La soberanía popular ha hablado el pasado 23 de julio: existe una mayoría progresista y plurinacional con el reto, no solo de frenar el proyecto reaccionario de las derechas extremas y hacer fracasar la investidura de Feijó, sino de apoyar un nuevo Gobierno de coalición progresista, en torno al Partido Socialista y la coalición Sumar, que aborde los imprescindibles avances, entre otros, de las agendas social y territorial. Con la probabilidad de esa configuración gubernamental y de alianzas se trata de avanzar en la clarificación de algunos nudos programáticos y de gobernabilidad.

Un escenario difícil pero alentador

España (y Europa y el mundo) está en una encrucijada estratégica ante las múltiples dimensiones de las crisis socioeconómicas, institucionales, geopolíticas, medioambientales… Se dibujan dos grandes corrientes políticas diferenciadas, la liberal conservadora, cada vez más escorada al autoritarismo postdemocrático, y la progresista o democrática, incluyendo inclinaciones centristas y socioliberales. Ello, sin descartar acuerdos transversales de parte de esas tendencias, particularmente en el ámbito europeo, geoestratégico y macroeconómico.

Esa dinámica de cierta polarización política es previsible que se amplíe en España, con una actitud cada vez más crispada del Partido Popular y Vox. En ese contexto, y a pesar del incremento del poder territorial de las derechas y su relativo ascenso electoral, las fuerzas progresistas tienen suficiente representatividad y legitimidad cívica para desempeñar un factor de progreso frente a los riesgos de las desigualdades sociales, de género y territoriales. Igualmente, puede constituir un ejemplo de neutralización de las tendencias regresivas y autoritarias, basadas en un nacionalismo españolista excluyente, a través de una salida democrática, social y solidaria -federal con componentes confederales- a los retos como país diverso culturalmente y con grandes déficits sociales.

En particular, el Partido Socialista está condicionado por los dos flancos que le dificultan desarrollar sus inclinaciones continuistas y socioliberales. Por un lado, el social, por la presencia de la coalición Sumar y diversos movimientos sociales y tendencias sociopolíticas, como el feminismo, el propio sindicalismo y la creciente conciencia ecologista, que expresan unas demandas transformadoras de fondo. Por otro lado, el territorial, en particular, la superación del conflicto político con Cataluña, empezando con su desjudicialización y la necesaria negociación de una amnistía política.

Los probables socios de investidura de Sánchez, con un pacto mínimo de legislatura, están en disposición de formar un bloque progresista y plurinacional, en confrontación con la estrategia involucionista y bloqueadora de las derechas, que pueda asegurar una gobernabilidad estable para afrontar esos desafíos, con la perspectiva de ir más allá, incluso, de esta legislatura.

Ese conglomerado de partidos políticos es muy heterogéneo y responde a una diversidad de intereses sociopolíticos, económicos y corporativos respecto de los distintos grupos de poder institucional, mediático y territorial. De entrada, todavía hay una gran fragilidad para establecer una estrategia transformadora coherente a medio y largo plazo con un proyecto compartido, incluso entre los dos socios de Gobierno.

Cabe distinguir cuatro posiciones políticas combinando el eje izquierda / derecha y el eje territorial, entre fuerzas estatales y nacionalistas periféricas. Por un lado, el Partido Socialista, que se reafirma como formación dominante pero con insuficiente representatividad para gobernar en solitario, junto con la coalición Sumar y su diversidad interna que incluye la especificidad de Podemos, con planteamientos de mayor firmeza y ambición transformadora; por otro lado, las izquierdas soberanistas (ERC, EH-Bildu y BNG), con mayores puntos comunes con la anterior en lo social, y las derechas nacionalistas (PNV y Junts, ésta con su independentismo unilateral reducido) con posiciones liberales en lo económico.

Cada actor político, incluido sus grupos sociales y mediáticos afines, buscan ampliar los respectivos espacios electorales que le faciliten una ventaja representativa y una mayor influencia de poder institucional. Pero esa competencia legítima debe mantener una doble finalidad: responder al contrato social con su base electoral y defender los intereses del conjunto del país desde esa perspectiva de progreso. Es el sentido de la política y la gestión institucional, no muy prestigiada entre la ciudadanía, por los incumplimientos y frustraciones existentes, y que debe incrementar su credibilidad.

El riesgo es el forcejo permanente por esos intereses partidarios, con una visión inmediatista del impacto legitimador de cada gestión política particular, y a veces lejanos respecto de su utilidad transformadora, y no solo retórica, sin que se vinculen con el beneficio para las mayorías sociales.

Además del bloqueo previsible de las derechas extremas y distintos grupos de poder institucional y mediático, aparecen en el panorama otras dificultades estratégicas para una dinámica progresista: cierto giro neoliberal de las políticas económicas europeas y mundiales hacia la estabilización fiscal y monetaria y el recorte de derechos sociolaborales; los peligros del conflicto geopolítico y la subordinación europea al hegemonismo estadounidense; el ascenso de corrientes autoritarias y de extrema derecha, o la propia articulación de la Unión Europea y el futuro incierto de su modelo social y democrático de derecho.

En el plano inmediato, dos conveniencias políticas distintas pueden dar al traste con la legislatura completa para sacar ventaja partidaria y adecuar la duración de la gobernabilidad a sus respectivos proyectos políticos. Por una parte, el propio Partido Socialista si ve la oportunidad de ensanchar su hegemonía institucional y evitar los condicionamientos por su izquierda y por los nacionalismos. Por otra parte, Junts y su intento de recuperar su predominio en la Generalitat catalana, con mayor control institucional y querencia neoliberal, que podría inclinarle a desentenderse de la gobernanza progresista española.

La solución es priorizar el objetivo común, con una dinámica de profundización en los cambios sociales e institucionales que necesita la sociedad plurinacional española, neutralizar la ofensiva divisionista de las derechas reaccionarias, y fortalecer y conjuntar el amplio y diverso espacio democrático. El conflicto se produce entre la involución regresiva y autoritaria y el avance social y democratizador, y el peligro es la división progresista y su inacción transformadora real.

Claves para afianzar el campo progresista

No entro en detallar los componentes de un necesario acuerdo programático y de estructura de Gobierno entre el Partido Socialista y la coalición Sumar, con sus equilibrios internos, así como en las particularidades de la negociación con las fuerzas nacionalistas. Se deberán abordar las grandes transformaciones modernizadoras, incluidas las medioambientales, la consolidación y creación de empleo decente y las políticas europeas, así como la democratización institucional y del Estado de derecho, incluido la judicatura y el poder mediático. Con especial relevancia inmediata está la negociación y el acuerdo en torno a la amnistía y el compromiso colectivo para iniciar esta legislatura de progreso. Particular importancia tiene la apuesta por el refuerzo del Estado de bienestar y los servicios públicos y, especialmente, las políticas de igualdad social y feminista.

Me centro en dos aspectos relevantes, la reforma social y de la estructura territorial, y específicamente, en su interacción debido al carácter y la relación de las fuerzas políticas, de izquierdas y nacionalistas, que deben compartir, al menos, la trayectoria de esta primera parte de la legislatura. Esta combinación en un mismo nudo articulatorio -cívico, estatal y territorial-, afecta a dos ámbitos fundamentales que exigen transformaciones relevantes en correspondencia con demandas significativas de mayorías sociales. Y deshacerlo permitirá recomponer los niveles de confianza entre la sociedad y la clase política gobernante, en este caso la alianza progresista entre las izquierdas y los grupos nacionalistas, necesitada de mayor legitimidad pública frente al acoso derechista.

Englobo bajo el concepto de reforma sociolaboral aspectos ya iniciados en la anterior legislatura de la mano del acuerdo gubernamental de PSOE y Unidas Podemos, normalmente con apoyo parlamentario nacionalista, y que necesitan un mayor impulso, desde el incremento de la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras y el control de precios alimenticios y de la vivienda -alquileres e intereses de hipotecas- hasta una ampliación de los derechos laborales, incluido los incrementos salariales, la reducción de jornada y la protección al desempleo.

Pero me detengo en un aspecto particular en el que se conectan los dos campos, el social y el territorial, y en el que se interrelacionan la política fiscal y distributiva, la financiación autonómica, las competencias institucionales y su orientación, las garantías protectoras para la población y los servicios públicos fundamentales.

Dejando aparte la necesaria seguridad del sistema público de pensiones y las prestaciones de desempleo, estoy hablando del refuerzo del Estado de bienestar y su suficiencia financiera con la correspondiente reforma fiscal progresiva, así como de la gestión -progresiva o regresiva- de las comunidades autónomas. Se trata del generar el imprescindible avance cualitativo de la sanidad y la educación públicas, así como de los sistemas de apoyo a la dependencia y el escudo social frente al riesgo de vulnerabilidad y pobreza, en particular con la mejora sustantiva del Ingreso Mínimo Vital y mecanismos similares. Son aspectos ya abordados en la anterior legislatura, especialmente en el ámbito normativo, con la implementación de diversas medidas positivas que han paliado la precariedad, la desigualdad social y territorial y la pobreza y la vulnerabilidad, pero que necesitan un fuerte impulso operativo.

Esta reforma combinada, social y territorial, tiene dos rasgos para garantizar su calidad y su cobertura. Uno, cuantitativo y fiscal: es preciso su suficiencia financiera, cuando son -tras las pensiones- el principal gasto público del Estado, cuya gestión, en este caso, está trasferida a las instituciones autonómicas (y municipales). Tiene que ver con la aplazada reclamación histórica de una nueva, mayor y adecuada financiación autonómica y con una significativa reforma fiscal progresiva -aplazada desde la anterior legislatura- que tenga también una función redistribuidora frente a la desigualdad socioeconómica, y a la que se oponen visceralmente las derechas y los grandes poderes económicos.

Otro rasgo es cualitativo: se trata de frenar su continuada reestructuración regresiva, con debilitamiento de su función protectora, su proceso de mayor privatización y segmentación, paralela a la desigualdad social y laboral, que está impulsado por la primacía cada vez mayor que se le da al mercado y los grandes consorcios económicos en la provisión de esos servicios públicos que disminuyen su función protectora, educativa y de cohesión social.

Por tanto, este objetivo exige una mayor firmeza transformadora y un plan global de reforma fiscal, con la ampliación de la financiación autonómica (y local), y un refuerzo de la gestión pública. Tiene la particularidad de que se ha incrementado el poder autonómico de las derechas, empeñadas en la privatización y reducción de esos servicios públicos, y, por otro lado, constituye una reclamación fundamental de las fuerzas nacionalistas periféricas, siendo esencial para la normalización institucional en Cataluña.

La mayoría parlamentaria de progreso y el nuevo gobierno de coalición tienen este fuerte desafío, de interacción distributiva, protectora y de articulación institucional, que es sustancial para reafirmar el campo progresista y de izquierdas y la confianza de la ciudadanía en su gestión política. Se neutralizaría, así, la demagogia derechista con sus bajadas de impuestos a los ricos, sus incentivos a los poderosos y la instrumentalización de la división social con privilegios a las capas acomodadas y el abandono público del bienestar de las mayorías sociales, con la individualización de los riesgos.

Supone la perspectiva de revertir el poder territorial de las derechas, favorecer la legitimidad de las izquierdas -incluido las nacionalistas en Cataluña y País Vasco-, y, sobre todo, responder a las incertidumbres de la mayoría de la sociedad y dar credibilidad transformadora a las izquierdas. En ese sentido, es una responsabilidad adicional para la coalición Sumar como puente y condicionador tanto respecto del Partido Socialista y sus inclinaciones timoratas para la reforma social, cuanto de las tendencias nacionalistas, especialmente de sus derechas, reticentes a los cambios progresivos, y que pueden coincidir en su bloqueo.

Abordar esta combinación de la reforma social y territorial es clave para fortalecer el campo progresista, aumentar la cohesión social, vertebrar mejor el territorio y sus instituciones y relaciones interculturales y avanzar en un proyecto de país más avanzado y democrático.