práctica de nombrar a los altos jueces de nuestro país desde las instancias de los partidos políticos en el Parlamento. La asunción de responsabilidades políticas evitaría ambos fenómenos, porque impediría la celebración de procesos penales interpuestos por adversarios políticos y que jueces políticamente interferidos tuvieran que juzgar en procesos abiertos a políticos, adláteres y personas a ellos vinculadas.

La inexistencia de responsabilidad política es un motor para la judicialización de la política, porque al no haber sido aquélla asumida con anterioridad se produce una carrera entre los políticos para interponer recursos contra los adversarios políticos.

La admisión a tiempo de las responsabilidades políticas también evita la politización de la justicia y el consecuente enorme desgaste de los poderes públicos y de quienes los desempeñan, las recíprocas acusaciones por las interferencias de unos poderes en el ámbito de otros, la lluvia de descalificaciones a las que hemos asistido en nuestro país.

La contribución a la salud de la moral pública

Ésta es quizás la cualidad más destacable. Si se asumen responsabilidades políticas y éstas se convierten en uso habitual de la vida política, sale ganando la moral pública y con ello la vida política del Estado. Los ciudadanos confiarán en sus representantes y gobernantes. Los políticos procurarán ser honestos para evitar una pérdida de confianza ciudadana, que les obligue a dimitir de sus cargos. Si no se asumen responsabilidades políticas, si la dimisión no se convierte en un hábito necesario de la vida política ante actuaciones reprobables, ni existirá confianza de la ciudadanía en sus representantes, ni los políticos tendrán controles para obligarles a ser decentes. Con la asunción de responsabilidades políticas, tanto para unos como para otros, para los ciudadanos y los políticos, la política adquirirá la dimensión ética que ahora le falta. Los ciudadanos dejarán de ver a los políticos como unas personas sin vocación de servicio público interesadas en sacar un lucro o beneficio del ejercicio de sus cargos. Los políticos dejarán de ver a los ciudadanos como convidados de piedra, que intervienen cada cuatro años en las elecciones para después dejarles actuar con plena impunidad.

Conclusión

Cuando las actuaciones de los políticos no son correctas, deben dimitir de su cargo. No poniendo el cargo a disposición del partido político, que le propuso para ocuparlo, como frecuentemente se hace en nuestro país cuando se desea permanecer en el cargo y "quedar bien" al mismo tiempo, porque el político debe responder ante los ciudadanos/as, no ante su partido político. Es sabido, por otra parte, que los partidos políticos actúan con frecuencia como corporaciones de defensa de intereses de sus miembros, por lo que rendir cargos al partido es una mera concesión a la galería; y puede esconder cierta dosis de cinismo e hipocresía.

Con la dimisión demuestra que el cargo político es un cargo de vocación (no profesional como el cargo funcionarial) y ligado a la confianza de los ciudadanos (no sujeto a reglas estrictas de derecho)