Lucila Rodríguez-Alarcón (@lularoal)

Existen algunos trabajos que, por su dureza, tanto física como emocional, y por su precariedad, forman parte de los menos valorados por lo trabajadores. Entre ellos, los trabajos relativos al cuidado del hogar, al cuidado de personas con menor capacidad (discapacitados, ancianos, niños), a las labores del campo estacionales, principalmente las recolecciones, los trabajos industriales y los trabajos manuales de profesiones de servicios desde los zapateros a los repartidores.

A este tipo de trabajos históricamente siempre han accedido las personas con mayores necesidades económicas y mayor vulnerabilidad. Entre ese grupo de personas siempre hay una gran cantidad de inmigrantes, muchos de ellos en condiciones legales muy precarias.

Desde hace años, desde la Fundación porCausa intentamos explicar que estos trabajos son indispensables para que nuestra sociedad pueda funcionar. Si no pudiéramos contar con ayudas en nuestras casas, muchas familias no podrían tener a sus dos progenitores trabajando. Igualmente tenemos que agradecer profundamente a todo este colectivo que asegure los cuidados de nuestros niños y mayores cuando nosotros no podemos. Y cada vez que disfrutamos de una fruta de temporada tenemos que pensar que alguien la recogió para que nosotros la tengamos. Todo ese trabajo, de una valía enorme, debería desarrollarse en condiciones legales y éticas intachables.

Conseguir el reconocimiento social para estas labores y la seguridad legal y laboral para quienes las desarrollan es un objetivo atemporal.

Este lunes corrían informaciones que anticipaban unas medidas extraordinarias para permitir que inmigrantes que estaban en situación irregular pudieran trabajar legalmente en las labores agrícolas estacionales de primavera. Falta mano de obra debido a la crisis del COVID-19, puesto que los temporeros que vienen todos los años desde otros países este año no podrán acceder a nuestro país. Con estas medidas, el Gobierno habría dado la oportunidad de trabajar a todas las personas que se encontraran en nuestro territorio nacional, tuvieran o no tuvieran sus papeles en regla. Se incluye entre ellas a los chavales no acompañados, que por un momento parecía que podrían entrar a trabajar a partir de los 16 años. Las informaciones también anticipaban que las medidas eran temporales, por lo que las presuntas regularizaciones se habrían extinguido una vez finalizada la temporada de recolección.

Este martes el Ministro de Agricultura anunció las medidas y por desgracia no había ninguna de las anticipadas que incluían la regularización de migrantes. Ya sea porque la previsión de trabajadores ha bajado de casi 150.000 a 90.000, o porque los debates previos sobre las medidas preveían que estas abrirían la 'caja de Pandora' del cenagoso tema de la regularización de inmigrantes.

Es una pena porque las medidas parecían buenas y habrían sido muy beneficiosas para muchas personas que ahora mismo se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad que combinan con el miedo a que les puedan sancionar por sus condiciones de falta de documentación.

Sobre las medidas en sí, lo que más nos preocupaba era que se respetaran los derechos laborales y las condiciones mínimas de bienestar de las personas que ejecuten dichos trabajos.

Dicho esto, el debate sobre la regularización tiene que tener lugar igualmente y urgentemente. La crisis que estamos viviendo nos está mostrando realidades que no hemos querido ver y que desde porCausa llevamos años narrando a través de nuestro trabajo. Se ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema en el que ciertas personas no pueden trabajar dentro del marco legal. Todas las personas de nuestro país deben poder trabajar dentro del marco legal y deben pagar impuestos que luego nos ayuden a asegurar la calidad de nuestros servicios públicos, como el de Salud que tanto apreciamos en estos momentos. Todas las personas de nuestros país deben estar cubiertas por nuestros servicios públicos, no solo por su bien sino por el bien común. Al margen de cualquier consideración ética y de derechos, si queremos sobrevivir a esta y a todas las crisis que nos vienen, necesitamos (¡necesitamos!) que todas las personas estén reconocidas legalmente en nuestro país.

No mezclemos debates. Las medidas temporales y excepcionales son bienvenidas si se acompañan de medidas de control para asegurar que los trabajos se realizan en condiciones dignas. Por otro lado, la regularización de las personas migrantes que se encuentran en nuestro país es un debate urgente y necesario porque va a afectar a nuestra capacidad de respuesta a las crisis. Pero este debate lleva tiempo en la mesa. Portugal ha sido el primer país visionario en verlo. Con el suficiente apoyo social, el Gobierno español podría subirse al carro también. Esa es nuestra guerra real.

Por último, recordemos que hay que cuidar al que nos cuida. Los cientos de miles de personas trabajadoras que están ahora arrimando el hombro, muchas de ellas jugándose la vida en espacios máximos de contaminación vírica, se merecen, todas, que cuando esto pase les reconozcamos su verdadera valía. Desprecarización de las condiciones laborales de todas ellas, sean de donde sean, será un primer paso indispensable, esta vez ya si, por justicia social y humanidad.