Cuando el 29 de abril, Pedro Sánchez anunció que después de los cinco días de reflexión iba a seguir al frente del Gobierno lo hizo convocando a la ciudadanía a la tarea de regeneración democrática, señaló que se estaba en un punto y aparte y que a partir de ahora se empezaba un nuevo periodo que entre sus grandes objetivos tenía parar la degradación que se estaba impulsando desde sectores reaccionarios y poderosos, señaló que no podíamos permitir que los bulos determinasen el panorama político. Junto a ello, hizo un especial hincapié en la movilización social, señaló que ésta había sido una de las fuerzas determinantes en su decisión de continuar y recalcó varias veces que la mayoría social tenía que movilizarse, que era necesaria una reflexión colectiva, y que era necesario que la sociedad española volviese a dar ejemplo como lo había hecho durante la pandemia. En aquellos días había también un pensamiento muy generalizado que después del hiato de los cinco días: ¡había que actuar! Todo el mundo esperaba y deseaba medidas en dos ámbitos claros: la Justicia y los pseudomedios de comunicación, y se ratificaba una y otra vez que eran necesarias medidas claras y contundentes.

Dos son los requisitos que están planteados para que aquel momento sea realmente un punto y aparte como señalaba Pedro Sánchez: a) La profundidad de las medidas y b) La participación social en la definición de las mismas. Solo así se dará respuesta adecuada a una parte de los problemas de la democracia española.

En el ámbito de la Justicia, por fin se ha puesto término a los más de cinco años y medio de incumplimiento constitucional reiterado y justificado por parte del Partido Popular. El pacto y la renovación del CGPJ no alcanza muchas de las expectativas que podían tenerse (como muestra la votación en el Parlamento con la mayoría progresista dividida). Posiblemente de forma inmediata no hubiese otra salida por la relación de fuerzas existentes y ante el dilema de hierro que dejaba poco margen al Gobierno. Pero la realidad es que la situación vergonzosa de la Justicia no se ha abordado ni mucho menos y el mismo presidente sigue sufriéndolo en sus carnes con la actuación manifiestamente prevaricadora del juez Peinado y con la actuación de tantos otros como García Castellón, Llarena, Marchena, Aguirre, cuyo objeto fundamental es marcar la agenda política del país en beneficio de la derecha ante la incompetencia política manifiesta del PP para hacerlo.

El 17 de julio pasado, Pedro Sánchez presentó en el Parlamento las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia. La acogida del plan fue fría y manifestó una fuerte decepción por parte de los socios de Gobierno. La salida a este malestar es el comienzo de una ronda de encuentros de Bolaños y Urtasun en nombre del Gobierno con los grupos políticos de las Cortes Generales "para proponerles un plan de acción para proteger y fortalecer nuestra democracia". Pero esto no es precisamente el nivel de movilización de la sociedad que el presidente demandaba el 29 de abril. En relación a la intoxicación comunicativa se vio el corto alcance de las iniciativas. Escudándose en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios que será de obligado cumplimiento a partir de 8 de agosto de 2025, se centró en la aplicación del mismo en relación a transparencia (Art 6), independencia (Art 4), elección de las cúpulas de los medios (Art 5), la concentración de poder (Art 22), la medición de audiencias (Art 24). Pero no anunció medidas propias e importantes para cortar la denominada “máquina del fango”. Pero más allá de la insuficiencia de las medidas o de la falta de visibilización de las misma, lo que llama la atención es la falta de ese impulso movilizador de la sociedad que reclamaba el mismo Pedro Sánchez. En el interregno de los cinco días, cientos de profesionales de los medios de comunicación hicieron público un manifiesto proponiendo medidas y exigiéndolas al Gobierno. Más recientemente 30 organizaciones, incluyendo asociaciones y federaciones de prensa no precisamente progresistas, han presentado otro manifiesto donde hay sin duda una extraordinaria predisposición entre los profesionales por enfrentar a los manipuladores y mercaderes de la mentira y el bulo que siguen actuando con total impunidad sin medidas que los frenen.

En el ámbito institucional, aparecen algunas reformas positivas pero limitadas como: minireforma del Reglamento del Congreso para los que no presenten la declaración de bienes y actividades; la obligatoriedad de celebrar debates electorales, que las encuestas incorporen los microdatos y la metodología de estimación. En relación a el ámbito institucional, también la sociedad civil ha realizado propuesta que no pueden quedar en el intercambio de papeles, sino que se hace necesaria la discusión abierta entre Gobierno y sociedad. Por ejemplo, la asociación Más Democracia presentó a principios de julio de 2024 el documento “25 propuesta para mejorar la convivencia y regenerar nuestra democracia” plenamente inscritas en el sentido del Plan de Acción Democrático que incluía medidas como:

• Reforma del funcionamiento parlamentario, protegiendo la autonomía de diputados y senadores, control del cumplimiento de las PNLs, regulación de los grupos de interés

• Reforma de las Comisiones de investigación: aumentar la capacidad de los grupos minoritarios para impulsar comisiones de investigación, prohibición de comisiones de investigación en paralelo Senado y Congreso sobre los mismos hechos, regulación de plazos para evitar la dilación interesada

• Incorporación de medidas de participación social y ciudadana: Reforma del derecho de petición, potenciación de las Iniciativas Legislativas Populares, realización de Convenciones Ciudadanas tal y como avala la OCDE

• Reforma de la Justicia: Sistema de elección del CGPJ con límite de mandato improrrogable y con sistema de concurso, favorecer la independencia de la fiscalía

• Fortalecimiento de las medidas de evaluación, transparencia y lucha contra la corrupción

• Medios de comunicación y profesionales: Impulso de un Consejo Profesional que establezca los criterios deontológicos que impidan el ejercicio espurio de la profesional, revisión de los criterios de publicidad institucional, reforma del derecho de rectificación adaptado a la realidad digital

• Reformas del funcionamiento interno en los partidos para garantizar los derechos de los afiliados, la rendición de cuentas y los mecanismos de selección.

Estas propuestas son ejemplos claros y movilizadores de como un proceso serio y profundo de cambio de nuestra democracia como el que pedía el presidente exige de forma inequívoca dos cosas: a) cambios reales, profundos y visibles y b) participación social activa en el diseño y ejecución de los mismos. Si no se avanza en este sentido, corremos un serio riesgo que una expectativa ilusionante devenga en frustración. Huyamos de la vieja frase: “la montaña parió un ratón”.